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Atenas, principal punto de la agenda

El Eurogrupo debate hoy la situación de Portugal, Grecia y España

El ministro de Economía y Competitividad español, Luis de Guindos (i), conversa con su homólogo sueco, Anders Borg (d), y con el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem
El ministro de Economía y Competitividad español, Luis de Guindos (i), conversa con su homólogo sueco, Anders Borg (d), y con el presidente del Eurogrupo, Jeroen DijsselbloemEFE

Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro se reúnen hoy en Bruselas con una agenda cargada. Tras confirmar la troika formada por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que ha legado a un acuerdo con las autoridades de Grecia sobre las políticas económicas y financieras necesarias para continuar su programa de ayudas al país, toca la validación por parte de los ministros de Finanzas de la zona del euro.

El Eurogrupo revisará también la marcha del programa de asistencia financiera concedido a España para sanear su sistema bancario y el cumplimiento de las condiciones asociadas al mismo, una cuestión en la que se espera que den su visto bueno sin entrar en un debate amplio.

Grecia

Grecia vuelve a ser el principal punto de la agenda del Eurogrupo. La troika señaló, en un comunicado, que ha concluido su misión de revisión de las políticas griegas y que ha logrado un consenso con el país heleno, que debe acometer medidas de ajuste adicionales para que la CE, el BCE y el FMI le desembolsen 8.100 millones de euros del siguiente tramo de ayudas.

La troika destacó que el pacto con las autoridades griegas versa sobre las “políticas económicas y financieras necesarias para garantizar que el programa vaya por el buen camino para alcanzar sus objetivos”.

Las dos partes coincidieron en que la perspectiva macroeconómica “continúa ampliamente en línea con las proyecciones del programa”, con “expectativas de un retorno gradual al crecimiento en 2014”. En cualquier caso, subrayaron que “la perspectiva sigue siendo incierta”.

La troika afirmó que las autoridades griegas se han comprometido a emprender acciones correctivas para “garantizar el cumplimiento de los objetivos fiscales para 2013-2014 y conseguir un equilibrio primario este año”.

Indicó que esas acciones incluyen pasos concretos para tener más control sobre los gastos excesivos en el sector sanitario, reformas en los impuestos a los ingresos y a la propiedad y en los códigos de procedimiento fiscal, y un refuerzo de la autonomía y eficiencia de los ingresos de la administración.

Las autoridades griegas también se han comprometido, según la troika, a tomar medidas para enderezar las reformas de la administración pública, como completar los planes de personal para finales de año, incluir a los funcionarios en el plan de movilidad y redistribución, y cumplir los objetivos acordados para las “salidas obligatorias” de trabajadores.

Por otra parte, la troika subrayó que, con la recapitalización del sector bancario prácticamente completada, las autoridades griegas se han comprometido a dar más pasos para salvaguardar la estabilidad financiera a través de la venta de dos “bancos puente” y la finalización de su estrategia de un sistema bancario basado en cuatro pilares.

“Estas reformas son un nuevo paso importante para facilitar el ajuste y permitir el crecimiento”, consideraron las tres instituciones.

Portugal

Los Diecisiete también debatirán la situación política en Portugal, una cuestión que no está recogida en la agenda de la reunión, pero que será analizada ante la inquietud que ha creado entre los socios de la moneda única la crisis de Gobierno abierta la semana pasada.

Portugal presentará a sus socios el acuerdo alcanzado entre los dos partidos conservadores este sábado, que busca asegurar la supervivencia de la coalición gubernamental y despejar las dudas de que Lisboa sea capaz de mantener sus compromisos reformistas.

Las dudas en torno a la continuidad del Gobierno luso provocaron una dura reacción de los mercados, con el desplome de la bolsa de Lisboa y un pronunciado aumento de su prima de riesgo, y llevaron a Bruselas a pedir a los partidos gobernantes que pusieran fin a sus diferencias.

España

Por otra parte, el Eurogrupo prevé dar su visto bueno a la marcha del programa de asistencia financiera a España en base a las conclusiones de la última misión de la troika en el país, que constatan que el cumplimiento de las condiciones asociadas al mismo “van bien”, según fuentes de los socios de la zona del euro.

Los Diecisiete tienen la vista puesta en el final del programa, que expira en diciembre, aunque mañana no se espera una discusión en profundidad sobre este asunto, que sí centrará la próxima misión de la troika que arrancará entre finales de agosto y principios de septiembre, de acuerdo a las mismas fuentes.

Uno de los posibles asuntos a analizar es si ese programa podría prorrogarse más allá de su fin en diciembre, aunque esa es una opción que el ministro de Economía y Competitividad español, Luis de Guindos, ha rechazado en varias ocasiones.

En cambio, la Comisión Europea eludió recientemente descartarla e indicó que evaluará la situación y los potenciales riesgos en otoño, en concreto, si las entidades españolas serán capaces de afrontar la cobertura de las nuevas exigencias de provisiones para los créditos refinanciados por el sector, que ascenderán a unos 10.000 millones de euros.

De los 100.000 millones de euros que los socios europeos concedieron a España para recapitalizar la banca, hasta el momento solo se han utilizado algo más de 41.000 millones, y el Gobierno español ha asegurado en varias ocasiones que no pedirá más financiación.

Un elemento que genera inquietud en Bruselas es el impacto que el plan andaluz de expropiación temporal de vivienda puede tener sobre el sistema financiero español, aunque el Gobierno español no cree que esto ponga en duda la buena marcha del programa de asistencia financiera a la banca, según fuentes del Ministerio de Economía.

La CE envió en junio una carta al Gobierno español en la que señalaba que ese decreto podría ser visto como un factor que debilita la calidad de los activos bancarios y generar incertidumbre jurídica para los inversores nacionales e internacionales, por la coexistencia de legislaciones con respecto a los desahucios en España.

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