Editorial

Bruselas pasa el testigo a los Estados

L a cumbre europea de jefes de Estado y de Gobierno que se celebra en Bruselas se ha iniciado rodeada de un cierto ambiente de transición política. Los líderes europeos han acudido a la capital belga conscientes de que las instituciones comunitarias afrontan prácticamente la recta final antes de su renovación, así como de unas cruciales elecciones alemanas que están casi a la vuelta de la esquina. La atmósfera política en la reunión, que tiene previsto concluir hoy con la aprobación de un modesto plan de estímulo económico, trasluce unas instituciones satisfechas por haber completado sus deberes en esta crisis –estabilizar la zona euro y atajar los temores de ruptura de la moneda única– y decididas a pasar el testigo a los líderes de cada estado miembro, en especial, a los de la Europa periférica, para que completen el trabajo. Prueba de ello es el limitado alcance de la hoja de ruta de esta cumbre, uno de cuyos objetivos es acordar que los 6.000 millones de euros del nuevo fondo para combatir el paro juvenil en Europa, que fue aprobado en febrero, puedan concentrarse en 2014 y 2015, en lugar de en los siete años previstos inicialmente. España recibirá casi 2.000 millones de euros de esa cantidad. No en vano nuestra tasa de desempleo juvenil –del 56,4%– es la segunda más alta de la UE, solo por detrás de la de Grecia.

 La decisión de concentrar el uso del fondo en los próximos dos años beneficia a España, pero no deja de ser un gesto menor. La gran asignatura que Madrid y el resto de las economías periféricas necesita librar cuanto antes es la puesta en marcha de un mecanismo que permita canalizar crédito a las pymes de los países más castigados por la crisis, cuyo coste de endeudamiento es sustancialmente mayor que el del resto de la eurozona. El apoyo de la cumbre a la propuesta de la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para lograr ese objetivo parece claro, pero todavía queda por decidir cuál será la fórmula elegida –de las tres que contiene el documento propuesto por ambos organismos– para llevarla a cabo.

Otro de los hitos importantes alcanzados estos días ha sido el acuerdo adoptado en la madrugada del jueves por el Ecofin sobre el proyecto de directiva de recapitalización y liquidación de entidades financieras en dificultades. El texto, que ha de continuar ahora su correspondiente tramitación en el Parlamento Europeo, prevé la imposición de pérdidas a accionistas y acreedores para financiar los rescates bancarios, con la única salvedad de los depósitos de menos de 100.000 euros. Sin duda, no le falta razón a Europa para exigir a los países miembros que hagan su parte del trabajo que resta –cumplir con los objetivos de déficit fiscal y completar reformas estructurales pendientes–, pero también la gobernanza europea tiene ante sí una urgente hoja de ruta que culminar.

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