Madrid presiona para agilizar el modelo de financiación
Monago critica la defensa de las balanzas fiscales El PSOE defiende que el nivel de los servicios deberá ser idénticos en todo el territorio
Lo primero será aprobar la reforma fiscal en el primer trimestre del año y solo después podrán comenzar las conversaciones sobre la financiación de las comunidades autónomas. Es más, precisó que dicha negociación se abordará “hacia la segunda mitad del año próximo”. Y justificó que será más adecuada llevarla a cabo cuando la economía registre ya crecimiento, aunque sea leve.
Sin embargo, ayer volvió a ser la Comunidad de Madrid la que mostró su disconformidad con los planes del Gobierno. Al menos, cree que ese calendario debe corregirse, con la puesta en marcha del nuevo modelo de forma retroactiva.
Así, el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, reclamó que el nuevo modelo de financiación autonómica que se diseñe en el segundo semestre del próximo año tenga efectos retroactivos a 1 de enero de 2014; algo que consideró “perfectamente posible”.
Tras la reunión del Consejo de Gobierno del Ejecutivo madrileño, su responsable de Economía explicó que ya pasó algo parecido en el ejercicio de 2009. Ossorio explicó que, entonces, las nuevas reglas ya tuvieron efectos retroactivos y que los recursos adicionales los recibieron ese mismo año.
Según los cálculos de este consejero, Madrid recibirá este año 1.000 millones menos y el próximo 1.300 millones menos por culpa del actual sistema. Ossorio explicó que esta circunstancia se debe, en parte, a la medida que pone un tope en materia de capacidad fiscal fijada en el 1,06%. “Como la capacidad fiscal de Madrid es muy alta se la acotan” frente a la de Cataluña, “que ronda ese 1,06% pero que, sin embargo, recibe lo que le corresponde”, lamentó.
El consejero añadió que esta disposición no perjudica a ninguna comunidad autónoma más que a Madrid y que el “único beneficiario” es el Ministerio de Hacienda, que se “ahorra” dinero en los Presupuestos Generales. “Hemos perdido en tres años (2012, 2013 y 2014) 2.000 millones de euros con los que se ha financiado al Estado”, se quejó Ossorio. Esta exigencia llega después de que fuera el propio presidente madrileño, Ignacio Fernádez, el que abriera la caja de los truenos a principios de esta semana, con su reclamación de conocer cuanto antes el resultado de las balanzas fiscales autonómicas.
División en el PP
Esta demanda ha despertado distintas reacciones, algunas de ellas contrarias desde las propias filas del Partido Popular. Precisamente ayer, el presidente extremeño, José Antonio Monago aseguró estar “preocupado” porque “quienes no son nacionalistas empiecen a hacer discursos nacionalistas” con las balanzas fiscales, bajo el argumento de que “son los primeros en aportar”, en clara referencia a la Comunidad de Madrid a la que, sin embargo, no citó.
Desde Andalucía, su nueva presidenta, Susana Díaz, se sumó ayer a quienes rechazan la publicación de estas balanzas prevista para diciembre, al advertir que se podrán utilizar “como coartada para perjudicar a unos españoles y beneficiar a otros”. Por otra parte, el presidente de Asturias, Javier Fernández, también lanzó ayer una advertencia al Gobierno, al asegurar que el Ejecutivo asturiano “no cederá en su exigencia de que el nivel de prestación de servicios en las distintas comunidades sea idéntico cuando se cierre el próximo modelo de financiación autonómica”.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, defendió que el modelo autonómico “puede y debe” perfeccionarse, incluso con una reforma constitucional, pero siempre con el más amplio acuerdo político.
Una amenaza sin mucho efecto
La bomba lanzada el miércoles por el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida no ha tenido efectos inmediatos. El líder catalán advirtió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que si no actuaba respecto al asunto catalán, terminaría habiendo “una declaración unilateral de independencia”, pero el Gobierno no parece haber reaccionado. Duran i Lleida, admitió ayer que no tiene “mucha esperanza” en que el Gobierno de Rajoy haga “ningún tipo de propuesta” en relación con el debate político catalán y la consulta soberanista que auspicia el Ejecutivo de Artur Mas. “No soy muy optimista”, resumió.
En este punto, el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, consideró que si Cataluña finalmente aprobara una declaración unilateral de independencia, el Gobierno de Mariano Rajoy no tendría más remedio que suspender la autonomía catalana. Según explicó, Rajoy se vería en la obligación de aplicar el artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión de una autonomía “adoptando las medidas necesarias para obligarla al cumplimiento forzoso” de sus obligaciones o para proteger el interés general. El ex presidente arremetió contra los compañeros del PSOE al acusarles de estar actuando con “torpeza infinita” al proponer una opción federal “que no le compra nadie”. Y añadió que los socialistas están dejando al PP el papel de “defensor de la Constitución” y del Estado autonómico.
