Editorial

Un modelo razonable de comisiones

La decisión del Gobierno de reducir las comisiones máximas que cobran las gestoras de planes de pensiones a sus clientes ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre cuál debería ser el modelo óptimo en este terreno. El objetivo último del Gobierno, tal y como se recordaba esta semana desde el Ministerio de Economía, es potenciar y extender esta fórmula de ahorro entre los españoles. El modelo elegido por el Ejecutivo, según el borrador hecho público ayer, establece un tope máximo del 1,5% en las comisiones de gestión y del 0,25% en las comisiones de depósito. La medida afectará a los 4,6 millones de partícipes de planes de pensiones individuales que existen actualmente en España, en un mercado en el que las comisiones máximas son del 2% (gestión) y del 0,5% (depósito). La rebaja de esos límites no solo beneficiará a los ahorradores, sino que previsiblemente espoleará la competitividad en el mercado y podría facilitar una reordenación del tablero de juego actual.

España es el país europeo en el que los gastos operativos de estos productos de ahorro resultan más elevados. Según datos de la OCDE, el coste medio operativo anual en los planes de pensiones individuales equivale en nuestro país al 1,1% del patrimonio del fondo, frente a la media del 0,4% en el resto de la OCDE. En esa radiografía, solo dos países –Chile y México– imponen comisiones más caras que las españolas. Además, tal y como sostiene el Gobierno, resulta urgente fomentar la contratación de estos productos como fórmula de ahorro alternativa y complementaria a las pensiones públicas ante un futuro en el que la sostenibilidad del sistema aparece como una incógnita todavía por despejar. Entre los argumentos barajados para rebajar las comisiones figura el hecho de que estas fueron fijadas a finales de los años ochenta, una época en la que las rentabilidades de los productos financieros eran mucho más altas que en la actualidad.

En realidad, la cuestión a debatir no es tanto la necesidad de rebajar las comisiones –que parece evidente– como el modelo elegido para lograr ese objetivo. En ese sentido, el Gobierno podría optar por ligar los gastos operativos de los planes de pensiones a la rentabilidad anual que ofrece el fondo, una fórmula que estimularía aún más eficazmente la actividad de las gestoras en beneficio de los partícipes. Otra cuestión importante es la necesidad de unificar las comisiones operativas, de forma que los ahorradores perciban con mayor claridad cuánto se les cobra por esos conceptos. Al final, en este como en tantos otros mercados, la simplicidad y la transparencia constituyen valores en alza. Sería un error no aprovechar la ocasión para respaldarlos y fomentarlos.

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