El Gobierno confirma que va a revisar la autorización del almacén de gas Castor
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha confirmado que se está estudiando la tramitación administrativa que en aquel momento dio pie al permiso para el almacén de gas ferente a las costas de Vinaroz (Castellón) instalación, a la vista de lo acaecido al poner en marcha las pruebas del almacén. “Las responsabilidades políticas exigirán lo que corresponda y las judiciales, entiendo que todavía es pronto”, ha concluido.
En este sentido, ha apuntado que la Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de almacenamiento de gas frente a las costas de Vinaroz (Castellón) no incluyó aspectos de sismicidad en su parte resolutiva porque no se valoró el riesgo.
Soria pide calma a la población de la zona
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Manuel Soria, ha pedido calma frente a los sismos registrados en la provincia de Castellón estos últimos días porque, según ha asegurado, el plan de emergencia que ha activado la Generalitat valenciana se sitúa “en este momento” en el 'nivel 0' “porque en opinión de los técnicos no es una situación preocupante”.
Soria ha respondido así minutos antes de comparecer en el Congreso para dar cuenta de los planes sobre minería del Gobierno y preguntado sobre la posible relación de estos temblores con los trabajos de almacenamiento subterráneo de gas del proyecto Castor en la zona.
En este sentido, ha insistido en que, “aunque científicamente, en estos momentos no está contrastado, hay una probabilidad muy alta” de que haya una relación de causa-efecto entre la inyección del gas y los terremotos registrados, según los datos aportados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Instituto Geológico y Minero (IGME), cuyo informe se espera “para los próximos días”.
Además, ha subrayado que la inyección de gas estará paralizada hasta que no haya garantía por parte de los técnicos de que no se van a producir movimientos sísmicos como los producidos. “Mientras no haya garantías totales para la seguridad de la población de que no se van a producir ese tipo de movimientos no se autorizará a inyectar nuevo gas”, ha reiterado el responsable de Industria.
Igualmente, ha recordado que la instalación tenía una autorización provisional para hacer pruebas y como resultado de las mismas el Gobierno dictó paralizarlas hasta que se supiera exactamente qué ha pasado.
Precisamente, el Ministerio de Industria dictó en la madrugada del miércoles al jueves pasado una resolución para parar cualquier actividad adicional hasta que no se sepa qué es lo que está sucediendo, según ha confirmado el ministro esta misma mañana en una entrevista radiofónica.
En cuanto a si hubo una negligencia a la hora de conceder los permisos para la realización de los trabajos, Soria ha recordado que hubo una declaración de impacto ambiental en 2009, hecha por el Ministerio de Medio Ambiente de entonces (PSOE), donde no se consideraba el posible riesgo sísmico de estas prácticas.
En declaraciones a los medios tras su comparecencia en al Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha añadido que en la actualidad se está estudiando cómo se soluciona la situación para, posteriormente, exigir las responsabilidades que sean oportunas.
Así, ha precisado que en los antecedentes de hecho de la declaración, únicamente el Observatorio del Ebro dijo que habría que pedir informes sobre movimientos sísmicos, eso consta en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Sin embargo, después se aportaron una serie de estudios y, finalmente, la DIA, que se emitió en noviembre de 2009 no incluye “nada” sobre sismicidad o riesgos sísmicos en su parte resolutiva.
De este modo, ha apuntado que las operaciones realizadas en la plataforma Castor en septiembre son resultado de aquel procedimiento de autorización, en el que Medio Ambiente emitió su DIA, tras lo que el Ministerio de Industria dio la autorización.
Además, ha precisado que con la ley entonces en vigor, si de los informes que se solicitaron se hubiera entendido que había riesgos sísmicos, se habría exigido alguna condición en este sentido.
En paralelo, el conseller catalán de Interior, Ramon Espadaler, ha anunciado que técnicos de Protección Civil estudian si los terremotos registrados estos últimos días han causado desperfectos en edificios y cañerías que, de confirmarse, obligarían a activar el plan de emergencias Sismicat.
Espadaler también ha anunciado que el Gobierno catalán se plantea recurrir a la vía judicial para actuar contra la empresa que gestiona el proyecto Castor, de almacenamiento de gas en el subsuelo marino y que se relaciona directamente con los terremotos registrados en los últimos días.
“Lo estamos trabajando en estos momentos. Tenemos técnicos sobre el terreno mirando las tuberías de agua y viendo otros desperfectos que nos han notificado. Si se corroboran y fueran ciertos, sería la razón objetiva por la que el Sismicat recomienda que se active el plan”, ha dicho el conseller.
El plan de emergencias específico para terremotos sólo se activa si la magnitud del temblor alcanza los 4,5 grados o si uno menor causa daños materiales o personales.
El conseller de Interior ha reclamado “transparencia” al Gobierno central y que no se oculte ninguna información.
“Nos falta mucha información por parte de la misma empresa y por parte del ministerio de Industria”, ha denunciado Espadaler, que ha atribuido a esta falta de información sus dificultades para poder asumir su responsabilidad en este caso en materia de Protección Civil.
“Hubo un momento que se nos dijo que esta actividad (la inyección de gas) se había dejado de hacer. Aun así, ha continuado habiendo episodios. Por tanto no tenemos certezas. Puede que haya habido un momento que se ha dejado de inyectar gas, puede que se haya intentado extraer. Todo esto es lo que nosotros desconocemos”, ha agregado el conseller.
