Tribuna

Responsabilidad legal y derechos en la crisis

Vivimos en un país en el que bien por modus vivendi, bien por falta de interiorización, los ciudadanos se sitúan en no pocas ocasiones de espaldas al sistema judicial o, al menos, con un claro desconocimiento de cuáles son sus derechos. En palabras llanas, nos acordamos de santa Bárbara cuando truena.

Poniendo un símil fácilmente entendible, igual que es muy raro encontrar personas que acudan regularmente al médico para hacerse un chequeo y prevenir posibles enfermedades, el español solo acude al abogado como medida terapéutica una vez que se ha presentado la patología, lo que dificulta muchas veces la resolución de los casos.

Incluso ante situaciones absolutamente determinantes del desarrollo de nuestra vida, como por ejemplo la compra de una vivienda, operación que va a influir drásticamente en el devenir de la vida económica de nuestra unidad familiar, la mayoría de nosotros confiamos en un grupo de profesionales que intervienen en la operación, agentes de la propiedad, empleados del banco... pero rara vez se nos ocurre dejarnos asesorar por un abogado, que realmente es quien puede velar por nuestros intereses, y quien de una manera objetiva nos puede indicar cuál es la operación que realmente nos conviene.

Esto hace que el ciudadano muchas veces desconozca cuáles son sus derechos. Esto unido a otro mal endémico de nuestra sociedad que es el arraigado pensamiento de que los servicios profesionales son muy caros y solo pueden permitírselos las personas con rentas muy altas. Lo que por cierto no es verdad.

Por eso, ante ciertas situaciones injustas, muchas veces el ciudadano no sabe cómo reaccionar, no sabe si tiene derecho a reclamar o ante quién debe hacerlo.

Por ejemplo, ante un accidente de tráfico, puede ser que exista una responsabilidad por parte de la Administración por un deficiente estado del firme, o por falta de señalización… y esto la mayoría de la gente no lo sabe.

Lo mismo sucede en accidentes ocurridos en centros comerciales, en el metro… donde obviamente existe una responsabilidad de sus gestores, cosa que en muchos casos es desconocida por el accidentado. Estos hechos, desde luego no son solo achacables a los ciudadanos, sino que en muchas ocasiones los abogados nos hemos distanciado de la realidad. Por ello, es necesario que los profesionales del derecho demos un paso adelante, tratando de lograr un acercamiento a la sociedad que es a todas luces necesario.

Los nuevos medios de comunicación son un gran vehículo para lograr este fin, y los despachos de abogados se han dado cuenta, apostando firmemente por canales alternativos para dar a conocer y acercar sus servicios a los ciudadanos.

La actual situación de crisis ha agravado más si cabe el estado de indefensión del particular y el abuso tanto por parte de las compañías aseguradoras, como de Administraciones públicas o gestoras refugiadas en manos de grandes compañías, que siendo plenamente conscientes del daño o perjuicio inferido al particular: 1) no realizan actuaciones conducentes a prevenir que dichas acciones dañosas se reiteren, y 2) con base en su mayor fortaleza económica, coaccionan al ciudadano a tener que acudir a los tribunales para ver resarcido su derecho o, en el peor de los casos, esgrimiendo técnicas dilatorias basadas en su infundamentada pesada burocracia con la única finalidad de llegar a hacer morir el derecho de este.

Tal hecho, por tanto, hace cobrar más fuerza a la necesidad del uso por el ciudadano de las herramientas que ofrece nuestra actual sociedad de información y las plataformas generadas por especialistas del Derecho, 1) para poder aplicar desde el minuto uno el ejercicio del derecho en nombre y representación del damnificado, pudiendo hacer valer su derecho con mayor celeridad y eficacia, 2) para poder convertirse dichas plataformas en grupos de presión y combatir los citados abusos de poder.

Los actuales abogados, por tanto, debemos tener como papel no solo la defensa de los intereses de los damnificados, sino tareas de mayor índole teleológico como es el formalizar una responsabilidad social en orden a combatir los citados desequilibrios, y crear una conciencia colectiva unívoca en el tratamiento y resarcimiento de dichas responsabilidades.

Socio director de MMYA ABOGADOS y emprendedor legal.

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