Editorial

Lo que verdad importa de Gibraltar

El conflicto que España mantiene con Gibraltar, o con Reino Unido a propósito de Gibraltar, tiene una naturaleza política de raíces históricamente tan profundas que es de solución complicada aún afinando hasta el límite la diplomacia, pero que seguramente en este siglo, y con el grado de integración europea del que participan tanto Madrid como Londres, pierde trascendencia. Si Gribraltar vulnera el espacio pesquero asignado a la flota española, debería corregirse, al igual que el trastorno ocasionado en horas y horas de espera para entrar y salir del peñón al que España somete a quienes traspasan cada día la verja. Son obstáculos que no llevarían más de media hora de conversación de buena voluntad. Pero lo que de verdad importa a España de Gribraltar es su naturaleza fiscal.

España cataloga a Gibraltar como un auténtico paraíso fiscal, pues carece de tributación (o es intencionadamente baja) sobre las empresas allí radicadas y sobre sus beneficios, y se niega a proporcionar información sobre la situación de aquellos residentes que lo son solo por conveniencia tributaria. El peñón es, pues, un auténtico agujero para el fisco español, y no tiene fácil solución, puesto que en los tres últimos años, ante las amenazas de las instituciones internacionales para que aclarase su estatus, Gibraltar ha logrado cerrar acuerdos de doble imposición con más de veinte países, entre ellos Alemania, Francia, Italia, Bélgica o Grecia, territorios con los que no tiene conflicto tributario alguno, pero que ha sido suficiente para que deje de estar catalogado como un paraído fiscal en la OCDE.

Las peticiones de España para colocar a Gibraltar en la lista negra han ido perdiendo justificación con el tiempo, aunque nada haya combiado de su opacidad ante la consideración del Ministerio de Hacienda español. Aunque no hay una cifra que pueda dar idea aproximada del fenómeno, las autoridades españolas sospechan que cientos de miles de millones de euros de contribuyentes españoles se ocultan en el peñón y su banca, que tiene un tamaño que multiplica por diez el de su PIB.

España, de hecho, ha firmado tratados de doble imposición con refugios tradicionales del dinero opaco y que dependen de la soberanía británica, como es el caso de la isla de Man o Jersey. Pero no es posible hacerlo con Gibraltar por dos cuestiones básicas: porque las autoridades del Peñón no quieren, pues perderían su atractivo para el dinero que quiere estar oculto de la Hacienda española, y porque España no debe, pues supondría reconocer políticamente la soberanía de Gibraltar, algo que niega desde siglos.

Como en otras muchas cosas, la solución está solo en manos de la Unión Europea, que no debe permitir ni un solo bunker para el dinero opaco en su territorio, y menos si existen certezas de que los defraudadores pertenecen a un estado miembro, con en este caso España.

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