Tribuna

Liberalizar a toda costa

Los analistas financieros, cuando recomiendan comprar acciones de una empresa, están obligados a revelar los conflictos de interés que hayan podido influir en la formación de su opinión sobre la empresa en cuestión, de manera que el inversor pueda valorar los sesgos potenciales. Análogamente quiero comenzar manifestando que una persona de este sector me resulta cercana, y que sea el lector quien juzgue si mis opiniones son razonables o están sesgadas por esta circunstancia.

 Aunque el debate sobre la liberalización de las farmacias es antiguo, recientemente parece haberse reavivado. Gaspar Ariño publicó en 2004 un estudio riguroso de carácter general, Privatizaciones y liberalizaciones en España: balance y resultados (1996-2003). En estos temas es fácil llevarse por la ideología, en lugar de ceñirse a los datos.

De la misma forma que no puede afirmarse que la privatización de una empresa mejora necesariamente su gestión, y ahí está Endesa como muestra, ni puede predicarse que toda empresa pública es ineficiente, como demuestra el caso del Banco Hipotecario, conviene precisar cuándo resulta beneficiosa una liberalización. La liberalización supone recorrer el camino de vuelta emprendido cuando se regula un sector. ¿Y por qué se regula un sector o se interviene en los mercados mediante la constitución de una empresa pública? La teoría nos dice que la asignación de recursos es realizada de forma más eficiente por parte de agentes privados, dado su sistema de incentivos. Y la propia teoría económica receta la intervención estatal cuando el mercado no es capaz de proveer determinados bienes o servicios: cuando se produce un “fallo de mercado”.

Asumir el mantenimiento de una zona verde, ofrecer educación y sanidad universal son ejemplos de casos en los que el mercado falla, por problemas como la falta de rentabilidad o el dilema del gorrón o free rider. En estos casos el Estado interviene de manera variada: construyendo hospitales y escuelas públicas, manteniendo en nómina a funcionarios tales como policías, militares, jueces y fiscales, o promoviendo la colaboración público-privada, como en el caso de las infraestructuras. En los sectores regulados, la existencia de un nivel de competencia bajo, así como el hecho de que la provisión de electricidad, telefonía o medicinas resulte esencial para los ciudadanos, ha motivado la legislación de los gobiernos. La liberalización del sector energético se ha saldado con unos resultados que dejan mucho que desear, a diferencia del sector de telecomunicaciones. ¿Debe liberalizarse el sector de las farmacias? Para responder a estas preguntas preguntémonos por qué se ha regulado el sector de las farmacias. ¿Para proteger a los boticarios y hacer, como se ha dicho recientemente, “tradición y corporativismo”?

Existen otros sectores de actividad que podríamos analizar, como los registradores de la propiedad o los notarios, pero la extensión de este artículo nos lo impide. Digamos, eso sí, que el binomio propiedad-titularidad de las farmacias existente en nuestro país, inspirado en la colaboración público-privada que rige las concesiones de autopistas, ha situado a España en la tercera posición de la Unión Europea en número de farmacias, solo por detrás de Francia, que tiene 22.828 farmacias, y Alemania, con 21.441. Adicionalmente, la regulación que ahora se pone en cuestión, y que asegura la provisión de farmacias en función de un doble rasero geográfico y demográfico, hace que en España el 99% de los ciudadanos disponga de una farmacia en su lugar de residencia. No parece desde luego que estemos ante un mercado oligopolístico.

Y si no fijamos en aspectos más cualitativos, preguntémonos: ¿tiene sentido el empleado de una gran superficie dispense medicamentos, sean con o sin receta? ¿Puede asesorar al paciente de forma satisfactoria? Quizá convenga recordar que dispensar fármacos a pacientes no es lo mismo que vender patatas a clientes y por ese motivo existen estudios universitarios de Farmacia, para formar farmacéuticos comunitarios responsables de la dispensación, que descargan al sistema sanitario atendiendo numerosas dudas del mal llamado “cliente” de las boticas.

El farmacéutico es un auténtico agente de salud: realiza una valiosa función de buffer entre los pacientes y los centros de salud, moderando el número de visitas y aliviando la saturación de los centros, además de suponer una garantía para la salud ciudadana, controlando la dispensación con receta y asesorando a los pacientes. ¿Por qué entonces este reverdecer de las tesis liberalizadoras, que la Comisión Europea inició con su carta de emplazamiento al Gobierno español en 2005? Si la UE no está detrás de este debate, ¿por qué está en la agenda del Gobierno? Ojalá no sea porque resulta más sencillo convertirse en adalid liberalizador de un sector no tan poderoso como otros que generar un clima económico que propicie el crecimiento del PIB y la generación de empleo.

José María Nogueira es Economista. jmn@georgetown.edu

Normas
Entra en El País para participar