Los notarios solo reconocen tres errores con el DNI de la Infanta

Hacienda responsabiliza a notarios y registradores de once de los trece fallos Los inspectores preguntan por qué no se investigó a la infanta si el sistema informático le atribuía 13 inmuebles

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante su intervención hoy en el Congreso. EFE

Dos semanas después de que Hacienda remitiera un informe al juez José Castro en el que se atribuía por error trece operaciones inmobiliarias en 2005 y 2006 a la infanta Cristina, las explicaciones contrapuestas se suceden. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, mantiene que de los trece errores, once son responsabilidad de notarios y registradores al trasladar la información de las operaciones a un DNIcon el número 14 y sin letra de control. Ello provocó que el sistema informático de la Agencia Tributaria imputara las compraventas a la Infanta, cuyo DNIes el 14Z. Hacienda solo reconoce como propios dos de los trece errores que justifica por un fallo “al incorporar las operaciones en sus bases de datos”.

El Consejo General del Notariado rechaza la interpretación de Hacienda, aunque reconoce que en las fichas electrónicas remitidas se han detectado tres fallos en los que, efectivamente, en algunos de los campos a rellenar se incluyó el DNI 00000014. En cualquier caso, quedarían otras ocho operaciones que se atribuyeron por error a la infanta y sobre las que discrepan notarios y Hacienda. El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, aseguró ayer que “los procedimientos han mejorado” y defendió que ahora “esos errores no se producen”. En cualquier caso, recordó que Hacienda recibe más de mil millones de datos al año. Bancos, registradores, notarios o compañías eléctricas nutren de información a la Agencia Tributaria.

Más allá del origen de los fallos, la Organización de Inspectores de Hacienda se pregunta cómo es posible que la infanta Cristina no entrara en un proceso de inspección si aparecía –aunque fuera por error– como vendedora de 13 fincas que jamás había declarado. Fuentes de Hacienda rechazaron de forma contundente que existan “agujeros negros” en la Agencia Tributaria o tratos preferentes. Argumentaron que no debe presuponerse que la infanta no ha sido objeto de controles, aunque todo parece indicar lo contrario en la medida en que los errores no se han detectado hasta ahora. Los responsables de Hacienda recuerdan que la Ley General Tributaria prohíbe hablar de casos concretos e insisten en que los hechos ocurrieron en 2005 y 2006.

Luis Pedroche, el que fuera director de la Agencia Tributaria en esos años, rechazó ayer contestar a las preguntas de este periódico. Otro exdirector de la Agencia Tributaria entre 1998 y 2001, Ignacio Ruiz-Jarabo, señaló que los sistemas de control deberían haber alertado de que un contribuyente figuraba como responsable de la venta de trece fincas que no se habían declarado. Jarabo apunta la posibilidad de que se excluyeran a ciertos contribuyentes de los análisis de riesgo o que el sistema informático detectará las operaciones y los responsables no actuaran. Fuentes de Hacienda rechazan tal posibilidad e insisten en que todos los contribuyentes reciben idéntico trato.

La Fiscalía no se quedará con los “brazos cruzados”

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha señalado que la Fiscalía no se va a quedar cruzada de brazos diciendo que ha habido “un error” en el informe de la Agencia Tributaria en la atribución de la venta de trece fincas por parte de la infanta Cristina entre 2005 y 2006.

Torres Dulce ha mostrado su “sorpresa” por este error y ha reconocido que se encuentra “desconcertado”. A pesar de que señaló que corresponde al Ministerio de Hacienda dar  explicaciones, avanzó su intención de intervenir en este asunto. “Si se nos dan las explicaciones correspondientes, las aceptaremos porque se pueden cometer errores y si eso ha podido tener un trastorno procesal, lo analizaremos en su momento” señaló.

La sorpresa de Torres Dulce es compartida por el juez José Castro, que instruye el caso Nóos y que ayer reclamó a la Agencia Tributaria un nuevo informe “comprensible”. El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, defendió que la actuación de la Agencia Tributaria fue acorde con el artículo 95 de la Ley General Tributaria que regula la “cesión de información”. En estos casos, Hacienda transfiere información de terceros sin verificar. De hecho, el informe se limitaba a “pantallazos” de los datos fiscales de la infanta Cristina que aparecían en el ordenador.

Ferre señaló que este es el procedimiento habitual y recordó que el juez José Castro no recurrió en este caso a la figura del “auxilio judicial”, que implica un proceso más complejo en el que toda la información es contrastada. De hecho, fuentes de Hacienda indicaron que hoy volverían a actuar de la misma forma ya que el protocolo de actuación señala que los datos remitidos a partir de una “cesión de información” no se verifican.