El sector tiene un año para transformarse al modelo de fundaciones bancarias
Sede del Banco de España, en Madrid.
Sede del Banco de España, en Madrid.

La nueva Ley de Cajas entra hoy en vigor

Fija dos años de incompatibilidad entre responsables de entidades y cargos políticos

Tras meses de pulso entre el sector financiero y la troika, con la intervención del Gobierno por en medio, y otros tantos de tramitación paralmentaria, la Ley de Cajas de Ahorro y Fundaciones Bancarias ha sido publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado.

La nueva norma, que de facto extinguirá el modelo de cajas de ahorros con la excepción de Caixa Pollensa y Caixa Ontinyent, impone para el grueso del sector la fórmula de fundaciones bancarias, que mantendrán la obra social, con participación en entidades bancarias.

La ley entra en vigor este domingo y da un año al sector para asumir esta transformación. Una de los principales cambios que deberán asumir las entidades en dicho plazo es que una misma persona ya no podrá ser el máximo responsable de la caja y el banco, la fundación y la entidad.

El Gobierno, por tanto, da un año a los máximos cargos de las antiguas cajas para elegir si continúan como patronos de las fundaciones o presidentes de las entidades, pero nunca ambas a la vez.

Permitir esta simultaneidad ha sido uno de los pulsos que más fuerte ha jugado el sector financiero español, si bien la troika, propulsora de la reforma de las cajas de ahorros, se ha mostrado firme en su decisión de impedirlo pese a la flexibilidad que sí manifestó el Gobierno.

La norma, sin embargo, deja la puerta abierta a ampliar este plazo hasta dos años y medio en el caso de los miembros del consejo de administración que estén tanto en la fundación como en la entidad, que siempre que no ocupen cargos ejecutivos en uno y otro sitio, podrán simultanear sus puestos hasta que agoten su mandato o hasta el 30 de junio de 2016, como máximo. La posibilidad, eso sí, estará limitada también para aquellos casos en que el número de consejeros ambivalentes no supere el 25%.

Esta cláusula, una enmienda acordada por CiU y PP durante la tramitación en el Senado, permitirá alargar el mandato de Isidro Fainé al frente de La Caixa y CaixaBank, o de Braulio Medel en Unicaja y Unicaja Banco, ya que están considerados presidentes no ejecutivos.

Por otra parte, se establece una plazo de incompatibilidad de dos años entre responsables de cajas de ahorros y cargos políticos, y viceversa, que limitará la llamada “puerta giratoria” entre la administración y el mundo financiero. Ocurre también con cargos patronales o sindicales.

Fondo de reserva

Otra de los principales efectos de la nueva ley es que las fundaciones que controlen más del 50% de un banco deberán dotar un fondo de reserva para hacer frente a posibles necesidades de recursos propios

Será el Banco de España quien determine las aportaciones que debe realizar cada firma en función de: “las necesidades de recursos propios previstas en el plan financiero; el valor de los activos ponderados por riesgo de la entidad participada y el volumen de la participación de la fundación bancaria en la entidad; si las acciones de la entidad están admitidas a negociación en un mercado secundario oficial de valores; y del nivel de concentración en el sector financiero de las inversiones de la fundación bancaria”.

“El fondo de reserva así constituido deberá invertirse en instrumentos financieros de elevada liquidez y calidad crediticia, que deberán estar en todo momento plenamente disponibles para su uso por la fundación”, recoge el BOE.

Pese a todo, durante la tramitación parlamentaria de la ley se introdujo un cambio sustancial que exime a las entidades de dotar este fondo si presentan un plan de desinversión que las sitúe por debajo del 50% del capital de la entidad en un plazo máximo de cinco años.

Fe de errores

Tras meses de pulso entre el sector financiero y la troika, con la intervención del Gobierno por en medio, y otros tantos de tramitación paralmentaria, la Ley de Cajas de Ahorro y Fundaciones Bancarias ha sido publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado.

La nueva norma, que de facto extinguirá el modelo de cajas de ahorros con la excepción de Caixa Pollensa y Caixa Ontinyent, impone para el grueso del sector la fórmula de fundaciones bancarias, que mantendrán la obra social, con participación en entidades bancarias.

La ley entra en vigor este domingo y da un año al sector para asumir esta transformación. Una de los principales cambios que deberán asumir las entidades en dicho plazo es que una misma persona ya no podrá ser el máximo responsable de la caja y el banco, la fundación y la entidad.

El Gobierno, por tanto, da un año a Isidro Fainé, que actualmente preside tanto La Caixa como CaixaBank, o a Braulio Medel, máximo representante también de Unicaja y Unicaja Banco, para elegir si continúan como patronos de las fundaciones o presidentes de las entidades, pero nunca ambas a la vez.

Permitir esta simultaneidad ha sido uno de los pulsos que más fuerte ha jugado el sector financiero español, si bien la troika, propulsora de la reforma de las cajas de ahorros, se ha mostrado firme en su decisión de impedirlo pese a la flexibilidad que sí manifestó el Gobierno.

La norma también establece incompatiblidades entre los miembros del consejo de administración de fundación y entidad, aunque da aquí algo más de margen, hasta que agoten su mandato o hasta el 30 de junio de 2016, para que salgan de uno de los dos consejos, siempre que no ocupen cargos ejecutivos en uno y en otro y que el número de consejeros ambivalentes no supere el 25%.

Por otra parte, se establece una plazo de incompatibilidad de dos años entre responsables de cajas de ahorros y cargos políticos, y viceversa, que limitará la llamada “puerta giratoria” entre la administración y el mundo financiero.

Fondo de reserva

Otra de los principales efectos de la nueva ley es que las fundaciones que controlen más del 50% de un banco deberán dotar un fondo de reserva para hacer frente a posibles necesidades de recursos propios

Será el Banco de España quien determine las aportaciones que debe realizar cada firma en función de: “las necesidades de recursos propios previstas en el plan financiero; el valor de los activos ponderados por riesgo de la entidad participada y el volumen de la participación de la fundación bancaria en la entidad; si las acciones de la entidad están admitidas a negociación en un mercado secundario oficial de valores; y del nivel de concentración en el sector financiero de las inversiones de la fundación bancaria”.

“El fondo de reserva así constituido deberá invertirse en instrumentos financieros de elevada liquidez y calidad crediticia, que deberán estar en todo momento plenamente disponibles para su uso por la fundación”, recoge el BOE.

Pese a todo, durante la tramitación parlamentaria de la ley se introdujo un cambio sustancial que exime a las entidades de dotar este fondo si presentan un plan de desinversión que las sitúe por debajo del 50% del capital de la entidad en un plazo máximo de cinco años.

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