Editorial

Un impuesto de sociedades competitivo

En los dos últimos años el Gobierno ha llevado a cabo una auténtica reforma fiscal, aunque nunca haya llamado por tal nombre todas las modificaciones impositivas aplicadas desde que descubrió, en la Navidad de 2011, que las cuentas públicas estaban casi desahuciadas, con un déficit fiscal del 11%, sin contar los recursos pedidos después a la Unión Europea para recapitalizar las cajas de ahorros. Solo en el impuesto sobre los beneficios de las sociedades ha aplicado una veintena de modificaciones, aunque no ha tocado el tipo impositivo general, ni para las pequeñas empresas ni para las medianas y grandes. Únicamente se ha limitado a limpiar el impuesto de una parte importante de la infinidad de deducciones por las que las empresas reducían su factura fiscal, hasta el punto de que su tributación real se acercaba muchas veces a cero pese a registrar beneficios millonarios.

Hacienda quiere encaminar el impuesto hacia el modelo alemán, en el que los pagos se ajustan bastante al tipo nominal del impuesto, dado que se trata de un tributo limpio, con muy pocos atajos para reducir los pagos vía deducciones. Además, en una economía en la que la recaudación es de las más pobres de Europa en relación al PIB reconocido, debe hacerlo compatible con un incremento de la recaudación. Ya en el año 2012 y en lo que va de 2013 se ha producido un giro positivo en los ingresos, aunque la aportación a las arcas públicas por este impuesto sigue estando muy alejada del desempeño proporcionado en el punto álgido del ciclo, allá por 2006 y 2007.

Pero el impuesto de sociedades, que es, junto con las cotizaciones sociales, el único con unidad de caja, el único cuya recaudación no se ha sometido a la cesión parcial a las comunidades autónomas, tiene que funcionar también como un instrumento al menos no desincentivador de la actividad empresarial. Ahora tiene un tipo general del 30%, que baja al 25% para las pymes, aunque el efectivo es muy inferior por la cascada de deducciones, ahora declinante.

Si hay que convertirlo en una palanca de atracción de inversión productiva y de potenciación de la internacionalización de la empresa, dos fundamentos sin los que la recuperación económica tendrá poco recorrido, el tipo nominal del impuesto debe bajar. Debe acercarse lo más posible a la media de los países de la Unión Europea (ahora el 23,2%, y con un 25,9% en la zona euro) para poder competir, puesto que la competitividad no está solo en la formación de los recursos humanos y la habilidad de los gestores, ni siquiera en los niveles atractivos del coste laboral y financiero o en la excelencia en la logística, sino en una política fiscal atractiva frente a los competidores. Eso sí: debe respetar el equilibrio en el reparto de la carga que, con el resto de los impuestos, haga el Gobierno con su reforma fiscal de 2014, preservando equidad y suficiencia.

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