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Plan de regeneración democrática y contra la corrupción

La Ley prohibirá las donaciones de empresas a partidos y la condonación de deuda

La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno.Fernando Alvarado (EFE)

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha sido la diseñadora de este plan de regeneración democrática y por lo tanto fue la encargada de presentarlo en sociedad en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Este paquete legislativo está compuesto por dos anteproyectos:la ley reguladora del régimen económico financiero de los partidos y la ley reguladora del alto cargo de la Administración General del Estado, dos normas que el Ejecutivo quiere consensuar con el resto de grupos parlamentarios durante el trámite parlamentario.

Como principales novedades en la primera norma se incluye la de prohibir las donaciones de personas jurídicas a los partidos. “Hasta ahora los partidos podían recibir donaciones con un limite de 100.000 euros anuales. Ahora se prohíben completamente las donaciones que tengan su origen en personas jurídicas”, manifestó Sáenz de Santamaría. Con esta medida se trata de evitar casos de corrupción como los que han acompañado al caso Gurtel o al caso Bárcenas, en los que se han visto implicados un gran número de empresas privadas que pujaban por contratos públicos y que al mismo tiempo aportaron fondos a las arcas del Partido Popular.

En esta prohibición no entran las donaciones procedentes de particulares. “No se pueden prohibir porque forman parte de la libertad individual y suelen realizarse por simpatía con la formación política o por interés en colaborar con ella”, puntualizó la vicepresidenta. La norma establecerá además el mecanismo para devolver las donaciones que se hayan realizado de forma indebida. “Se devolverá a sus emisores y en caso de no ser posible hacerlo se ingresarán en el Tesoro Público”, apuntó.

Otra de las principales novedades de la futura ley de régimen económico financiero de los partidos es la prohibición de condonaciones de deuda por parte de entidades de crédito a los partidos. “Ninguna entidad de crédito podrá aprobar una cancelación total o parcial del principal del crédito y no podrá refinanciar por debajo de precio de mercado”, subrayó Saénz de Santamaría. Una tendencia que ha salpicado a casi todos los grupos parlamentarios: PSOE y PSC lograron acuerdos de condonación desde 2004 por un valor superior a los 40 millones de euros (La Caixa perdonó 7,1 millones de euros al PSC en diciembre de 2004);BBK perdonó 21 millones de euros al PSOE en marzo de ese mismo año y Santander condonó 12 millones al PSOE en mayo de 2006, tras 19 años de impago.

La norma también endurece la norma a la hora de fiscalizar sus cuentas. De hecho establece que todos los partidos políticos deberán rendir cuentas sobre la evolución de sus finanzas. “Todos aquellos que no lo hagan no podrán tener acceso a subvenciones públicas”, recalcó Sáenz de Santamaría.

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