El Gobierno se plantea recurrir la decisión de Bruselas

El ministro de Industria José Manuel Soria ha asegurado que el Gobierno se reserva el derecho a recurrir Desde el Ejecutivo se indica que tendrá que analizarse de forma conjunta con Bruselas la cuantía de las devoluciones.

El ministro de Industria, Comercio y Turismo español, José Manuel Soria.EFE

El Gobierno estudiará recurrir ante el Tribunal Europeo de Justicia la decisión adoptada hoy por la Comisión Europea, que establece la devolución de las ayudas recibidas por el sector naval entre los años 2007 y 2011. Así lo ha confirmado el ministro de Industria, José Manuel Soria, en los pasillos del Senado, afirmando que el Ejecutivo se reserva ese derecho y que la decisión final es mejor que la anunciada en un principio, ya que la primera propuesta era devolver las ayudas desde el año 2005. 

La devolución de las cuantías corresponderá a los inversores que se beneficiaron de las ayudas y las deducciones, y no a los astilleros o armadores. Desde el Gobieno se indica que en estos momentos no puede establecerse una estimación sobre la cuantía total a devolver, dada la complejidad del sistema anterior de tax-lease, cifra que deberá consensuarse con Bruselas después de analizar caso por caso. El comisario europeo de competencia, Joaquín Almunia, afirmaba hoy que el cálculo del montante corresponde "a las autoridades españolas"; en concreto a Hacienda. El ministro Soria afirmaba la semana pasada que las subvenciones podrían superar los 2.000 millones de euros desde 2005, y el sector elevaba la cantidad a los 2.800. La decisión de la CE establece la devolución de las ayudas a partir de 2007.

Una decisión "cuestionable, insensible y poco responsable"

Las reacciones oficiales a la medida no se han hecho esperar desde las regiones más afectadas por la devolución de las ayudas. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido de forma expresa al Gobierno que recurra ante Estrasburgo y solicite la suspensión cautelar de la anulación,  que ha calificado de “cuestionable jurídicamente, poco responsable desde el punto de vista económico e insensible desde el punto de vista social”, y que existen  "argumentos jurídicos suficientes para ganar” un posible recurso.

El lehendakari vasco Iñigo Urkullu ha pedido que se trate "con mimo" al sector naval, ya que la retirada de las ayudas  “no contribuye a generar tranquilidad para la confianza en el futuro del sector”, y castiga “a una de las partes imprescindibles para construir barcos”, los inversores que aportan financiación.

 Desde Asturias se pide al Ejecutivo nacional que negocie con Bruselas para que la decisión tenga "el menor impacto posible" en el sector naval, según ha declarado el consejero de la Presidencia Guillermo Martínez, quien cree que lo justo hubiera sido que las ayudas se devolvieran a partir de 2011, cuando fueron declaradas ilegales.

"Injusta y discriminatoria"

La patronal de astilleros privados Pymar entiende que existen “esperanzas” para el sector porque el comisario de la competencia, Joaquín Almunia, ha dicho que deja en manos del Gobierno español el cálculo de la cuantía de las devoluciones. No obstante, la patronal considera la decisión de Bruselas “injusta y discriminatoria”, por lo que no descarta recurrirla, entre otras posibles acciones legales que sus dirigentes han rehusado detallar.

La Comisión Europea ha dictaminado hoy que los inversores que se beneficiaron de bonificaciones fiscales por invertir en la construcción de buques mediante un procedimiento de tax-lease (arrendamiento financiero) deben devolver a Hacienda las cantidades que no pagaron entre 2007 y 2011.

Para el presidente de Pymar, Alvaro Platero, la obligación de devolver ese dinero es “absolutamente injusta” porque el sistema de ayudas fue avalado en 2009 por la entonces comisaria de la Competencia y porque a Francia no se le obligó a devolver las ayudas dadas bajo un sistema similar al español.