CiU y PP acercan posiciones para cerrar empresas morosas
Las sanciones a los incumplidores podrían llegar a los 900.000 euros En caso de dos faltas muy graves no tendrá derecho a deducciones en Sociedades
Los proveedores se anotaron ayer un triunfo al lograr un pacto entre los principales partidos políticos para acabar con la lacra de la morosidad y cumplir con los límites fijados en la directiva europea de plazos de pago. Esta norma comunitaria, traspuesta al ordenamiento jurídico de España desde el pasado 16 de marzo, establece que las administraciones públicas deben pagar sus facturas a 30 días y las empresas a 60 días. Unos límites que no se cumplen ni de lejos. Los últimos datos apuntan a que el conjunto de la Administración paga a una media de 141 días (111 por encima de lo establecido) y las compañías privadas lo hacen a 60 días (30 días por encima del límite). Unos plazos muy por encima de lo que dicta la ley y que se han llevado por delante a medio millón de empresas desde el inicio de la crisis. Para frenar esta tendencia, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, un lobby empresarial que agrupa a 1,5 millones de compañías y 4 millones de trabajadores, organizó ayer la segunda cumbre de la morosidad, en la que participaron todos los portavoces de Economía de los grupos con representación en el Congreso. En la primera reunión, la Plataforma, muy cercana a CiU, obtuvo un cambio fundamental al establecer límites a los plazos de pago. Ayer logró otro hito importante, al conseguir el respaldo total de CiU y el parcial del PP, con mayoría absoluta en el Congreso, para la introducción de un régimen sancionador a las empresas, en especial a las grandes, que superen los límites fijados en la norma comunitaria.
Las empresas pagan sus facturas a 93 días, el mismo plazo que en 2010
El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, anunció que trasladará la propuesta de la Plataforma a través de una proposición de ley que será presentada en breve. Por su parte, el portavoz popular, Vicente Martínez Pujalte, apuntó que apoyará cualquier propuesta que sirva para castigar a las empresas que no cumplan los plazos de pago. “El grupo parlamentario popular ha estado siempre en la primera línea para que se cumplan los plazos de pago: fuimos contundentes para que las administraciones pagaran primero y esto hay que completarlo para que no suceda nunca más”, subrayó. Sin embargo, el portavoz del PP mostró sus discrepancias con la propuesta de la Plataforma respecto al sector privado. Lo que plantea el lobby es adaptar en su integridad el régimen sancionador que está vigente en el comercio minorista. Este establece tres tipos de infracciones (leves, graves y muy graves) y un catálogo de sanciones que pueden llegar hasta los 900.000 euros en el caso de reincidencia. Martínez Pujalte consideró que la aplicación de este tipo de régimen tiene sentido cuando la relación comercial no sea entre iguales, mientras que precisó que no sería adecuado cuando la relación sea entre iguales, tal y como propone la Plataforma. Martínez Pujalte rechazó que ejerciera de representante del Ejecutivo, y se mostró dispuesto a entablar desde el grupo parlamentario popular un proceso de negociación para acabar con la lacra de la morosidad.
El mensaje de la Plataforma había estado hasta ahora muy centrado en las Administraciones Públicas. La puesta en marcha de sucesivos planes de pago a proveedores, para poner el contador de la deuda comercial a cero, y la tramitación del anteproyecto de ley de deuda comercial, para que las administraciones paguen a 30 días con la amenaza de sufrir retenciones en sus transferencias si no lo cumplen, parecer haber sentado las bases para regularizar los pagos a empresas. De hecho, Hacienda se ha comprometido a pagar las facturas en el momento en el que la Administración incumplidora no abone la deuda.
Ahora la preocupación se ha trasladado al ámbito empresarial. En 2010, las administraciones pagaban a 157 días;dos años después ese plazo se redujo a 141 días, lo que supone una reducción del 11%. En el caso del sector privado, en 2010 el plazo era de 93 días, el mismo alcanzado en 2012. Antoni Cañete, presidente de la Plataforma, justificó esta situación por una argucia legal que no establece un período de pago de sus deudas a sus subcontratas. “En el sector privado no se está pagando a las subcontratas y esto es lo que está provocando una situación injusta que debe ser corregida por el poder legislativo”, remarcó.
Sin créditos del ICO ni subvenciones
Ese es el principal objetivo que persigue el régimen sancionador presentado ayer en la cumbre. Cañete remarcó que la implantación de esta norma sería progresiva, “con seis meses de carencia y cuatro años de adaptación hasta su entrada en vigor”. En la norma que se aplica en el comercio minorista se establecen como faltas muy graves “prevalecerse de la situación de dependencia económica de otras empresas para imponer plazos de pago que excedan los previstos en la ley, incumplir sistemáticamente los plazos de pago en perjuicio de las pymes, exceder en más de 60 del plazo de pago legal, incumplirlos cuando la cuantía de la operación comercial supere los 30.000 euros o reincidir en dos faltas graves”. El código establece que en caso de que la empresa encadene dos faltas muy graves, se le suspenderán los créditos del ICO, no tendrá derecho a deducciones en Sociedades o en IRPF y no tendrá acceso a ninguna subvención oficial. En caso de tres reincidencias, el régimen establece que las autonomías podrán decretar el cierre temporal de la empresa por un período máximo de dos años.
El Ejecutivo cierra las condiciones para el último plan de pago
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta de Hacienda y de Economía, aprobó ayer las condiciones financieras que regirán los contratos de préstamo entre el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores y Comunidades Autónomas y Entidades Locales que suscriban los préstamos de la tercera y última fase del Plan de Pago a Proveedores, dotada con 13.386 millones. Fuentes de Hacienda precisaron que el tipo se fijará entorno al 4,5%.
Entre el 1 y el 15 de noviembre, los proveedores están cotejando si las facturas presentadas e impagadas con fecha hasta 31 de mayo están en los listados. En la segunda quincena, Hacienda evaluará el plan de ajuste de las comunidades y ayuntamientos para ver si es suficiente para hacer frente al crédito que van a contraer. Las facturas se empezarán a pagar el 1 de diciembre y el nuevo plazo de 30 días entrará en vigor a partir del 1 de enero.
Barcelona garantizará el cobro en plazo a los subcontratistas
En la segunda cumbre de la morosidad también tuvo un papel destacado el ayuntamiento de Barcelona como ejemplo de buenas prácticas en materia de pagos. A partir del próximo 1 de enero, los contratos del municipio incluirán una nueva cláusula específica dentro de los pliegos de cláusulas. Esta estipulará que el adjudicatario de un contrato presente obligatoriamente una declaración jurada en la que se comprometa a pagar a sus subcontratistas en un plazo que no sea más desfavorable del que cobra de la Administración. Si el proveedor excede el periodo acordado, el Ayuntamiento puede llegar a tomar medidas correctivas, entre ellas, la rescisión del contrato.
Barcelona también se ha convertido en uno de los ayuntamientos que mejor paga a sus proveedores, con un plazo medio de 27,7 días a sus proveedores, seis veces menos que el registrado por el consistorio de Madrid.
