Bruselas decide que los inversores devuelvan las bonificaciones recibidas entre 2007 y 2011

La CE deja margen para que Hacienda no recupere toda la ayuda a los astilleros

El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, atiende a los medios de comunicación
El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, atiende a los medios de comunicación EFE
Bruselas / Madrid

El Gobierno acogió ayer con alivio la decisión de la Comisón Europea sobre las ayudas fiscales a la construcción naval, que tendrá un impacto mucho más limitado de lo temido hace unas emanas. Los inversores, en esencia empresas y bancos, deberán devolver las ayudas recibidas entre los años 2007 y 2011 para financiar la construcción de barcos, mientras que astilleros y armadores quedan liberados.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, señaló que la decisión “no es la que le gusta al Gobierno, pero es mejor que la que había anunciado hace unos días el vicepresidente Almunia”, que propuso que se extendiera hasta 2005 el periodo de devolución de las ayudas. El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, atribuyó la mejora a la presión de Madrid sobre Bruselas, que el lunes llegó al máximo nivel con una llamada del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al presidente de la Comisión, José Manuel Barroso.

Pese al alivio, el Gobierno dice reservarse el derecho a recurrir al Tribunal Europeo de Justicia, lo que hará, según Montoro, “si se estima que las devoluciones son elevadas y excesivas y que perjudican al futuro los astilleros”. Pero otras voces, como la del presidente de la Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijóo, reclaman al Gobierno que ejecute ya el recurso, calificando la medida de “insensible y poco responsable”.

La medida pone en una difícil tesitura al sector, pero la patronal de pequeños y medianos astilleros, PYMAR, aun considerándola injusta, se agarra a las palabras del comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, que descargó la responsabilidad de establecer cuánto dinero deberán devolver los inversores en el ministerio de Hacienda, y piden al Gobierno que atenúe “al máximo” las posibles consecuencias, según su consejera delegada, Almudena López del Pozo.
Desde Hacienda, en cambio, se asegura que habrá que estudiar caso por caso y con la ayuda de Bruselas, por lo que aún no proporcionarán ninguna cifra aproximada. Con el tax lease se financiaron 273 operaciones entre 2002 y 2011, en torno al 65% a partir de 2007. El sector valora el total de dichos contratos en el entorno de los 20.000 millones de euros. Tampoco concretó ayer Almunia, pero sí aseguró que las cantidades a devolver que se han venido manejando “no tienen mucho que ver con la cifra final”.

Castigo a los inversores

La resolución se aleja de la que adelantó Almunia a medidados de junio en una entrevista a Antena 3. Bruselas quería exigir la devolución de ayudas a partir del 13 de abril de 2005, fecha en que se abrió expediente a Francia por un régimen fiscal similar al tax lease español. Pero definitivamente se libran todas las desgravaciones obtenidas antes del 30 de abril de 2007, cuando se publicó en el Boletín Oficial de la UE la decisión final sobre Francia, y exime a los armadores, grandes beneficiarios del tax lease pues obtienen, según la CE, una rebaja de entre el 20% y el 30% en el precio final del buque.

La devolución solo afectará a algunos “contribuyentes españoles adinerados”, como define la CE a los inversores a los que el tax lease les ofrecía la posibilidad de reducir su base imponible mediante la financación de los astilleros. Entre ellos, Bruselas menciona de forma explícita al sector financiero español. “Se han beneficiado ilegalmente de ventajas fiscales que no les correspondían”, señaló tajante Amunia.

La decisión abre a partir de ahora tres vías de escape para que los inversores mantengan una parte de las desgravaciones obtenidas: primero, porque reconoce la legalidad de una de las medidas fiscales, la amortización acelerada de la inversión; segundo, porque acepta el derecho de los inversores a un rendimeinto acorde con la situación del mercado; y tercero, porque condona la devolución de la parte de la ayuda que benefició a los armadores, siempre que no supere ciertos límites.

El sector, por su parte, mantiene la esperanza de que el nuevo sistema de ayudas acordado con Bruselas mantenga las inversiones para salvar sus 87.000 puestos de trabajo.

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