Los proveedores ultiman un alud de demandas ante la UE si no cobran
Reclaman un régimen de sanciones similar al que opera en el comercio minorista Quieren más control sobre las grandes empresas del IBEX y las constructoras
El 31 de diciembre de 2011 el Ejecutivo puso el contador de la deuda comercial a cero al abonar 27.000 millones de euros que debían ayuntamientos y comunidades autónomas a los proveedores. Esa medida no se vio acompañada de un régimen sancionador para disuadir a aquellas administraciones o empresas que siguieran retrasando pagos, lo que provocó otra ola de morosidad, que en dos años ha dejado una factura superior a los 10.000 millones de euros, según estimaciones empresariales.
Hacienda quiere poner de nuevo el contador a cero sin aprobar un régimen sancionador, algo a lo que no están dispuestos los proveedores. Agrupados en la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM), que aúna a 1,5 millones de empresas y 4,5 millones de trabajadores, advierten que ahora cuentan con la protección de la Unión Europea. El pasado 16 de marzo se transpuso en España la directiva europea de plazos de pagos, que establece un máximo de 30 días, y ese es el resquicio legal que quieren utilizar para presionar a Hacienda. El objetivo, según confiesa Antoni Cañete, presidente de la PMCM, es que el Ejecutivo legisle de una vez en esta materia. “Hemos detectado que los impagos siguen en el sector privado y existen muchas dudas sobre cómo van a evolucionar en las administraciones públicas”, recalca. Y su propuesta pasa por crear un sistema similar al que existe en el comercio minorista. “El que no paga los productos frescos a 30 o 60 días se expone a ser denunciado ante los tribunales de comercio y a recibir la posterior sanción”, señala Cañete. Ese es el mecanismo que quieren replicar en el ámbito de la Unión Europea en el caso de que el Ejecutivo no atienda sus peticiones en esta materia.
Datos
Plazos de pago: Grecia, Portugal, España e Italia son los países de la UE cuyas empresas pagan con más retraso a sus proveedores, con plazos que superan los 160 días.
Pérdidas por impagos: Esta estadística ha crecido sin parar desde 2005 y ya supone el 3% del PIB europeo (350.000 millones de euros).
Amortización: El Consejo de Ministros autorizó el viernes al Tesoro Público a amortizar 12.000 millones de euros pendientes del primer plan de pago a proveedores.
De hecho, advierte que preparan un alud de demandas que presentarán ante las autoridades comunitarias si finalmente los impagos persisten, si el Gobierno no crea un régimen sancionador y si los grandes lobbies logran su propósito de seguir pagando más allá del plazo legal. Las denuncias de la Plataforma se han centrado en las grandes empresas del Ibex 35, cuyo plazo de pago es de 215 días, y en las grandes constructoras, que han visto saldadas muchas de sus deudas con las administraciones, pero no han satisfecho las que tenían a su vez con sus subcontratas.
Todo ello lo expondrán en la segunda cumbre político-empresarial que bajo el título de Medidas para garantizar el cumplimiento de la Legislación sobre Morosidad se va a celebrar el próximo 7 de noviembre. Ya han confirmado su asistencia más de 200 organizaciones empresariales, los portavoces de Economía de todos los grupos parlamentarios y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. “Queremos que sea un acto histórico, como lo fue la primera cumbre, en la que se puso el germen para cambiar la ley de Morosidad”, apunta Cañete. Y para tratar de lograr ese objetivo van a contar con la presencia de Daniel Calleja, director general del área de Industria de la Comisión Europea, quién se ha convertido en un abanderado de la lucha contra la morosidad. En una conferencia pronunciada antes de verano, Calleja recordó que una de cada cuatro empresas en España ha quebrado como consecuencia de la morosidad. “Eso es intolerable. La Comisión Europea va a tener tolerancia cero con la morosidad. Si todos los agentes, tanto públicos como privados, pagasen a 30 días, lo que se ganaría equivaldría a toda la deuda de Grecia. La morosidad es una metástasis para la economía”.
