La Guardia Civil entra en la plataforma de gas Castor
Los agentes de la Guardia Civil de Castellón que este viernes se han personado en helicóptero en la plataforma marinera del proyecto Castor ubicada a unos 22 kilómetros de Vinarós (Castellón) han constatado el cese de actividad en la planta marina desde el pasado día 16 de septiembre.
Un helicóptero del servicio aéreo de la Guardia Civil, con base en Valencia y con personal de la Comandancia de Castellón, se ha desplazado a primeras horas de la tarde a la plataforma para llevar a cabo labores de investigación y observar el funcionamiento de la planta. Toda la información obtenida por los agentes se remitirá a la Fiscalía, según la Guardia Civil.
Esta actuación de la Guardia Civil se inició a raíz de lo acordado por la Fiscal Delegada de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Castellón, en el que se solicitaba urgentemente se investigasen los hechos que se están generando en el norte de la provincia de Castellón, así como se constatase si la actividad desarrollada por el proyecto Castor en Vinaròs (Castellón) se encontraba efectivamente paralizada.
Los agentes han comprobado que desde el día 16 de septiembre se encuentra paralizada la actividad del proyecto Castor, tanto en la plataforma marina, como en la estación de bombeo situadas al oeste de la localidad de Vinaròs (Castellón).
En la citada planta marina, según informa la Guardia Civil, únicamente permanecen 19 empleados que están realizando trabajos de mantenimiento y seguridad.
Las inyecciones de gas al almacén subterráneo del proyecto Castor han originado desde el pasado 8 de septiembre unos 400 pequeños temblores de tierra en la zona, de los cuales, el de mayor intensidad, de una magnitud de 4,2 grados en la escala de Richter, se produjo el pasado miércoles.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de la cartera de Industria, José Manuel Soria, ha declarado que los expertos han concluido de forma preliminar que hay una “probabilidad alta de que haya una relación directa” entre las inyecciones de gas y los movimientos sísmicos de la zona. Una situación por la que el Gobierno ha encargado a una auditoría externa para verificar si los costes de inversión en este almacenamiento subterráneo son los declarados por la empresa gestora.
