Anticorrupción pide 14 años de cárcel y la inhabilitación de Demetrio Carceller
La Fiscalía Anticorrupción ha elevado al juez de la Audicencia Nacional, Pablo Ruz, su escrito de conclusiones provisionales contra Demetrio Carceller y otras tres personas más por trece delitos contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales.
Anticorrupción asegura que Demetrio Carceller Coll, padre del actual presidente de Damm y Disa y uno de los principales accionistas de Pescanova, "sin que conste la fecha exacta pero, cuando menos, desde el año 1990, se ha dedicado a ocultar sus rentas y patrimonio a la Hacienda Pública española, simulando residir fuera de España, en concreto en Portugal y Reino Unido, con la finalidad de poder ser considerado como no residente y, de esta manera, eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en España",
"Así, asegura el escrito, ha ocultado ser el propietario real de importantes paquetes accionariales de entidades radicadas y cuyo núcleo principal de actividad se desarrolla en España y de las rentas, dividendos, retribuciones, ganancias e intereses generados con los mismos, para lo cual ha contado con la participación de los otros acusados y ha utilizado un entramado societario de estructuras fiduciarias tipo trust radicadas en terceros países que, en su mayoría, son calificados como paraísos fiscales como es el caso de Panamá, Gran Ducado de Luxemburgo, Antillas Neerlandesas (cuya disolución se produjo en octubre de 2010, dando lugar a la creación de distintas entidades políticas) y Madeira.
Dicho entramado societario fue creado con el asesoramiento y colaboración del Bufete Pretus , del acusado Gabriel Ignacio Pretus Labayen, encargado dentro de dicho despacho de la cartera del cliente Demetrio Carceller Coll que, en el bufete Pretus, era conocido con el apodo de “Jardines”. explica Anticorrupción.
En definitiva, continua la fiscalía, "ocultando que su residencia radicaba en España y que también es en nuestro país donde radicaba (y radica) el núcleo de sus principales intereses económicos y desde donde se dirige la gestión de sus cuantiosas inversiones inmobiliarias estadounidenses, Demetrio Carceller Coll ha podido disponer de su patrimonio y de los rendimientos que obtenía eludiendo el control de la Hacienda Pública española e incumpliendo sus obligaciones tributarias, disponiendo, durante el periodo comprendido entre los años 2000 a 2009, del dinero defraudado al erario público sin generar sospechas y reinvirtiendo las cuotas que, ejercicio tras ejercicio, defraudó, desvinculándolas de su origen ilícito"
Anticorrupción asegura que "para conseguir su propósito, Demetrio Carceller Coll ha contado en todo momento con la participación esencial de: · José Luis Serrano Florez, apoderado y hombre de su confianza, "que ha realizado todas las gestiones necesarias para ocultar, por una parte, que Demetrio Carceller Coll en la época de los hechos residía real y efectivamente en España y, por otra parte, que era el verdadero titular de los paquetes accionariales mencionados, ayudándole a ocultar su patrimonio a través del entramado societario de estructuras fiduciarias creado así como a reinvertir los beneficios obtenidos".
Gabriel Ignacio Pretus Labayen, asesor de Demetrio Carceller Coll, "cuyas principales funciones han sido las de asesoramiento y gestión su patrimonio y rentas y creación del entramado societario utilizado por aquél para ocultar sus bienes y reinvertir los beneficios obtenidos, articulando también toda la estructura tendente a simular su residencia fuera de España".
Demetrio Carceller Arce, hijo de Demetrio Carceller Coll, quien "ha gestionado directa y conjuntamente con los anteriores todas las inversiones de su padre, especialmente las estadounidenses, participando en la ocultación de los fondos derivados de las mismas a la Hacienda Pública española así como en la reinversión de los beneficios obtenidos, colaborando con el resto de los imputados para tratar de simular que su padre residía fuera de España.
Por todo ello la fiscalia establece para el presidente de Damm, Demetrio Carceller Arce deberá hacer frente por cada uno de los cuatro delitos contra la Hacienda Pública que se le imputan una pena de 3 años de prisión y las siguientes multas: por el correspondiente al IRPF del año 2007, una multa de 3.623.990,4 euros con tres meses de arresto sustitutorio en caso de impago; por el correspondiente al IRPF del año 2008 una multa de 19.616.115,03 euros con ocho meses de arresto sustitutorio en caso de impago; por el correspondiente al IRPF del 2009 una multa de 5.807.869,92 euros, con cuatro meses de arresto sustitutorio en caso de impago; por el correspondiente al IRPF del año 2007 una multa de 15.541.919,4 euros, con ocho meses de arresto sustitutorio en caso de impago.
Además por cada uno de estos cuatro delitos: Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena del artículo 56 del Código Penal y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de CUATRO AÑOS. Costas
En paralelo, por el delito de blanqueo de capitales procede imponerle, según Anticorrupción, "una pena de dos años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 73.338.442,83 EUROS con seies meses de arresto sustitutorio en caso de impago e inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por un plazo de dos años".
La fiscalia también pide en concepto de responsabilidad civil, que Demetrio Carceller deberá de ser condenado a indemnizar, por una parte, a la Hacienda Pública estatal en la cantidad de 41.409.447,66 euros que incluye la totalidad de las cuotas defraudadas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los ejercicios 2003 a 2009 más los correspondientes intereses de demora devengados hasta el mes de julio de 2013 y, por otra parte, a la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Madrid en la cantidad de 30.902.129,31 euros que incluye la totalidad de las cuotas defraudadas en el Impuesto sobre el Patrimonio de los ejercicios 2003 a 2007 y en el Impuesto de Sucesiones del ejercicio
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