El operador del sistema sale beneficiado al quedarse con generación

Industria, REE y el IDAE elaboraron la nueva ley eléctrica de las islas

El Consejo de Ministros la remite al Parlamento

REE se quedará con las plantas de bombeo de Canarias

La norma ha sido promovida por Soria

El secretario de Energía, Alberto Nadal; el presidente de REE, José Folgado y el titular de Industria, José Manuel Soria.
El secretario de Energía, Alberto Nadal; el presidente de REE, José Folgado y el titular de Industria, José Manuel Soria.

El proyecto de ley de garantía de suministro e incremento de la competencia en los sistemas insulares y extrapeninsulares no ha sido una idea del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, sino del propio ministro de Industria, el canario José Manuel Soria. Así lo aseguran fuentes del sector, que desvelan que Industria constituyó un grupo de trabajo para elaborar el nuevo texto legal en el que, además del propio ministerio, participaron el IDAE y el operador del sistema, Red Eléctrica. Concretamente, esta compañía estuvo representada por Andrés Seco, máximo responsable de la operación de la red; hombre de confianza del presidente de REE, José Folgado, y ex alto cargo de Energía.

 Además de “establecer las bases para desarrollar nuevos regímenes retributivos y reforzar el papel del Estado ante situaciones de riesgo”, la propuesta zanja el conflicto entre REE y Endesa, la compañía que explota los citados sistemas, sobre la propiedad de las plantas de bombeo previstas en Canarias. Además de las redes de distribución, Endesa iene la mayor parte de la generación que, en este caso, está regulada.

REE viene reclamando desde hace tiempo unas plantas que aún no existen y el Gobierno se las cede en la nueva ley. El objetivo es instalar unos 300 MW de potencia en cuatro islas, especialmente, en las dos mayores, lo que requerirá la construcción de algunos embalses. El bombeo se considera esencial para el desarrollo de las energías renovables, pues les sirve como respaldo. Además, pese a estar primadas, resultan más baratas que la generación en régimen ordinario, que en estos sistemas aislados está subvencionada y, al no contaminar, benefician al turismo.

Aunque todos coinciden en este punto, hay desacuerdo en que REE sea la propietaria del bombeo. Para esta compañía de la SEPI no se trata de entrar en la actividad de generación (lo que, según unos, le prohíbe la normativa comunitaria, y, según otros, le permite por ser un sistema con un tratamiento específico, como las Azores) sino de utilizar estas plantas “como una herramienta de la operación del sistema”.

Un argumento que rechaza Endesa y otros expertos del sector, que recuerdan que REE ya utiliza plantas de generación que no son suyas para realizar la operación del sistema y que las renovables se han integrado ya con éxito. Y, en todo caso, añaden, “si el Gobierno no quiere que las haga Endesa, debería realizar un concurso para construir estas plantas lo más barato posible, pues, de lo contrario, la retribución de las mismas las fijará el ministerio con los estándares que le fije la propia REE”.

De lo que ha trascendido, la eléctrica propiedad de la italiana Enel, se verá perjudicada por los límites que se le impondrán en la futura generación (no recibirán primas la de los operadores con más del 40% del mercado, por ejemplo). Hay quien considera que la norma es una contradicción en sus términos, pues, mientras reconoce que los sistemas insulares y extrapeninsulares son singulares por sus características y que sus costes “deben ser socializados”, por otro lado, se quiere impulsar la libre compentencia cuando todas las actividades son reguladas.

Novedades

La información facilitada el viernes por el Gobierno sobre la nueva ley de las islas es prácticamente la misma que proporcionó una semana antes, cuando Soria compareció para anunciar una medida que apenas si era una memoria de anteproyecto.  Pero el resumen realizado por Industria para  Moncloa, sí incluye una puntualización: esto es, que la nueva ley “respetarán las competecias de la comunidades autónomas afectadas”, que sospechan que les quitarán su potestad para ser consultadas con carácter vinculante que les permite la Ley Eléctrica.

 

 

Endesa, una devaluación de 2.400 millones

La crisis de la demanda, el coste de las medidas regulatorias del Gobierno y los problemas financieros de su matriz, Enel, que arrastra un fuerte endeudamiento (42.000 millones en 2012) desde la compra de Endesa, están marcando directa o indirectamente las cuentas de la eléctrica española y su estrategia de futuro. La semana pasada, el grupo italiano anunció un ajuste del valor contable de su filial de casi 2.400 millones de euros, para asumir, entre otros, el impacto de las medidas del Gobierno, que, en su caso, se calculan en 1.300 millones.

De momento, en esa devaluación no se ha incluido el perjuicio que pueda derivarse de los cambios regulatorios en los sistemas extrapeninsulares incluidos en la nueva ley. Sea o no por su italianidad, en Endesa se sienten “discriminados” por el Gobierno, como aseguró el consejero delegado de Enel, Fulvio Conti, durante la presentación de los resultados anuales del grupo la semana pasada.

Como ejemplo, el hecho de que la empresa se enterara “por la prensa” de un proyecto de ley en cuya elaboración, tal como confirman en el sector, ha participado REE, que es juez y parte. También el operador del sistema gasístico, Enagás, fue informada días antes por el Gobierno de su decisión de otorgarle la propiedad de las dos regasificadoras proyectadas en Canarias, y en las que tiene mayoría Endesa. Con el argumento de que la eléctrica “arrastra lo pies” para construirlas, el Ejecutivo de Mariano Rajoy la deja fuera de combate. Estas plantas se proyectaron hace seis años para reconvertir las plantas de fuel de Endesa en las islas, muy contaminantes, en centrales de gas.

Queda por ver si el Gobierno le quita también redes de distribución eléctrica a Endesa para cedérselas a REE, que se hizo en su día con toda la alta tensión.

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