Báñez descarta rebajar los requisitos formales de los ERE
La ministra defiende las sentencias judiciales que anulan los despidos colectivos por defectos de forma del empresario La oposición en bloque arremete contra la titular de Empleo por dar una visión positiva del mercado
"El Gobierno nunca dijo que crearía empleo en medio de la recesión porque siempre dice la verdad a los ciudadanos; lo que dijimos es que, queríamos frenar la sangría del paro. Y eso lo hemos conseguido con la reforma laboral”. Esta fue una de las ideas defendidas ayer insistentemente por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez que compareció en el Congreso de los Diputados.
Báñez hizo, una vez más, una encendida defensa de la reforma laboral a la que, sin embargo, no está pensando en dar una vuelta de tuerca, como todavía demandan algunos empresarios.
El portavoz de CiU en la Comisión de Empleo, Carles Campuzano, preguntó a la ministra si el Gobierno se plantea rebajar los requisitos formales de los expedientes de regulación de empleo (ERE), a la vista de las numerosas sentencias judiciales que están anulando estos despidos colectivos por no cumplir dichas formalidades (documentación, plazos y voluntad de negociación etcétera).
Lejos de responder afirmativamente a esta cuestión, Báñez descartó cualquier cambio legal en este sentido al defender, incluso, las citadas sentencias judiciales que han anulado ERE por defectos formales. “Me parece bien que se anulen estos ERE;el empresario tiene que saber que debe respetar toda la documentación y el periodo de consultas”, dijo Báñez.
Al margen de esta precisión, la intervención de la ministra ayer en la Cámara Baja, fue respondida al igual que en anteriores comparecencias de este tipo, por un autentico azote dialéctico de toda la oposición en bloque. Los portavoces de Empleo de los distintos grupos parlamentarios acusaron a Báñez de “exponer siempre un optimismo antropológico que no se corresponde con la realidad”, de “vivir en un mundo distinto al resto de los ciudadanos” o de “hablar de otro país”.
La culpa de estas acusaciones la tuvo el balance positivo del empleo que hizo Báñez de los quince meses de gobierno popular y, en concreto, de los efectos del primer año de la reforma laboral.
Según defendió la ministra, los cambios legales del mercado de trabajo “han logrado amortiguar el efecto de la recesión económica”, a pesar de que 2012 fue el segundo peor año de la crisis en términos de empleo, con la destrucción de 850.000 puestos de trabajo, como le recordaron los diputados de la oposición.
Confusión estadística
Para Báñez “algo está empezado a cambiar en el mercado laboral”, ya que el pasado año se recuperó el 10% de los 600.000 empleos autónomos perdidos durante la crisis. Además, aseguró que el peor de la contratación fija ha pasado con la reforma del 7,4% al 10%, tras aumentar la contratación indefinida un 10% entre marzo y diciembre pasados. Además destacó en varias ocasiones en la rebaja en dos puntos de la tasa de temporalidad (del 25% al 23%).
Pero el diputado de Izquierda Plural y catedrático de Derecho del Trabajo, Joan Coscubiela, echó por tierra las cifras de la ministra al afearle “que confunda estadísticas de contratos con las de puestos de trabajo” y recordarle que la tasa de temporalidad ha descendido por la destrucción de casi medio millón de empleos eventuales y no por el aumento de los fijos.
El fin de la vigencia de los convenios está "en estudio"
A pesar de defender encendidamente la reforma laboral aprobada por el Gobierno, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, admitió ayer que su Departamento “está estudiando” cuál puede ser el impacto negativo de una de las medidas aprobadas en esta nueva norma. Se trata del fin de la vigencia automática de los convenios colectivos (conocida como ultraactividad) que estará plenamente vigente el próximo 8 de julio. A partir de esa fecha, los contenidos de todos los convenios que hubieran vencido un año antes y que no se hubieran vuelto a firmar por no haber llegado a acuerdos entre las partes, dejarán de aplicarse a los trabajadores que estuvieran bajo su protección. Según la ley estos pasarán a depender del convenio superior de referencia.
Pero los sindicatos y muchos laboralistas asesores de empresa han dado la voz de alarma al asegurar que esta situación puede desembocar en una situación de cierto caos e inseguridad jurídica para trabajadores y para los propios empresarios. Según se quejan las partes, no siempre hay un convenio superior de referencia o es fácil identificarlo. Asimismo según distintos expertos las mejoras de estos convenios no renovados podrían pasar a ser contractuales y no deberían desaparecer. Según cálculos de UGTa partir de julio podrían decaer hasta uno de cada tres de los 6.000 convenios vigentes.
Por todo ello, “estamos estudiando esta cuestión porque hay que favorecer las buenas prácticas y no se pueden generar situaciones no queridas por ninguno”, dijo la ministra.
Por otra parte, Báñez ensalzó la política de moderación salarial y de apuesta por la flexibilidad interna, “por lo que ha desaparecido la sombra del rescate” y restó importancia a las previsiones del Banco de España conocidas ayer, “porque no son las oficiales, que solo hace el Gobierno”.
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