Editorial

El mercado laboral, la jubilación y el ahorro

El Gobierno se ha comprometido a enviar a casa a cada cotizante de 50 años o más, desde enero próximo, un informe detallado de sus cotizaciones y una proyección de la cuantía que tendría su primera pensión cuando alcance la edad legal de retiro. Además, está negociando con la industria financiera la posibilidad de que los gestores de fondos de pensiones hagan un ejercicio parecido con sus partícipes. Así, cada español sabrá cuando aún falten al menos 15 años para su jubilación con qué renta puede contar con garantía pública, y con qué complemento privado, si ha optado a cebado un fondo de capitalización y gestión privada. Lógicamente, ambas prospecciones son muy complicadas, y la estimación de renta futura es un mero ejercicio actuarial, que bien podría quebrarse por el devenir de la actividad económica (el fuego que calienta al sistema público de pensiones) o de los mercados financieros (quien determina la rentabilidad de los fondos de pensiones privados). Pero ayudará a enfocar la provisión para la vejez de los españoles, a entender el aparentemente simple funcionamiento de la caja con dos puertas de la Seguridad Social y a planificar la política de estímulos fiscales y de todo tipo al ahorro a largo plazo, ese activo tan necesario para capitalizar la economía.

 En los dos últimos años se han acometido ya al menos dos serias reformas del sistema de pensiones, ante el mórbido efecto contractivo de la crisis, que ha colocado la proporción de cotizantes por cada pensionista en los niveles más bajos de la historia, por debajo de dos por uno, una ratio que de mantenerse muchos años convertiría a la Seguridad Social en infinanciable, al menos si no se modifican (al alza) las aportaciones de los activos y si no se cambian (a la baja) las prestaciones de los pasivos.

Dos reformas que se antojan escasas. La acelerada pérdida de empleo en los dos últimos años (1,5 millones de cotizantes menos tiene la Seguridad Social ahora que cuando se retrasó la edad de jubilación a los 67 años), y la tendencia bajista de las bases de cotización en los próximos años por la espiral devaluativa de los costes iniciada en el mercado de trabajo, aconseja profundizar en los cambios para dar a los españoles la tranquilidad de que dispondrán de pensión pública en el futuro, y de que tendrá la cuantía que Empleo le comunicará desde enero. Si carecen de esa seguridad, empañarán aún más las expectativas económicas negativas que ya tienen ahora, y retrasarán unos cuantos años la recuperación de la economía. Sea con mecanismos correctores como los que planifica el Gobierno, sea con cirugía mayor como seguramente amerita ya un sistema que acumulará este año un déficit de no menos de 14.000 millones de euros, la solución no puede demorarse mucho.

Dado que España ha empezado a practicar una política que pretende acoplar los gastos a la capacidad de generación de ingresos, es el momento de clarificar bien qué tipo de pensiones puede financiar el Estado, teniendo en cuenta el modelo laboral que viene seguramente con retribuciones más modestas que las practicadas hasta ahora, y en función de ello generar más espacio para que quien pretenda obtener en el retiro una prestación más elevada busque el complemento en la capitalización.

Este modelo ya funciona en España, con tres escalones muy claros: uno asistencial para quien no cotiza lo suficiente; uno contributivo para quienes cotizan, pero con muchas imperfecciones; y uno complementario privado y de capitalización. Pero debe ser perfeccionado, sobre todo tras observar que hay mucha gente refugiada en la franja contributiva con aportaciones insuficientes para cubrir su prestación, y tras ver que el sistema complementario está estancado desde hace cinco años.

Está estancado tanto por la corrección que el mercado financiero ha hecho de los patrimonios confiados a los fondos, como por la desconfianza generada por la crisis financiera que devora valor de muchos años en pocas semanas. Pero tampoco las estrategias fiscales han funcionado como estímulo, dado que su volubilidad ha paralizado muchas decisiones de los particulares. Una apuesta de estímulo fiscal decidido por la capitalización de fondos de pensiones es un camino seguro hacia el ahorro y la capitalización de la economía, imprescindible para activar la inversión.

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