Editorial

Un sistema de pensiones que ayude a la economía

El Gobierno está obligado a hacer una intensa reforma del sistema de pensiones no porque así lo sugiera o lo exija la Unión Europea, sino porque camina inexorablemente al precipicio de su insolvencia, salvo que un cambio brusco del viento ponga en marcha el crecimiento económico y en unas proporciones generosas. Las modificaciones introducidas en 2011, aunque bien encaminadas, no son suficientes para recomponer a tiempo el mecanismo de pensiones, no son suficientes como para neutralizar el deterioro que la recesión está inflingiendo a las cuentas, y se corre un riesgo real de insolvencia. Este año y el pasado las cuentas se han cuadrado con los ahorros del pasado, con el fondo de reserva que comenzó a capitalizarse en 2000; pero con agujeros anuales de unos 15.000 millones como el que se generará este año entre cotizaciones y prestaciones, la asistencia de las reservas tiene los años contados. Hay, por tanto, que actuar rápido: este año mejor que el que viene, pero no debe pasar del que viene.

Los expertos designados por el Ejecutivo para elaborar propuestas correctoras del desequilibrio financiero han terminado ya su trabajo, y casi todos ellos se inclinan por actuar ya en 2014 sobre el gasto, aunque hay ponentes que consideran que hay margen financiero con el fondo de reserva como para evitar el año próximo una nueva congelación de pensiones. Los expertos aportan dos mecanismos correctores: uno inmediato y coyuntural, y un segundo estructural. El primero es un formato de revalorización que, excluido el indicador de precios usado hasta ahora, se acopla en función de los ingresos y los gastos previstos para el ejercicio en cuestión. En el mejor de los casos congelará las cuantías, con la consiguiente pérdida de poder de compra, pero no habrá nunca reducción nominal de prestaciones.

Además de este mecanismo que afecta a las pensiones en vigor, proponen uno para determinar la primera pensión de los nuevos pasivos en función del año de jubilación y de la esperanza de vida que en tal año se estime que tendrá esa cohorte de pensionistas. Este sí recoge reducciones en las pensiones futuras, puesto que la evolución demográfica y el cambio radical en la estructura de salarios que se espera que se produzca en el país no deja margen para otra cosa.

En todo caso, será el Gobierno, si es con la ayuda de los grandes partidos en el Congreso mejor que mejor, quien ponga en norma timbrada estas propuestas tal cual están, con modificaciones, u otras diferentes. Resuelta toda duda sobre el cuándo y en qué sentido de la reforma, el Gobierno tiene que echar una pensada larga a las modificaciones, puesto que con ellas tiene que convertir al sistema de retiro en una institución que haga aportes importantes a la actividad económica, y que en absoluto la desincentive. Ahora, con la acumulación de pérdidas y el retraso en las soluciones, las pensiones están empezando a convertirse para la gente en una creciente preocupación, porque las certezas del pasado se han empezado a resquebrajar, tanto intelectual como financieramente. Hay que recomponerlas, puesto que uno de los pilares del consumo y la inversión de hoy es la seguridad en la renta de retiro de la población. La seguridad generará confianza, y despejará una de las incógnitas que la crisis ha generado en la ciudadanía. Si la población va a disponer de menos pensión, aunque tenga que aportar más, debe saberlo cuanto antes, porque así recompondrá sus expectativas de ahorro e inversión para ganar seguridad financiera futura.

Pero de qué sistema de pensiones se configure tras los cambios, que deberá mantener el reparto pero con más contributividad, dependerá también que absorba más o menos recursos que podrían tener un destino distinto, y que podrían convertirse en un motor de crecimiento económico, y, por tanto, devolver recursos al sistema. De qué pensiones se establezcan, con qué espacio para el ahorro privado y con qué formatos de financiación (con qué cotizaciones, que gravan al empleo), dependerá en parte la evolución financiera del sistema, y por inducción, de toda la economía. En el mismo debate debe estar la configuración futura de la fiscalidad del ahorro, del trabajo y de las rentas de capital, que el Gobierno quiere modificar en 2015, y que deben contribuir a estabilizar las finanzas públicas, también las pensiones, y a recuperar la actividad.

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