El Gobierno subirá la luz el 3,2% en agosto

El Consejo de Ministro aprueba la reforma eléctrica Recortes de 2.700 millones a las empresas Las eléctricas pagarán el bono social

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro de Industria, José Manuel Soria, y el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, tras la rueda de prensa del Consejo de MinistrosPablo Monge

El Consejo de Ministros acaba de aprobar el paquete de medidas que componen la llamada reforma eléctrica con la que se pretende poner fin al déficit de tarifa, que supera ya los 26.000 millones de euros. Se trata de una docena de normas que inlcuye un real decreto ley de estabilidad financiera del sistema; un complejo proyecto de ley para reformar la Ley Eléctrica de 1998, ocho reales decretos y dos órdenes ministeriales. Según ha declarado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sánez de Santamaría, en rueda de prensa, se trata de la "reforma definitiva" para solucionar el agujero del déficit de "una manera equitativa". Por su parte, el titular de Industria, José Mauel Soria, ha asegurado que "cuando el interés general no coincide con el interés legítimo de las empresas, prima el interés general".

La reforma, "que no se ha casado con nadie", en palabras de Soria, supone un fuerte recorte para las actividades reguladas (transporte y distribución), la eliminación del sistema de primas a las renovables y una subida de las tarifas de acceso en el mes de agosto del 6,6%, que se traducirá en un 3,2% en la factura final del usuario doméstico. Según los datos que ha aportado el Gobierno, de no realizarse esta reforma y las anteriores, la factura eléctrica habría tenido que subir un 42%.

Con todo ello se pretende cubrir los 4.500 millones de déficit que aún se ha generado este año que pagarán las empresas con un recorte de 2.700 millones en sus ingresos (al 50% entre las eléctricas tradicionales y las renovables); 900 millones con una aportación de los Presupuestos del Estado destinados a pagar las subvenciones de los sistemas extrapeninsulares (en realidad, la ley obliga a Hacienda a aportar la totalidad de este coste, que este año asciende a 1.800 millones) y los 900 millones restantes los pagarán los consumidores con la subida de los peajes antes citada.

Según los datos del Gobierno, las medidas adoptadas por él hasta ahora (esencialmente, la aplicación de nuevos impuestos a la producción eléctrica) han logrado corregir en 6.000 millones el déficit tarifario. Fuentes del Ministerio de Industria ha reconocido que aún quedará algún fleco para 2014 y no descarta que los Presupuestos del año que viene inlcuya alguna partida añadida para la tarifa eléctrica.

Se compensará a los pequeños consumidores y se penalizará la factura de las egundas viviendas

La reforma, que fue explicada ayer por la tarde por el secretario de Estado, Alberto Nadal, a las grandes eléctricas de Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España,  Eon España y a su propia asociación) y a los tres grandes grupos de renovables (Acciona, ACS y Abengoa) ha levantado ampollas en todo el sector. A las primeras, porque consideran que los recortes son la puntilla para la disrtribución y las segundas, porque el nuevo sistema las puede dejar sin incentivo alguno.

Los recortes, que se incluirán en el real decreto ley que entrará en vigor de inmediato, se han diseñado partiendo de una rentabilidad "razonable" a la que la ley obliga. Para el Ministerio de Industria, dicho umbral está en un 7,5%, que se basa en las obligaciones del Tesoro a 10 años más 300 puntos básicos, y para la distribución y el transporte, el 4,5% más 200 puntos básicos (en lo que queda de este año, 100 puntos básicos). En el caso de las renovables, estas, que tendrán que ir al mercado sin cobrar una tarifa hasta ahora por lo que generen, recibirán un complemento por la inversión que realizaron en su momento y siempre que mantiengan una mínima producción. Se puede dar la circunstancia de que si la rentabilidad obtenida hasta ahora es superior a la que marca ahora el Gobierno del 7,5%, no reciban ya (o en mucho tiempo) nada. En cualquier caso, no tendrán que devolver dinero alguno -dicen en el ministerio-, como denunciaron el viernes las empresas. El complemento para cada tecnología se establecerá en función de costes estándares para cada una.

En el caso de la fotovoltaica hay dudas sobre qué se considera inversión, si la que inicialmente realizó el promotor o el precio pagado en las reventas que se hicieron de muchas de las plantas. En cualquier caso, por el momento, se mantendrá un modelo transitorio hasta que se resuelva la aplicación del nuevo a finales de año.

El paquete incluye una reducción de los costes de las extrapeninsulares, de los pagos por capacidad y se establece un "mecanismo de mercado para la interrumpibilidad", que no se ha concretado (estas medidas forman parte de los recortes de 2.700 millones a las empresas).

La reforma permitirá también la hibernación de 6.000 de los 26.000 MW de ciclos combinados instalados, que se ahorrarán así los costes variables. El ministro de Industria no ha especificado si serán compensados. Fuentes del sector aseguran que la hibernación se hará mediante una subasta.

El Gobierno establece, asimismo, un mecanismo para controlar los costes de la tarifa, que no podrán sobrepasar un umbral.

Adiós a la TUR y una nueva factura

La actual tarifa de último recurso (TUR), a la que están acogidos ahora la mayoría de los consumidores domésticos (20 millones) pasará a denominarse Precio Voluntario al Pequeño Consumidor, según una de las medidas de la reforma. Las comercializadoras habilitadas para suministrar a los domésticos podrán hacer descuentos y ofertas, algo que las actuales CUR no pueden hacer .

Otra medida importante es que se mantiene el bono social para consumidores vulnerables, aunque se desconoce en qué condiciones, pero sí que lo financiarán de nuevo las eléctricas.Una sentencia del Supremo dio la razón a las cinco empresas de Unesa que consideraron en su día discriminatorio que ellas solas y no otras empresas del sector pagaran dicha tarifa social. También cambia el modelo de la factura, para hacerla más simple y comprensible para el consumidor.

Además, se modifica la estructura de los peajes, de tal manera que se reducirá la tarifa para el consumidor medio y se penalizará la factura de las segundas viviendas.