El juez Ruz pregunta a Hacienda si el PP cometió delito fiscal desde 2007

Pide un informe sobre si hay vinculación entre las donaciones y las contrataciones públicas para conocer si hubo delitos de cohecho Solicita a la fiscalía que le informe sobre si Rajoy, Cospedal y Arenas deben ser llamados a declarar

El juez Pablo Ruz a la salida de la Audiencia Nacional.EL PAÍS

Primera consecuencia de calado en el proceso del caso Bárcenas. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha tomado la primera decisión desde que el pasado lunes el extesorero del Partido Popular declarara asegurando pagos en B ha destacados dirigientes del PP, entre ellos Mariano Rajoy, Maria Dolores de Cospedal y Javier Arenas.

El magistrado ha preguntado hoy a los peritos de Hacienda que le informen sobre si, desde 2007 en adelante, pudo haber delito contra la Hacienda Pública por el PP y por personas que pudieron haber percibido dinero de la denominada “Caja B” del partido.

Además, pide a los peritos de la Intervención General del Estado que informen sobre si existen eventuales vinculaciones entre donaciones supuestamente percibidas por el PP, procedentes de imputados en la causa, y contrataciones a las empresas de estos por parte de administraciones públicas gobernadas por los populares, lo que podría constituir posibles delitos de cohecho.

Ante la documentación recabada por el juzgado el juez decide solicitar a los peritos judiciales de la Administración Estatal de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado los citados informes que determinarán si existen los citados delitos.

A los primeros, los de Hacienda, les pide que determinen la posibilidad de delitos contra la Hacienda Pública (art. 305 del Código Penal) en relación con “las obligaciones fiscales” del PP sobre el Impuesto de Sociedades y el IRPF para los ejercicios fiscales de 2007 en adelante (los anteriores habrían prescrito).

Así mismo, consulta sobre los incumplimientos de personas físicas y jurídicas supuestamente perceptoras de rentas procedentes de la denominada “Caja B” del PP, para los mismos ejercicios, teniendo en cuenta además el IVA.

En dichos informes deberán los peritos calcular las cuotas que en cada caso proceda, es decir, qué cuotas se pudieron defraudar, y en este sentido el juez apunta en concreto que estudien el caso de Gonzalo Urquijo, el arquitecto que reformó la sede del PP y que podría haber cobrado en dinero negro a cambio de dicha tarea.

En el segundo bloque de informes el juez pregunta a la Intervención si hubo vinculación “entre las cantidades dinerarias supuestamente percibidas por el PP” a través de los imputados Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas (los dos ex tesoreros del partido incriminados en la causa) y contratos concedidos por las administraciones públicas controladas por esta organización de las que hayan resultados beneficiadas las sociedades donantes.

Así mismo, el juez han resuelto rechazar el recurso que ante él presentó el extesorero del PP Luis Bárcenas, en prisión preventiva por esta causa, en contra de la fianza, para cubrir sus eventuales responsabilidades civiles, de 43.250.000 euros.

El rechazo por parte del juez, que era previsible porque el juez ya tomó esta decisión, abre el plazo de diez días que el magistrado concedió para que Bárcenas deposite la fianza citada, pues de no hacerlo podría acordarse el embargo de sus bienes.

En paralelo a estos informes, Ruz pide a la Fiscalía que informe sobre la solicitud de algunas acusaciones de citar a declarar a Mariano Rajoy Brey, María Dolores y otros dirigentes del PP por las acusaciones de Bárcenas sobre cobro de sobresueldos.