Editorial

Sentido común para el mercado

El proyecto de ley de Garantía de Unidad de Mercado que el Consejo de Ministros aprobó el viernes ha permitido dar a conocer la verdadera dimensión de la jungla normativa que bloquea los mercados en España. El Gobierno ha cuantificado en 6.000 las normas –entre estatales, autonómicas y locales– que vulneran la unidad de mercado y contradicen dos de los principios que integran la Unión Europea: la libertad de prestación de servicios y la libre circulación de mercancías. Disparates legislativos como el que obliga a las empresas a contar con una sede física en una localidad para poder presentarse a un concurso público; o el que exige a las compañías editoriales pedir 17 permisos –uno por región– para publicar un encarte en un periódico explican muchas de las inadmisibles dificultades que los empresarios españoles deben afrontar en su día a día.

 La norma elaborada por el Gobierno parte en primer lugar del sentido común, una virtud que no siempre está presente cuando se hace uso de la técnica legislativa. El texto establece el principio de licencia única para operar en el mercado, es decir, obliga a los operadores económicos a aplicar su legislación de origen para operar en todo el país sin exigirles permisos o papeleos añadidos. En la práctica, ello se traduce en que las empresas que quieran comercializar productos en dos o más territorios podrán hacerlo con una única licencia expedida en su comunidad autónoma. En el caso de los prestadores de servicios, junto a la exigencia de esa licencia es obligatorio cumplir con los requisitos de la localidad de destino de esos servicios, tal y como sucede en el resto de Europa.

A la hora de abordar el problema de la fragmentación de mercados, el Gobierno ha descartado propiciar una limpieza a fondo de la maraña legislativa y ha optado por una solución menos expeditiva y también políticamente menos conflictiva. Por un lado, el propio Ejecutivo trasladará a las conferencias sectoriales con las comunidades y los ayuntamientos peticiones de homogeneización de la normativa. Por otro, particulares y empresas podrán acudir a la futura Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que esta recurra ante la Audiencia Nacional cualquier regulación que pueda vulnerar la unidad de mercado. Pese a que la futura ley establece un plazo de cinco días para que el organismo responda a esas peticiones, habrá que esperar para saber si se trata de un periodo de tiempo asumible o si la carga de trabajo desbordará al organismo. En cualquier caso, la futura ley es, en sí misma, una excelente noticia y lo es no solo para las empresas españolas, sino para los inversores extranjeros. Su tramitación en las Cortes, que será por vía de urgencia, constituye una excelente oportunidad para agilizarla y mejorarla.

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