El Congreso manda al Senado la reforma hipotecaria solo con los votos del PP
El Congreso envía al Senado la reforma hipotecaria destinada a paliar el drama de los desahucios. La previsión es que el texto entre en vigor a finales de mes o comienzos de mayo.
La Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, con facultades legislativas plenas, ha aprobado hoy la reforma hipotecaria con los únicos votos a favor del PP. El grupo, con mayoría absoluta, no ha conseguido el apoyo de ningún otro grupo al rechazar las nuevas enmiendas que estos pedían a cambio.
La norma será enviada al Senado para continuar su tramitación, con lo que el Gobierno espera que el texto entre en vigor a finales de este mismo mes o finales de mayo, como tarde. El contenido, defiende el PP, es un compendio del decreto ley del Gobierno, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), sellada por casi 1,5 millones de ciudadanos y enmiendas de todos los partidos a los dos proyectos.
La principal crítica que hacen los partidos de la oposición, sin embargo, es que el texto resulta “insuficiente” para dar respuesta al drama social de los desahucios. Grupos como el PSOE o la Izquierda Plural se han unido, además, a las críticas de la Plataforma de Afectados de la Hipoteca para denunciar que la norma ignora el espíritu de la ILP presentada, que abogaba por la dación en pago retroactiva y la paralización generalizada de los lanzamientos hipotecarios.
El texto aprobado por el PP, no obstante, sí que supone una cambio sustancial de las actuales reglas del juego hipotecario con las que no se evita que los deudores terminen perdiendo el inmueble adjudicado pero sí se reduce la deuda que les sigue quedando pendiente luego con su entidad.
Entre otras normas fundamentales, la ley limita los intereses de demora, eleva de uno a tres los impagos necesarios para abrir un proceso de ejecución hipotecaria, mejor a la subasta del inmueble adjudicado o establece un calendario de posibles quitas para el afectado.
En paralelo, la ley establece un sistema específico de protección para grupos especialmente vulnerables (familias numerosas, con menores de tres años o discapacitados al cargo, con el deudor en paro, entre otros supuestos, y siempre con rentas inferiores a los 19.000 euros anuales.
Estos grupos verán paralizados sus desahucios durante un plazo de dos años, podrán acceder al fondo de vivienda social -6.000 inmuebles de la banca- si ya han sido desahuciados o ver reestructurada su deuda gracias al código de buenas prácticas hipotecarias.
Rechazo a nuevas enmiendas
Desde el PP aseveran que la formación buscó apoyos a su medida hasta el último momento. Pese a todo, fuentes del PP admiten que ya ayer se daba por perdida la posibilidad de sumar al PSOE entre los votos favorables a la norma. La pretensión de los socialistas de que la norma nacional se haga eco del decreto de la Junta de Andalucía, que permite expropiar viviendas a la banca para alojar a desahuciados y sancionar los pisos vacíos de entidades, inmobiliarias y Sareb, resulta inaceptable para los populares.
La condición impuesta por el PNV, siempre según fuentes del PP, era que los colectivos beneficiarios de la suspensión temporal de los desahucios por dos años se elevaran desde los perceptores de una renta máxima de tres veces el IPREM, unos 19.000 euros anuales, a cuatro veces el IPREM, lo que elevaría la barrera hasta el entorno de los 25.000.
Concurso de acreedores solo para emprendedores
La petición fundamental de UPyD para dar apoyo a la nueva legislación es que esta recogiera la posibilidad de que las familias puedan convocar una suerte de concurso de acreedores, al igual que hacen las empresas, cuando sean incapaces de hacer frente a sus pagos.
El PP, sin embargo, ha rechazado la posibilidad de impulsar una ley de segunda oportunidad para las familias, como se la conoce en otros países del entorno, como Francia. En su lugar, sin embargo, el grupo se ha comprometido a crear un procedimiento concursal exclusivamente dirigido a pequeños empresarios que se desarrollaría en la futura ley de emprendedores.
El PP descartó también contentar a CiU porque según ellos imponían la admisión de 20 nuevas enmiendas como condición indispensable para votar a favor de la reforma. En cuanto a la Izquierda Plural, la petición de que la ILP fuera aprobada en sus términos originales evitó cualquier posibilidad de aceptación por parte del PP.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca busca retirar la ILP como protesta
Las entidades promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se tramitó como Proposición de Ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social, han decidido retirarla con el fin de “poner en evidencia que el texto del PP supone el rechazo frontal a esta proposición, y que en su nombre no puede tramitarse la misma”, informa Europa Press.
En un comunicado, estas entidades han denunciado la voluntad del PP de aprovechar la tramitación parlamentaria de la ILP “para eliminar las propuestas de esta iniciativa ciudadana”.
A su juicio, la nueva proposición de Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social “desconoce las legítimas pretensiones de la ILP”, entre las que se encuentran la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios que afecten a viviendas habituales de deudores hipotecarios y la posibilidad de que las personas afectadas puedan permanecer en sus viviendas en régimen de alquiler social.
“El texto que se ha conocido supone una burla a los intereses de las personas afectadas por procesos de ejecución hipotecaria y a la sociedad en su conjunto”, se han quejado las entidades defensoras de la ILP, que mantienen que “una vez más, la efectividad del derecho a una vivienda digna consagrado en la Constitución española y en numerosos tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado español, queda supeditado a los intereses de las entidades financieras”.
Desde el PP, donde consideran poco claro que la formación pueda retirar la ILP a estas alturas de su tramitación, avanzaron que si el texto es retirado la plataforma que lo impulsó debería devolver los 360.000 euros que se conceden a las iniciativas que son aceptadas a trámite.
