Tribuna

El fin de la incompatibilidad de abogado y procurador

El recién aprobado Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios, que propone entre otras cuestiones acabar con la incompatibilidad existente entre la profesión de abogado y procurador, podría liquidar de un plumazo, en caso de seguir adelante, con una profesión (constituida por más de 50.000 profesionales, entre procuradores, colaboradores y personal de los distintos Colegios) que, durante los últimos años, ha sido esencial para la modernización de la Administración de Justicia en España, provocando un encarecimiento de los procesos, tanto en su coste material como en tiempo de tramitación.

Por el simple hecho de que la legislación procesal española esté imbuida de un principio de radical separación e independencia en el ejercicio de las actividades profesionales en atención a la diferente naturaleza y posición jurídica que abogado y procurador asumen en el proceso jurisdiccional, el hecho de permitir al abogado –sin necesidad de colegiarse- ejercer también la profesión de procurador, tendría efectos muy negativos y desproporcionados en la Administración de Justicia española, requiriendo, especialmente en la jurisdicción civil y en la contencioso-administrativa una reestructuración profunda de la misma que España no puede, ni debe acometer en estos momentos.

Concretamente, en lo que a actos de notificación se refiere, la gestión que los procuradores hacen del sistema telemático Lexnet, premiado en diferentes instancias, incluida la Comisión europea, como la notificación diaria con efectos plenamente vinculantes de miles de notificaciones a través de los distintos Colegios de Procuradores, responsabilidad no asumida por ningún otro colectivo u operador jurídico, son ejemplos de eficacia y agilización de trámites de actos judiciales en España a través de la figura del procurador. Es decir, actualmente en España los 28 millones de notificaciones que los procuradores tramitan en soporte papel y los 22 millones que tramitan vía Lexnet son gestionados por 67 Colegios de Procuradores, quienes asumen directamente su coste, por lo que este sistema de notificaciones le resulta gratis a la Administración de Justicia. Señalar a este respecto, que según fuentes del Ministerio de Justicia, tan solo el coste de las notificaciones telemáticas a través del sistema Lexnet supone un ahorro de 44 millones de euros, mientras que el coste de las notificaciones realizadas en papel supone un ahorro aproximado a la Administración de Justicia de 140 millones de euros. En definitiva, el importe que ahorran los procuradores a la administración de justicia asciende a 188 millones de euros anuales.

Por otro lado y tal y como adelantábamos, el actual sistema permite que toda la Administración de Justicia española tenga únicamente 67 interlocutores, ya que la recepción por el Colegio de Procuradores, comparezca o no el Procurador, produce plenos efectos, lo que implica por un lado que la tramitación del procedimiento pueda llevarse a cabo sin dilaciones indebidas y por otro, la eliminación de tiempos muertos en la tramitación procesal puesto que la notificación realizada de esa manera se efectúa simultáneamente a todas las partes intervinientes en el proceso, descargando a la oficina judicial del trabajo gestor que supone la comunicación personal y efectiva de las citadas notificaciones. Sin embargo, con el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Economía, estaríamos hablando de 130.000 interlocutores más, bien sea en soporte papel o a través de Lexnet con lo que tendría que entenderse la Administración de Justicia. Llegados a este punto, no podemos dejar de realizarnos las siguientes preguntas: si el Ministerio ha tardado 8 años en dar de alta a todos los Colegios de Procuradores, ¿Cuánto tardará en dar de alta a 130.000 abogados?, ¿Qué infraestructura y que incremento del gasto, tanto en máquinas como en comunicaciones son necesarias?, los Colegios de Procuradores han formado junto al Ministerio de Justicia a sus 10.000 Procuradores ¿en qué plazo el Ministerio, junto a los Colegios de Abogados, formaría a los 130.000 Abogados? Y más importante aún ¿Cómo va a afectar al ciudadano esta inevitable aumento de costes?

 

Marlén Estévez. Asociada SJ Berwin

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