Anticorrupción pide juzgar por delito fiscal a 61 socios de PwC
Solicita 14 años de prisión para el expresidente Miguel Fernández de Pinedo
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado hoy la apertura de juicio oral a 61 socios de la auditora PricewaterhouseCooper (PwC), para los que solicita penas de entre 2 y 14 años y 10 meses de prisión por delitos contra la Hacienda Pública, con cuotas defraudadas por más de 40 millones.
En el escrito registrado hoy en la Audiencia Nacional, el fiscal se dirige también contra las sociedades PwC S.L., PwC Auditores, PwC Jurídico y Fiscal, PwC Asesores de Negocios e IBM Global Services España, ésta como sucesora de PwC Consulting, como responsables civiles subsidiarias de los supuestos delitos cometidos en 2002 y derivados de la venta de esta última división a IBM.
"Nuestra actuación fue correcta"
La auditora PwC considera “absolutamente correcta y ajustada a derecho” la actuación de sus socios en la venta de la división de consultoría a IBM en 2002 y se opondrá a la petición del fiscal de juzgar a 61 de ellos por delitos fiscales.
En un comunicado, PwC reacciona así al escrito en el que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado hoy la apertura de juicio oral a 61 socios de la auditora, incluido su expresidente Miguel Fernández de Pinedo, a los que acusa de defraudar 40 millones de euros a la Hacienda estatal y a la de Vizcaya.
Según el fiscal, los socios de PwC incluyeron como parte del precio de venta de la división de consultoría lo que en realidad eran 'bonus' recibidos por su trabajo en la firma, tributando mucho menos de lo que les correspondía.
Anticorrupción añade además en el escrito registrado hoy en la Audiencia Nacional que PwC disfrazó la venta como una operación de reestructuración empresarial, transmitiendo a los socios las participaciones de la división de consultoría, de modo que fueron éstos y no la sociedad los que formalmente la vendieron a IBM.
En el comunicado hecho público esta tarde, la auditora señala que “no ha habido ocultación ni defraudación alguna” y que todas las cantidades fueron declaradas, y afirma que la Hacienda foral de Vizcaya ya ha anunciado que no formulará acusación.
Sobre los argumentos del fiscal, PwC dice que la reestructuración societaria “no fue una operación ficticia (...) con el objetivo único de eludir impuestos, sino una operación real (...) y, por lo tanto, se acogió a los beneficios fiscales correspondientes”.
Tras recordar que la estructura resultante de la operación “es la misma que está hoy vigente”, la auditora sostiene que ésta era necesaria “para posibilitar el funcionamiento operativo de los negocios y, además, una eventual segregación del negocio de consultoría de sistemas, de la que ya se había comenzado a hablarse en aquellas fechas en todo el mundo”.
“El proceso fue público y transparente: se comunicó a los clientes y al mercado, a Hacienda, se hizo ante notario, se inscribió en el Registro Mercantil, se publicó en el BOE y en la prensa”, dice PwC, que recuerda que la Administración Tributaria no hizo “ninguna observación ni solicitud de información o aclaración” durante el plazo de prescripción de cuatro años.
En cuanto a la cantidad de 20,9 millones percibida por los socios, que según la Fiscalía era un 'bonus' sin relación con la venta de la división de consultoría, la auditora afirma que se trató de una “compensación” por la pérdida de ésta, “ya que entonces este negocio en nuestro país era uno de los dos que más había crecido en el mundo”.
“Los socios tributaron por dicha compensación como un incremento de patrimonio -y no como rentas del trabajo-, puesto que no correspondía a servicios laborales prestados ni a beneficios de PwC España”, concluye la auditora.
Las penas más elevadas, de 14 años y 10 meses de prisión, se solicitan para el expresidente de PwC Miguel Fernández de Pinedo; para José María Tajadura Garrido -entonces administrador de solidario de PWC Consulting y responsable de Operaciones en España-; y para César Rodríguez Ramos -que fue socio responsable de la División Fiscal y Legal de PwC-.
También se solicitan multas que, en el caso de los tres anteriores, superan los 102 millones de euros.
Según la Fiscalía, los socios de PwC no declararon a Hacienda -ni a la estatal ni a la foral de Vizcaya- la percepción global de 20,9 millones en concepto de bonus que recibieron en enero de 2002 como retribución por su trabajo en la auditora.
Los socios, añade Anticorrupción, omitieron constatar en su declaración de IRPF que tales cantidades eran rentas de trabajo y las incluyeron como parte del precio de venta de la División de Consultoría a IBM, con una tributación muy inferior a la que hubiera correspondido.
Sin embargo, en la fecha en la que recibieron los bonus ni siquiera habían comenzado las negociaciones con IBM, que empezaron en julio de 2002 y culminaron en octubre de ese año, cuando tuvo lugar la venta.
Los socios denunciados -entre los que hay españoles, franceses, ingleses, irlandeses y un austríaco- son aquellos a los que se imputa un fraude superior a 120.000 euros.
Además, PwC Auditores S.L., PwC Jurídico y Fiscal S.L., PwC Asesores de Negocios S.L. y PwC Consulting S.L., donde prestaban sus servicios los denunciados, omitieron practicar las retenciones debidas por IRPF correspondientes al rendimiento de trabajo percibido, dejando de ingresar una cantidad global superior a los 9,5 millones.
La Fiscalía también ha denunciado delitos contra la Hacienda Pública derivados de la omisión de la declaración en el Impuesto de Sociedades de PwC SL y el ingreso de las cuotas tributarias correspondientes a la operación de venta de PwC Consulting S.L. a IBM Global Services España S.A. en octubre de 2002.
Simulación
Según Anticorrupción, para ello se simuló una operación de reestructuración empresarial con acogimiento al Régimen Especial de Fusiones y Escisiones de la Ley del Impuesto de Sociedades, cuando en realidad se procedió a la venta de la empresa.
La cuota defraudada que se imputa por este hecho asciende a 18,3 millones por el Impuesto de Sociedades de PwC SL.
Como consecuencia de esta operación simulada, PwC SL, propietaria de la División de Consultoría, transmitió a sus socios las participaciones de ésta, siendo los socios de PwC y no la sociedad quienes formalmente vendieron la división a IBM.
Posteriormente, los socios declararon indebidamente en su IRPF las cuotas debidas por la venta, al aplicar la antigüedad de otros valores que no fueron los vendidos.
El total de las cuotas tributarias defraudadas por los denunciados como consecuencia de ambas operaciones supera los 12 millones.
La Fiscalía, que ha presentado su escrito en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, considera que los hechos deben ser juzgados por el Juzgado Central de lo Penal de este tribunal.