Tribuna

La gran damnificada por los ajustes presupuestarios

Un año más, la inversión pública sufre las consecuencias del ajuste contenido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2014. No es nuevo, llevamos cuatro años consecutivos con una caída de las dotaciones presupuestarias de infraestructuras: 35,5% en el año 2011; 28% en 2012; 13,5% en 2013, y ahora se plantea una nueva reducción del 7,2%.

¿Qué está pasando? Es preciso recordar que la obra pública (como el propio término indica) es esencialmente de promoción pública; es decir, las Administraciones públicas deciden cada año lo que invierten. Este proceso de decisión tiene que conjugar la necesidad de construir nuevas infraestructuras y conservar las existentes con los fondos disponibles. Sin olvidar que de la inversión destinada cada año, una parte se aplica a atender a los compromisos adquiridos en ejercicios anteriores y otra parte se destina a la correspondiente anualidad con la que se dotan los nuevos contratos, que suelen abarcar varios años. Si la cantidad destinada a atender los compromisos adquiridos es muy elevada y los presupuestos se reducen, la consecuencia es que no quedan fondos significativos para licitar nuevas infraestructuras ni para los nuevos contratos de conservación y mantenimiento que permitan conservar el enorme patrimonio acumulado.

Esto es lo que está ocurriendo en los últimos años y lo que se presupuesta para el próximo año. La nueva licitación pública está cayendo de forma inexorable desde el año 2009 (en el año 2008 la licitación pública del conjunto de las Administraciones alcanzó la cifra de 30.335 millones de euros; en el año 2012, esta cifra apenas alcanzaba 5.000 millones de euros), lo que se traduce a medio plazo (tres o cuatro años) en una falta de producción en el sector.

“Es necesario reiterar una vez más que la inversión pública en infraestructura es necesaria para el conjunto de la economía”

¿Qué consecuencias tiene la falta de inversión pública? Esta disminución de la inversión pública provocará –al menos hasta el año 2016– una situación muy delicada al sector de la construcción, que históricamente ha sido esencial para hacer avanzar al conjunto de la economía. El amplio tejido industrial vinculado con la construcción y conservación de las infraestructuras y sus industrias auxiliares, que tantos años ha costado desarrollar, se está viendo abocado a la reducción drástica o, simple y llanamente, a la desaparición. El desempleo en la construcción se dispara y amplios sectores de la economía (que abarca desde las empresas de ingeniería hasta las empresas constructoras y conservadoras, y los sectores auxiliares, como las cementeras, las industrias del acero, las empresas de maquinaria de obra pública, la industria petrolera, la industria de asfaltos, etc.) quedan gravemente afectados, dañando –a veces de forma irreparable– los activos industriales; y lo que es peor: con la disminución de empleo, se pierde la experiencia acumulada durante décadas por amplios colectivos con una gran cualificación.

¿Qué podemos hacer como sector? El sector en su conjunto llevamos años haciendo un enorme esfuerzo para internacionalizar nuestras actividades. Tenemos experiencia, capacidades y sabemos diseñar, construir y conservar infraestructuras. Este impulso para abordar los mercados exteriores continuará, pero requiere tiempo, recursos y un decidido apoyo de nuestras Administraciones, particularmente enfocado a las empresas medianas y pequeñas. No obstante, debemos ser conscientes que la construcción de obra pública

consume básicamente recursos locales. Podemos exportar nuestra experiencia y conocimientos. Algunos de nuestros mejores profesionales ya están trabajando en el exterior, pero no podemos exportar nuestras canteras, nuestras instalaciones industriales, nuestra maquinaria ni la inmensa mayoría de nuestra mano de obra.

Es necesario reiterar una vez más que la inversión pública en infraestructura es necesaria para el conjunto de la economía española. Hay que hacer un llamamiento a las Administraciones para que la inversión pública vuelva a ser una prioridad de la política económica para aumentar la competitividad, vertebrar el territorio y facilitar el movimiento de personas y mercancías. Hace falta seguir invirtiendo en las infraestructuras que están en fase de desarrollo, construir nuevas infraestructuras, siguiendo las pautas del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 2012-2024. Sin olvidar los recursos necesarios para mantener el patrimonio de nuestras infraestructuras que tantas décadas de esfuerzo nos ha costado crear.

Alejandro Llorente es presidente de la Asociación Nacional de Empresas Constructoras de Obra Pública (AERCO)

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