Hacienda, fraude y Estado social
Un sistema tributario suficiente y equitativo es fundamental en un Estado de bienestar sostenible. Los autores proponen una gran reforma fiscal en España con la que asegurar las prestaciones sociales.
El Estado del bienestar requiere un sistema tributario equitativo, suficiente e instrumental para la política económica. Las políticas sociales amplias y de calidad son imposibles sin una reforma del sistema fiscal. Así de simple. Ahora bien, ¿en verdad quiere la sociedad española pagar por unas políticas sociales amplias y de calidad? Interpretamos que sí. La sociedad se ha pronunciado en ese sentido, cuando se moviliza mucho más en contra de los recortes en derechos y prestaciones que del aumento de impuestos. Un sistema fiscal es suficiente cuando proporciona los recursos necesarios para hacer frente a medio y largo plazo al gasto público que demanda la ciudadanía.
El sistema tributario español dejó de ser bueno hace bastante años al no ser ni suficiente ni equitativo
Pero el sistema tributario español hace bastantes años que dejó de ser un buen sistema tributario, al no ser ni suficiente ni equitativo. La suficiencia se ha incumplido a causa de las sucesivas reducciones de tipos impositivos e incentivos fiscales en los impuestos sobre la Renta (IRPF y sociedades); de la práctica desaparición de los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre el Patrimonio; de la falta de corresponsabilidad fiscal en el sistema fiscal instaurado para la financiación de las Comunidades Autónomas y, sobre todo, del importante fraude fiscal existente, a la vez que el gasto público crecía sin freno. En los años previos a la crisis, la fase alcista del ciclo económico supuso un velo que ocultaba el grave problema de falta estructural de recursos públicos para atender el cada vez mayor gasto público demandado por una sociedad que aspira a una mayor calidad de vida. Antes al contrario, se ha llegado a utilizar los impuestos como un instrumento procíclico. La insuficiencia de nuestro sistema tributario se evidencia si acudimos a la comparación de las tasas de presión fiscal de España con las del resto de países de la UE. En el año 2010 la presión fiscal (tributos más cotizaciones a la SS) media de los 27 miembros se situaba en un 38,4% frente al 31,9% de España (puesto 18 del ranking de la UE)
"En la práctica el sistema está infectado por el fraude y por la competencia fiscal internacional"
En paralelo a la insuficiencia descrita, el sistema tributario español es injusto debido a distintos factores. Los más destacables son el fraude fiscal y la discriminación de trato en el IRPF a favor de las rentas del capital, que tributan a un tipo fijo de alrededor del 20%, cuando las demás lo hacen a un tipo superior y progresivo. Ambos factores suponen un castigo a las clases medias trabajadoras. A nuestro juicio es necesario realizar una profunda reforma fiscal orientada a conseguir la suficiencia y la equidad del sistema. Podemos tener una normativa tributaria maravillosa, justa y redistributiva pero, solo sobre el papel, ya que, si en la práctica, el sistema fiscal está infectado por el fraude fiscal y por la competencia fiscal internacional, habrá devenido en un sistema injusto y, lo que es peor, insuficiente.
Hay que abandonar las demagogias y los planes demasiado teóricos para financiar el gasto público
Proponemos una reforma fiscal orientada hacia: 1. La personalización o customización de los impuestos, en función de las preferencias de los ciudadanos. 2. El incremento de la recaudación de los impuestos especiales y sobre todo el IVA a través de tres vías: reducción de las exenciones, reducción de los bienes y servicios que tributan a tipos reducidos y aumento de la lucha contra el fraude fiscal. 3. Eliminación en el IRPF, de la tributación en función del origen de las rentas y sustitución de la progresividad del impuesto por un aumento de tipos en el Impuesto sobre el Patrimonio y por un copago de ciertos servicios públicos en función de la renta. 4. La corresponsabilidad fiscal de las CCAA, es decir, que cuando aumenten su gasto, lo hagan en base a una propia decisión de incremento de sus impuestos y no trasladen la financiación del mismo a la Administración Central. 5. Un incremento de los medios de la Administración Tributaria. La española está a la cola de las administraciones fiscales europeas en cuanto a medios económicos y humanos utilizados en la gestión de los tributos. Por el contrario la economía sumergida está en la parte alta del ranking. 6. La mejora en la eficiencia de la gestión tributaria, que supondría la refundición de la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, que realizan por separado funciones semejantes. 7. Potenciar la imagen de independencia de la Agencia Tributaria, estableciendo el nombramiento de su Director General por el Parlamento. 8. La lucha contra el fraude fiscal publicando la identidad de los grandes defraudadores, aumentando el periodo de prescripción para liquidar tributos, recuperando la figura de la denuncia tributaria pública con recompensa o potenciando las fiscalías anticorrupción y de delitos económicos. 9. La ejemplaridad en la gestión del gasto público, para la cual estimamos de gran utilidad, la creación de una oficina Anticorrupción con competencia nacional, para el control del gasto público.
El Estado basa su legitimidad en impartir justicia en un sentido amplio, es decir en constituirse como un Estado del bienestar. Tal objeto demanda un sistema fiscal justo y suficiente. Pero es imposible conseguir justicia y suficiencia sin dos requisitos básicos: la corresponsabilidad ciudadana y la lucha contra el fraude fiscal y la corrupción. La primera exige una cesión al Estado de parte de las capacidades de gasto delos ciudadanos para organizar y ofertar servicios de calidad. Pero este sacrificio no implica solamente a los ciudadanos con mayor nivel de renta, sino a toda la población. Es necesario abandonar demagogias absurdas y planteamientos excesivamente teóricos que no conducen a la obtención efectiva de los recursos necesarios para financiar el gasto público. A cambio del sacrificio exigido, el Estado debe asegurar una educación y sanidad de calidad, pensiones y prestaciones por desempleo y rentas mínimas para toda la población. La lucha contra el fraude fiscal y la corrupción demanda la implicación de la sociedad en su conjunto, pero impulsada por los responsables políticos.
Vicent Esteve, Jordi Garcés y Javier Sánchez son inspector de Hacienda, catedrático de Política Social de la UVEG y catedrático de Marketing Económico de la UJI, respectivamente.