Reforma de las Administraciones Públicas

El Ejecutivo planea un estatuto más restrictivo para directivos públicos

El nuevo vínculo clarificará la relación laboral, el proceso de selección y de evaluación de personal

También impulsará cambios “revolucionarios” en la Ley de Función Pública

El secretario de Estado de Administraciones Públicas en el Congreso.
El secretario de Estado de Administraciones Públicas en el Congreso. EFE

Salarios por encima de los 120.000 euros anuales, indemnizaciones por despido de 60 días por año trabajado o contrataciones al margen de toda regulación. Son solo tres ejemplos que han sido noticia en los últimos meses y que elevaron la presión de la oposición para que el Ejecutivo tratara de controlar esos desfases y establecer una normativa común para todos los directivos públicos. De hecho, el grupo popular en el Congreso presentó hace un mes una propuesta en este sentido , que fue aprobada con los votos del PP, UPyD, Foro Asturias y UPN. PNV y Coalición Canaria se abstuvieron y el resto de formaciones votaron en contra.

La propuesta no ha caído en saco roto. El Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, anunció  que el Ejecutivo prepara un nuevo estatuto del directivo público y una nueva ley de función pública en el marco de la reforma de las administraciones públicas que planea. El Gobierno se había comprometido con Bruselas a presentar el informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas antes del 30 de junio. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo hará el miércoles en Moncloa, donde hará público el primer diagnóstico sobre la revisión en profundidad a la que se tienen que someter las administraciones públicas.

“El nuevo estatuto del directivo público viene a llenar ese vacío legal al que se veía sometido la materia gris de la función pública”, remarcó ayer Beteta durante la inauguración de una jornada sobre las Administraciones Públicas organizada por el sindicato C-SIF. En su opinión, la profesionalización de la función directiva es imprescindible. “En esta norma se establecerán las reglas que vincularán al directivo con la administración, cómo será el proceso de selección o la evaluación permanente”, remarcó. Con este cambio, el Ejecutivo está dispuesto a poner luz y taquígrafos en las retribuciones y las relaciones laborales de los directivos de las empresas públicas. Y para ello, el Ejecutivo quiere que se aplique en su totalidad la ley de transparencia sobre el conjunto de las administraciones. “Responsabilidad es la palabra que debe conducirlas. Ahora que se empieza a ver un repunte de la economía, es esencial la transparencia para que los ciudadanos puedan conocer el uso de los fondos públicos”, señaló Beteta.

La otra norma que se modificará será la Ley de Función Pública, que regula las relaciones laborales del personal al servicio de las administraciones públicas. Miguel Borra, presidente del sindicato C-SIF, aseguró a CincoDías que la nueva norma debía estar aprobada hace quince años y que tendrá un efecto limitado, en la medida en que todas las comunidades autónomas ya han aprobado las normas que regulan la carrera profesional, la movilidad o la evaluación del desempeño de los empleados públicos. “El Ejecutivo se ha comprometido a comenzar la tramitación de la ley después del verano y a que este refrendada por las Cortes antes de que acabe la legislatura”, aseguró.

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