Bruselas aplaza seis meses la armonización de las transferencias bancarias

Aunque ha pasado desapercibido, la Unión Europea estaba a solo 20 días de sufrir un verdadero efecto 2000, aquella amenaza de bloqueo informático que en la transición al siglo XXI disparó las alarmas en las administraciones públicas y el sector privado de todo el planeta.

En esta ocasión, el bloqueo hubiera afectado a millones de transacciones financieras tan rutinarias como el pago del recibo de la luz o la transferencia al hijo o la hija que esté de Erasmus en otro país. Y el motivo del colapso hubiera sido la implantación de la Zona única de pagos en euros (SEPA, en sus siglas en inglés), prevista para el próximo 1 de febrero. La amenaza era tan seria que el comisario europeo de Mercado Interior, Michael Barnier, ha decidido hoy parar la cuenta atrás y prolongar el plazo hasta el próximo 1 de agosto.

La situación parece tan desesperada que la CE pide a los Estado que no impongan el plazo del 1 de febrero, incluso si el proyecto de prórroga anunciado hoy todavía se encuentra para esa fecha en tramitación (tiene que ser aprobado formalmente por el Consejo de Ministros de la UE y el Parlamento Europeo).

“Lamento tener que hacerlo”, ha señalado Barnier en un comunicado, “pero es una medida de prudencia para evitar el riesgo de una perturbación en el sistema de pagos y sus potenciales consecuencias para los consumidores y las pymes”.

La creación del SEPA se aprobó en marzo de 2012. Y supone la desaparición de las fronteras nacionales en sistemas de pago tan habituales como las transferencias o las domiciliaciones. Con su entrada en vigor, ese tipo de operaciones dejarán de ser nacionales para pasar a ser europeas, por lo que desaparece, por ejemplo, el concepto de transferencia internacional dentro de la UE. Para llevarlo a cabo, se armonizan los números de identificación de las cuentas bancarias, que pasan a tener un formato de 24 caracteres, conocido como IBAN.

El cambio, aparentemente sencillo, afecta a todos los ciudadanos europeos con cuenta bancaria y a unos 20 millones de empresas y organismos públicos. Y la Comisión Europea y el Banco Central Europeo han advertido durante los últimos meses que el proceso de adaptación avanzaba con demasiada lentitud.

A pesar de esas advertencias, ni el sector financiero ni las empresas parecen estar listas del todo. Según los últimos datos, de noviembre de 2013, solo el 64,1% de las transferencias se realizan ya con arreglo al formato SEPAS, una cifra que cae hasta el 26% en el caso de las domiciliaciones. “No parece posible llegar al 100% el 1 de febrero”, se resigna el departamento de Barnier.

El comisario Barnier ha advertido, sin embargo, que no concederá nuevas prórrogas más allá del 1 de agosto. Por lo que la amenaza del efecto 2000 sigue ahí, si todas las partes implicadas no adaptan con urgencia sus modelos de sistema de pago.