Las antiguas Antillas Holandesas no cuentan con tratado de extradición
El exdirector general de Caja Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad, en una imagen de archivo.
El exdirector general de Caja Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad, en una imagen de archivo. EFE

El juez sospecha que los detenidos de la CAM pretendían huir a Curaçao

Los otros dos detenidos de ayer eran empresarios valencianos.

Las órdenes de detención emitidas este miércoles por el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez contra varios exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, se emitieron “para preservar el buen fin de la investigación, evitando la destrucción, alteración u ocultación de pruebas así como la eventual fuga de los presuntos responsables”.

En el auto emitido por el magistrado, al que ha tenido acceso este diario, se estima que los arrestados “cuentan con medios económicos y relaciones con ele exterior que les permitirían eludir la acción de la justicia situándose en Curaçao, país con el que no existe convenio de extradición”.

Curaçaco, las antiguas Antillas Holandesas, es precisamente el país a través del que los detenidos, entre los que se encuentra el exdirector general de CAM Roberto López Abad, montaron un entramado societario para eludir al fisco y lugrarse personalmente.

La operación “Mar Nuestro”, como la ha bautizado la Guardia Civil, ha elevado a nueve el número de detenidos a lo largo del día de hoy, mientras que el número de imputados es ya de 20 personas.

El proceso, que investiga fundamentalmente las sociedades pantalla relacionadas con Valfensal S.L., filial de la antigua caja de ahorros de Alicante, es una causa separada de la investigación sobre la gestión de la CAM que terminó siendo nacionalizada por el Banco de España ante el agujero de sus cuentas.

Identidad de los otros dos sospechosos.

En paralelo a la detención de López Abad, la Guardia Civil arrestó ayer a Daniel Gil Mallebrera, exresponsable de proyectos inmobiliarios de la CAM y a César Véliz, encargado de la división internacional y el negocio hotelero de la entidad.

El juez también ordenó la detención de otras dos personas, cuya identidad no había trascendido de momento. Se trata de José Salvadór Baldó y Juan Vicente Ferri, empresarios que también se lucraron de la trama organizada por los antiguos gestores de la CAM.

Los empresarios alicantinos, muy vinculados a López Abad, participaban en un 70% en Valfensal, cuyo 30% restante correspondía a la caja Tenedora de Inversiones y Participaciones (TI), vehículo inmobiliario de la CAM.

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