El alza fiscal al carburante que pide Bruselas elevaría un 7,5% su precio
España tiene la gasolina más cara antes de impuestos entre los grandes de la UE Es el país en el que los tributos tienen menos peso en el precio final
La pasada semana se alcanzó un hito que no se había logrado en España. Los impuestos alcanzaron por primera vez la mitad del precio de venta al público de la gasolina de 95 octanos. En concreto, según los datos aportados por la Comisión Europea, llegó al 50%, mientras que para el gasóleo se mantuvo en el 45%. En ese progresivo incremento han desempeñado un papel fundamental las últimas subidas de impuestos: el IVA que grava los carburantes pasó del 18% al 21% en septiembre, una gran mayoría de comunidades optó por aplicar el recargo máximo del “céntimo sanitario” y la bonificación a los biocombustibles (la ley establece un porcentaje mínimo de mezcla) desapareció el 1 de enero de 2013.
Pese al mayor protagonismo de los impuestos y al incremento de precio de venta al público, la fiscalidad con la que grava España a sus carburantes está lejos de la media europea, situada en el 57% en el caso de la gasolina de 95 octanos (siete puntos porcentuales más que en España) y en el 50% en el diésel (cinco puntos más).
Lo que propone Bruselas es que la fiscalidad española se equipare a la del resto de sus socios europeos. Con los actuales precios medios de venta al público (1,437 euro por litro de gasolina y 1,348 por litro de gasóleo), ese incremento impositivo dispararía los precios de venta al público un 7,5% de media. El litro de gasolina de 95 octanos se encarecería un 9% y llegaría a los 1,56 euros, mientras que el de gasóleo aumentaría su precio un 6% hasta los 1,43 euros. Todo ello calculado en un entorno de cotización del crudo a la baja. El del barril de Brent, de referencia en Europa, se ha estabilizado en torno a los 100 dólares. La aparición de un conflicto en alguna zona productora o un repunte del consumo en los emergentes podría presionar al alza la cotización internacional e incrementar aún más el precio de venta al público en España.
El consumo de gasolina y gasóleo ha retrocedido a niveles registrados en 2002
El Ejecutivo descarta tocar los impuestos por ahora, ya que cuenta con un margen de nueve meses (Bruselas le ha pedido cambios en marzo de 2014) y porque un incremento de precio podría dar la puntilla a un consumo de hidrocarburos que está bajo mínimos, en gran medida por el repunte imparable del desempleo y las malas perspectivas económicas. A finales de 2012, el consumo se desplomó un 6,1% y bajó a niveles que no se registraban desde 2002. Esa tendencia, lejos de contenerse, se ha agravado en el primer trimestre de este año, con caídas del consumo que en algunos casos han sido de dos dígitos.
La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) ofrece hoy el avance de consumo de abril que según apuntó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una entrevista a CincoDías ofrecerá datos positivos o menos negativos que los ofrecidos en los anteriores meses.
Lo que parece claro es que llenar el depósito será más caro. Pese a las subidas de impuestos, el precio de venta al público sigue siendo muy inferior a los de otros socios europeos como Alemania, Francia o Italia (ver gráfico).
Soria insistirá en la cruzada contra las petroleras
El Ejecutivo ha responsabilizado a las petroleras del fuerte incremento de precios que han sufrido los carburantes en España y le ha pedido sus márgenes calificados como “abusivos”. Los datos así lo avalan: la gasolina y el gasóleo español son los más caros entre las grandes naciones europeas antes de impuestos, lo que posa el dedo acusador sobre las compañías. Para cerrar esa brecha se ha puesto en marcha un plan para tratar de incrementar la competencia de un sector que está controlado por tres grandes grupos (Repsol, Cepsa y Galp), que copan dos tercios de las ventas y más de la mitad de estaciones de servicio.
Una de las medidas anunciadas por el Ejecutivo se centra en limitar los contratos de abanderamiento (la titularidad de la estación de servicios es del operador y la explotación corresponde a un empresario independiente) de cinco años a un año con el fin de que puedan romper relaciones con más facilidad si no están conformes con las condiciones. El ministro de Industria también ha anunciado que se prohibirán las recomendaciones de precios entre abanderadas de una misma marca y se eliminarán las barreras existentes para la apertura de estaciones de servicios en grandes superficies y centros comerciales.
Fuentes del sector apuntan a que estas medidas tendrán una repercusión mínima sobre el precio de venta al público y que, sin embargo, provocarán una judicialización muy elevada al tener que revisar 4.000 contratos.
