72.000 millones de euros limpios para España
Imagínense que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la aplica y logra recaudar 72.000 millones de euros más de lo habitual en un año.
Parece política-ficción y lo es. Pero también se trata de un escenario de lucha contra el fraude fiscal que, al menos en parte, podría hacerse realidad mucho antes de lo previsto.
“Se ha puesto en marcha una dinámica que hace solo dos o tres meses parecía impensable”, señalaron ayer fuentes comunitarias al frente de los preparativos del Consejo Europeo que se celebra hoy en la cumbre comunitaria.
En la agenda de la reunión, según las mismas fuentes, “la lucha contra la evasión fiscal ocupa un lugar prominente porque es un tema de crucial importancia en un momento de consolidación presupuestaria como éste”.
Lo cierto es que el tema lleva años sobre la mesa y languidecía a la espera de un impulso político que no acababa de llegar. En las últimas semanas, sin embargo, ha resucitado como consecuencia de varios escándalos en Alemania y Francia (como el fraude fiscal del presidente del Bayern de Munich o la dimisión del ministro francés de Hacienda tras descubriese su cuenta oculta en Suiza) o de la investigación llevada a cabo por un consorcio periodístico sobre los fondos depositados por contribuyentes europeos (entre otros) en paraísos fiscales de todo el planeta.
La indignación de la opinión pública ante esa fuga de capital y los aprietos presupuestarios de la mayoría de los socios de la UE han obligado a Bruselas a elevar al máximo nivel la lucha contra el fraude. Y aunque la cumbre de hoy estaba destinada en principio a la política común energética, el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, no ha tenido más remedio que incorporar el debate fiscal.
La UE combatirá la evasión fiscal, el fraude en el IVA y la ingeniería contable de las empresas
Con las prisas, Van Rompuy incluso ha hecho suyo el resultado de un informe encargado por el grupo socialista del Parlamento Europeo, que en febrero de 2012 cifró en casi un billón de euros las pérdidas que sufre el erario público europeo como consecuencia de la economía sumergida, el fraude y la ingeniería contable.
El documento calcula que la economía sumergida en España equivale al 22,5% del Producto Interior Bruto del país, lo que supone una pérdida de ingresos para el ministerio dirigido por Montoro de 72.709 millones de euros.
La consultora que elaboró el estudio subraya que esa cifra podría cubrir el 70% del gasto sanitario de España en 2010.
Las cifras son objeto de discusión. Y los propios autores del estudio recomiendan que se utilicen con prudencia. Pero en todo caso, el grupo socialista ha logrado el éxito de que se conviertan en la referencia de una batalla que podría redoblarse a partir de hoy.
“No se trata de acordar en la cumbre medidas concretas sino de aprovechar el clima político actual para dar un empujón definitivo a la lucha contra el fraude y para frenar la erosión de ingresos que sufren los Estados”, señalan fuentes comunitarias.
El borrador de conclusiones de la cumbre apunta en especial a “la planificación fiscal agresiva y el traslado de beneficios” que realizan algunas empresas para saldar sus cuentas con Hacienda en las jurisdicciones más benévolas, como Irlanda, Holanda o Luxemburgo.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, se ha comprometido a presentar antes de final de año una revisión de la directiva de filiales y matrices que, según Bruselas, frenará las prácticas de escaqueo fiscal más descaradas. “Es urgente acabar con esta situación”, afirmó ayer un portavoz oficial de la Comisión Europea. EE UU ha emprendido una batalla similar, centrada de momento en la multinacional informática Apple.
“Starbucks, Google o Amazon operan en Europa y deben contribuir con la parte que les corresponda”, señaló ayer el líder de los socialistas en el Parlamento, el austriaco Hannes Swoboda. “Lo que no puede ser”, añadió, “es que hagan una planificación fiscal y acaben pagando el 1%”.
Luxemburgo bloquea
Pero la Comisión no solo se propone combatir la elusión fiscal de las grandes empresas, sino también la evasión a través de productos de ahorro e inversión o el fraude “colosal”, según fuentes comunitarias, en un impuesto como el IVA.
Según las conclusiones de la cumbre, la CE presentará en junio un proyecto legislativo para extender el intercambio automático de información entre administraciones a todo tipo de rentas.
El Consejo también se compromete a intentar cerrar antes de final de año un acuerdo para compartir información de forma automática con Suiza, Andorra, Liechtenstein, Mónaco y San Marino, cinco de los limbos fiscales situados en el Viejo Continente.
Luxemburgo y Austria supeditan a ese acuerdo su visto bueno a la nueva directiva sobre fiscalidad del ahorro, que extiende el control a los rendimientos canalizados a través de personas jurídicas (fondos, intermediarios y Sicav).
Y el mes que viene se aprobará también la directiva sobre inversión del sujeto pasivo del IVA en el comercio entre empresas, en trámite desde 2009. Esa ley traslada al comprador la obligación de ingresar el IVA en Hacienda para evitar el multimillonario fraude conocido como carrusel.