El juez Ruz imputa al presidente de Pescanova por falsear las cuentas

Los cita a a declarar los próximos días 1 y 2 de julio Deloitte quita todos los poderes de gestion y representación a Fernández de Sousa

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado al presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa-Faro, a otros tres directivos de la entidad y al grupo alimentario, como persona jurídica, por falsear sus cuentas anuales y utilizar información relevante.

Así consta en un auto dictado dictado ayer miércoles por el magistrado, que cita a declarar a los imputados los próximos días 1 y 2 de julio. Ruz se ha declarado competente para instruir esta causa y admite parcialmente a trámite tres de las cuatro querellas presentadas contra los responsables de la empresa.

Además de Fernández de Sousa-Faro, el juez ha imputado al consejero Alfonso Paz-Andrade por los delitos de falseamiento de información económico-financiera, falseamiento de las cuentas anuales y uso de información relevante. Este último delito también lo atribuye a los accionistas José Alberto Barreras y José Antonio Pérez-Nievas.

Ruz que acuerda estas diligencias a petición de la Fiscalía Anticorrupción, también rechaza en su resolución la intervención judicial de la empresa, al considerar que está siendo sometida a un proceso de administración concursal. En su auto señala que de las querellas se desprende que los administradores de Pescanova aprobaron unas cuentas anuales “que no se ajustaban a la realidad” y que utilizaron para dar “una imagen irreal de su situación económica y patrimonial” que llevó a los inversores a adquirir los paquetes de acciones de la entidad. Ni las cuentas anuales, ni los folletos informativos ni los informes financieros “reflejaban la imagen fiel de Pescanova”.

Ruz explica que, entre agosto de 2012 y enero de 2013, varios analistas financieros “recomendaron la inversión en esos valores atendiendo al signo positivo” de la información económica difundida por Pescanova. Destaca en este sentido que Sousa, el 16 de noviembre de 2012, avaló personalmente ante varios inversores las cuentas positivas de la entidad. Dentro de este periodo en el que se ofreció una información financiera y patrimonial irreal, Pescanova realizó una ampliación de capital.

Ruz subraya igualmente que, según los querellantes, el presidente y varios directivos de Pescanova vendieron sus acciones de la entidad poco antes del 28 de febrero, cuando se dio a conocer al público su situación real. Los hicieron para “evitar pérdidas en sus patrimonios personales” y siendo plenamente conscientes “de la verdadera situación económica de la entidad.

Ruz ha ordenado asimismo la práctica de una batería de diligencias, entre las que destaca la petición a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para que se investiguen los “eventuales cambios significativos operados en el patrimonio” de Fernández de Sousa-Faro y de su entorno familiar durante los años 2012 y 2013.

El juez también quiere saber de qué se habló en la reunión que la CNMV mantuvo con representantes de la empresa el 10 de abril. Y pide el informe realizado el pasado mes de abril por la Unidad de Vigilancia de los Mercados sobre la supuesta venta masiva de acciones de Pescanova por parte de la entidad Sabadell BS Bolsa FI en las fechas previas al 28 de febrero. Varias de las querellas cuestionan la actuación de Sabadell BS Bolsa FI ya que, después de aconsejar la compra de títulos, “procedió a la venta masiva de acciones de Pescanova en un momento en el que las mismas experimentaban una subida”, por lo que se sospecha que podría haber utilizado información privilegiada.

“No hay agujero de 3.000 millones”, asegura Sousa

Ayer se produjo la primera comparecencia pública de Manuel Fernández de Sousa desde que a principios de marzo solicitó el preconcurso de acreedores. El medio elegido fue la Cadena Ser, donde negó que hubiese hecho uso de información privilegiada. “Si hubiese querido hacer uso de información privilegiada habría vendido toda la participación”, manifestó. “Si yo no hubiera creído en la compañía, no hubiera metido dinero y no hubiera conservado lo que tengo. He vendido todo lo que no me quedó más remedio que vender”.

No fue él el único que procedió a estas desinversiones: el fiscal también ha solicitado la imputación por esta misma causa de los consejeros y accionistas José Fernández, Alfonso Paz-Andrade, José Alberto Barreras Barreras y José Antonio Pérez-Nievas Herederos. Preguntado a este respecto, Sousa se mostró parco: “Yo respondo por mí mismo”. El estado real de la compañía es, en todo caso, una incógnita. Sousa justificó esta inacción en que la firma estaba a la espera de una desinversión en Chile o la presentación del preconcurso de acreedores. “No hay un agujero de 3.000 millones ni nada por el estilo. Lo que hemos creado durante estos años ha sido valor para la empresa (...), el agujero no existe y hoy el valor de Pescanova excede con mucho a su pasivo”, sostuvo.

En cualquier caso, Sousa también ha admitido errores: “En esta crisis me he equivocado, como no, si no estaríamos en otra situación. Si hubiésemos sabido lo que es la crisis financiera evidentemente no hubiéramos invertido tanto”, aseguró. Y, finalmente, reclamó otro tipo de crédito, el de su compromiso con la sociedad que fundó su padre: Son muchos años, 37 al frente de Pescanova, una vida que he dedicado íntegramente”.

Deloitte quita los poderes al directivo

Deloitte, como administrador concursal de Pescanova, comunicó ayer a la CNMV que ha sustituido al presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, como administrador único en aquellas filiales de la pesquera en las que figuraba con este cargo. En un hecho relevante firmado por Santiago Hurtado Iglesias, en nombre de Deloitte Advisory, anuncia que ha revocado el poder general otorgado a De Sousa y elevado a público en escritura autorizada el 10 de junio de 1993.

Deloitte tomó esta decisión tras conocerse ayer que Fernández de Sousa había solicitado el pasado viernes su relevo como administrador único en las filiales. El directivo gallego queda así relegado de todos los ámbitos de gestión del grupo, después de que el pasado 25 de abril, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra le apartara de la dirección de la empresa, al considerar que “el mantenimiento de la facultades patrimoniales del deudor entraña evidentes riesgos”.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, manifestó ayer que su Gobierno “mantiene el apoyo” a Pescanova con el fin de garantizar la viabilidad y los empleos, pero insistió que las entidades bancarias y los administradores concursales deben cumplir con sus responsabilidades. “La Xunta está haciendo lo que tiene que hacer, está gestionando el dinero de los gallegos. Los bancos están gestionando el dinero de sus clientes y los administradores lo que tienen es que gestionar el día a día para garantizar empleo y la viabilidad”.