Las lecciones dolorosas de Chipre
Nos guste o no, el descalabro de Chipre ha dejado varias lecciones dolorosas de aprender y una zona euro cubierta de magulladuras políticas, económicas, sociales e institucionales. Las autoridades europeas han salido en tromba para tapar el fiasco con el manto de la “excepcionalidad”. Pero el rescate de la isla ha sentado precedentes tan trascendentales (quita a los depósitos y limitación a la libre circulación de capital) que, dos semanas después de pactarse, sigue provocando escalofríos.
La enseñanza más evidente para millones de ciudadanos europeos es haber descubierto la fragilidad de su presunta seguridad financiera. “A partir de ahora, quienes tengan depósitos bancarios de más de 100.000 euros saben que pueden perder todos o parte de sus ahorros si su país atraviesa problemas y tiene que pedir ayuda al resto de la eurozona”, señalaba el pasado jueves el economista Paul de Grauwe en un informe del CEPS (Centre for European Policy Studies).
Pero igual de inquietantes, si no más, pueden ser las conclusiones políticas de un desastre que revela, una vez más, la pasividad de las instituciones nacionales y comunitarias, la indiferencia de los ciudadanos y la impotencia de los contribuyentes.
Durante años, el Gobierno de Nicosia fomentó un monocultivo financiero igual que hicieron Irlanda o España con el inmobiliario. Los tres modelos reventaron tras incubar graves desequilibrios macroeconómicos bajo la mirada tan atenta como pasiva de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo.
¿A nadie le extrañó que España construyese más viviendas que Alemania, Francia y Gran Bretaña juntas? ¿Nunca le llamó la atención al BCE que el sector financiero de Irlanda fuera proporcionalmente al PIB más del doble que el de Alemania? ¿La CE no sabía que Chipre era un limbo fiscal cuando dio la luz verde en 2008 para su ingreso en la zona euro?
La respuesta a todas esas preguntas parece clara. A nivel nacional primó el beneficio a corto plazo o el deseo de ganar elecciones. Y Bruselas miró para otro lado para no incomodar a los Gobiernos de turno o, en el caso de Chipre, para seguir adelante con su apuesta geoestratégica a favor de una ampliación de la UE a cualquier precio.
Sencillo, pues, identificar la responsabilidad institucional. Mucho más difícil y doloroso resulta repartir las posibles culpas entre unos ciudadanos que, en su calidad de votantes, no ejercieron adecuadamente la labor de control que les corresponde en el sistema democrático. Las urnas colocaron en el poder a quienes construyeron aeropuertos sin aviones, a quienes toleraron la elefantiasis financiera y a quienes han decidido socializar las pérdidas tras años de beneficios privados. Ni siquiera ha terminado la pesadilla actual y Chipre ya quiere gastarse los ingresos futuros de unos yacimientos de gas aún por explotar mientas en España resuenan los cantos de sirena de casinos olímpicos y juegos faraónicos. Tentaciones en las que el coste/beneficio puede darse la vuelta para dejar al contribuyente con otra multimillonaria factura.
Toca entonces pedir prestado a holandeses o alemanes. Pero antes se hace bote entre los ciudadanos que aceptan, secundan o se resignan ante tanto desaguisado. Y en cada país el bote golpea de una manera.En España, con despidos a mansalva, recortes salariales, supresión de pagas a los funcionarios, incrementos del IRPF y delIVA... En Portugal, con cierre de hospitales, despidos de maestros... En Grecia, con impuestos sobre el consumo eléctrico, privatizaciones y una caída del PIB del 25%... Y en Chipre, de la forma más llamativa hasta ahora: con pérdidas enormes (de más del 50%) para quienes tuvieran más de 100.000 euros depositados en los dos bancos de la isla en dificultades (Laiki y Bank of Cyprus).
El caso chipriota ha disparado las alarmas en la opinión pública de toda la zona euro, incluida la de países que hasta ahora se sentían a salvo, como Alemania.
El Gobierno de Angela Merkel, uno de los impulsores del depositazo en Chipre, intenta ahora convencer a los ciudadanos alemanes de que sus ahorros no corren ningún peligro. Sin demasiado éxito. Los sondeos de la pasada semana indican que la mayoría apoya a la canciller, pero que el 59% de los consultados ya no consideran seguros sus depósitos, a pesar de las palabras tranquilizadoras del Gobierno tras el rescate de Chipre.
El clima de desconfianza, según De Grauwe, aumentará el riesgo de crisis bancarias en la zona euro porque “cada vez que en un país se tema que el gobierno o los bancos pueden verse involucrados en un rescate, habrá una fuga de capital, pues los depositantes querrán poner a salvo sus ahorros”.
Pero si el desasosiego se mantiene y generaliza, tal vez se pueda extraer una consecuencia positiva del fiasco de Chipre: que los europeos empezarán a ejercer como votantes y contribuyentes al mismo tiempo. Y cuando se acerquen a las urnas en Nicosia o en Dublín, tomarán en cuenta qué opciones políticas pueden evitarles un nuevo rescate. Y cuando voten en Berlín o en Amsterdam, sopesarán el riesgo de imponer en otros países medidas de ajuste que pueden volverse contra ellos. Una lección muy dolorosa, pero realmente útil para todos.