Reforma drástica (no supresión) de los tribunales de cuentas

La sola noticia de que la persona responsable de un Ejecutivo autonómico, con la anuencia de su dócil Parlamento, haya ratificado recientemente que, en aras de austeridad presupuestaria, una mayor eficiencia administrativa y “para evitar duplicidades” de fiscalización, piensa eliminar el Órgano de Control Externo de la Comunidad, ha hecho saltar las alarmas del estamento institucional y político no solo de esa Autonomía, sino también de las otras comunidades. El inminente cumplimiento de esta decisión deja preocupados a políticos responsables –que también los hay– mientras crea incertidumbre y desconcierto en diversos sectores de la sociedad civil, siempre recelosa de la clase política que gobierna y de la que espera su turno. Y si, además, la mencionada decisión (prevista originalmente al comienzo de la actual legislatura de esa comunidad) ha sido también recogida por el Gobierno, en un controvertido Programa de Reforma de la Administración, que incluye la recomendación de eliminar los Tribunales de Cuentas autonómicos, nos encontramos ante una auténtica emergencia de la función contralora en el universo del Estado.

Emergencia que se intensifica cuando consideramos el limitado rendimiento que presta al Parlamento y a la sociedad el Órgano Supremo de Fiscalización del Estado, que arrastra atávicas ineficiencias que reclaman su restructuración y modernización. ¿Cómo puede asumirse, responsablemente, que el “hueco de fiscalización” que se crearía con la desaparición de los organismos contralores autonómicos, podría cubrirse con eficiencia y eficacia, por el actual primus inter pares? ¿Tiene entonces alguna base de justificación que, al más alto nivel del Ejecutivo, se decida “dejar como está“, al máximo órgano contralor, al no incluirlo en el mencionado Programa de Reforma Administrativa, entusiastamente anunciado y presentado a la ciudadanía?

Nos encontramos ante una auténtica emergencia de la función contralora en el universo del Estado

Nos obliga esa decisión a pensar que los políticos parlamentarios concuerdan con sus congéneres en el Ejecutivo, en que prescindir de o subsistir con controles no demasiado severos, resulta menos arriesgado que el rendir cuentas al ciudadano sobre qué se está haciendo -o dejando de hacer- con los recursos públicos, los nuestros. Hace falta tener valor -o, tal vez, inconsciencia – para que un Ejecutivo autonómico anuncie, sin rubores, que se elimina el órgano de fiscalización que fue creado en su día, precisamente, para que controle cómo usa los dineros de los ciudadanos. Concluyamos: a ningún gobernante, ni aspirante a gobernar, le interesa una sólida estructura de control.

No, señores gobernantes. El problema de deficientes -en algunos casos, escandalosas- actuaciones de organismos de control autonómicos, y las minusvalías que afectan al Órgano Superior de Control, ambos responsables de evaluar la utilización honesta, sabia y eficaz de los recursos del Estado, no se arregla eliminándolos, sino fortaleciéndolos y modernizándolos (incluso disponiéndose a cambiar su nombre, por venerablemente centenario que éste sea): utilizando métodos estrictamente técnicos y objetivos (ajenos a plácet o componenda compensatoria política) en la selección de los programas, entidades o municipios a fiscalizar o evaluar; ejecutando estas funciones, seguidas de la elaboración, aprobación, sin retoques cosméticos, y distribución oportuna, de los respectivos informes; capacitando continuamente a los técnicos en todos sus niveles; dotándoles de un presupuesto suficientemente digno, que no dependa de la voluntad y decisión del Ministerio o Consejería de Hacienda, para asegurar la independencia financiera frente al Ejecutivo al que tienen que controlar; y, fundamentalmente, introduciendo una estructura de dirección que -aunque rechine estentóreamente la partidocracia y se agite contra este escribidor el fantasma del extranjerismo anglosajón- elimine el modelo de cúpula colegiada, integrada por personas designadas desde el Parlamento por el colectivo de los partidos. En ningún Estado moderno, ni en ninguna de sus Regiones, es posible aceptar que el control público se ejerza a través de organismos creados y dirigidos con base en las cuotas de poder y representación partidista en el Parlamento; poder que, llegada la ocasión, se utilizará para proteger a los gestores públicos adictos, aunque se trate, con lamentable frecuencia, de ignorantes de los fundamentos de administración pública y, a fortiori, del principio universal de responsabilidad financiera que los anglosajones denominan accountability. Y con el añadido de actuar como despilfarradores y corruptos, desconociendo que “rendir cuentas” implica, en la vida real y en un Estado democrático, el desempeño moral y ético que les corresponde como gestores públicos. Politizar el control de los recursos financieros del Estado es la manera más eficiente de no controlarlos. De hecho, implica un sarcasmo de la fiscalización prevista en la propia Constitución.

Politizar el control de los recursos financieros del Estado es la manera más eficiente de no controlarlos

Señor Presidente o Presidenta de Organismo de Control Externo autonómico implicado en las condiciones técnico-administrativas descritas: el cumplimiento razonable de las anteriores observaciones reformistas, con la indispensable colaboración de las autoridades nacionales y parlamentarias implicadas, le permitirá una reforma drástica de dicho órgano fiscalizador, considerado por los ciudadanos, como ineficaz y destino frecuente de recompensa para fieles fichas políticas. Y contribuirá Ud. así a espantar la impresión que embarga al hombre de la calle, de que lo que se pretende con la eliminación del organismo de control, poco tiene que ver con la eficiencia administrativa y la austeridad presupuestaria, y sí mucho con un intento sibilino de evitar ser fiscalizado independientemente. O sea, que con su actitud actual, logrará Ud. que sus conciudadanos, y observadores ajenos, se convenzan de que lo que en realidad se trata, es de manejar a placer los fondos autonómicos evadiendo la acción fiscalizadora externa,independiente del Ejecutivo que preside. Y si se disfraza la medida con el artilugio de traspasar la función contralora al órgano nacional superior de control, no obstante las alarmantes carencias que le afectan, y a sabiendas de que sus informes se emitirían con dos o más años de atraso, digámoslo crudamente: estaría Ud. adoptando una actitud que excede con creces lo políticamente correcto y la paciencia de los ciudadanos.

Ángel González-Malaxetxebarria es especialista internacional en gobernabilidad, gestión financiera y auditoría