Bruselas duda de la legalidad del plan del Gobierno andaluz
La Comisión Europea quiere más detalles sobre los planes de Andalucía y otras comunidades autónomas para expropiar temporalmente pisos a la banca, ya que duda de que esta práctica sea compatible con los compromisos adquiridos por España para recibir la ayuda financiera europea.
En una carta remitida al Ministerio de Economía, la Comisión Europea traslada su preocupación por las iniciativas de algunos gobiernos regionales sobre expropiaciones temporales de pisos a la banca, desalojos o el establecimiento de sanciones a las casas vacías.
Bruselas plantea que estas propuestas pueden chocar con los compromisos adquiridos por España con la firma del conocido como MoU, el documento que recoge las condiciones para que el país recibiera fondos de sus socios con los que rescatar su sistema financiero. Por ello pide más información sobre estas medidas con el fin de evaluar si son compatibles con los acuerdos del MoU, al tiempo que lamenta el riesgo de estas iniciativas para la banca, en un momento en el que España está haciendo esfuerzos para lograr la estabilidad de su sistema financiero.
Una advertencia para gobiernos regionales como los de Andalucía y Canarias que hace casi un mes mostraron su disposición a expropiar temporalmente viviendas para evitar los desalojos de familias que no pueden pagar sus hipotecas. En el caso concreto de Andalucía, con 8,4 millones de habitantes y gobernada por el PSOE, el pasado 12 de abril entró en vigor el decreto que permitía las expropiaciones temporales con la intención de beneficiar a unas doscientas personas en una primera fase.
La idea del gobierno regional era hacerse durante un tiempo con viviendas desocupadas propiedad de bancos u otras empresas, que no fueran residencias dedicadas a usos turísticos u ocasionales.
El Parlamento andaluz convalidó este mismo miércoles, con los votos del PSOE e IU y la abstención del PP, el decreto sobre la función social de la vivienda, que establece la posibilidad de expropiaciones temporales para las casas de las familias afectadas por desahucios.
El decreto se tramitará ahora como proyecto de ley, lo que posibilitará la presentación y, en su caso, incorporación de enmiendas, como recordó durante el debate parlamentario la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU).
El Gobierno central aún no ha tomado una decisión sobre si recurrirá el decreto andaluz, pese a las presiones del sector financiero.