Indemnizaciones millonarias

El juez ve indicios de delito para juzgar a exdirectivos Caixa Penedès

Se trata de Ricardo Pagès, Santiago José Abellas, Manuel Troyano y Juan Caellas

Están acusados de los delitos de apropiación indebida y delito societario continuado.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dado por concluida la investigación contra cuatro exdirectivos de Caixa Penedès, sobre los que ha hallado indicios de que se garantizó “ilícitamente una desproporcionada ganancia patrimonial a costa y a espaldas de la entidad”.

Tras tomar declaración al ex director general de Caixa Penedès Ricardo Pagès y a los exdirectivos Santiago José Abellas, Manuel Troyano y Juan Caellas durante alrededor de tres horas, Pedraz ha dado así el primer paso para sentarles en el banquillo por un delito societario continuado de administración desleal, al transformar en un auto las diligencias previas.

El juez ha dado diez días de plazo a la Fiscalía y demás acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, o bien pidan el archivo de la causa.

Según Pedraz, de lo investigado se desprende que Pagès, “prevaliéndose” de su condición, “conformando un comité de dirección” y “valiéndose” del exdirector de Recursos Humanos, ya fallecido, Jaume Jorba, y de los otros imputados, “diseñó una estrategia a largo plazo destinada a garantizarse ilícitamente una desproporcionada ganancia patrimonial a costa y a espaldas de la entidad”.

Una estrategia “pensada para el momento en que por cualquier motivo cesaran o extinguieran su relación laboral, sin excepciones”.

Para ello, a partir de 2001 “se autoconcedieron derechos económicos” que no contemplaban sus contratos de trabajo “(de por sí con elevados derechos reconocidos)” mediante la sucesiva suscripción, dotación y novación de pólizas de seguros, que alcanzaron los 23,4 millones de euros.

Esta conducta se prolongó hasta 2010 cuando, con motivo de la integración de Caixa Penedès en Banco Mare Nostrum, realizaron actuaciones para blindar los derechos que contenían las citadas pólizas.

Una vez iniciado el proceso de integración de Caixa Penedès en el Grupo BMN, que precisó de “importante ayuda pública” de 916 millones de euros a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), los cuatro buscaron “algún tipo de cobertura formal o fórmula jurídica con la que justificar su ilícito proceder”.

Así, un mes antes de la integración en BMN, “consiguieron convencer erróneamente” a la comisión ejecutiva de Caixa Penedès para que diera por buena la modificación de sus contratos, al tiempo que se blindaba una parte de lo que hasta el momento había sido retribución variable para “con ello dar cobertura a sus ilícitos derechos económicos”.

Pagès y Jorba cesaron voluntariamente en mayo de 2011 de sus cargos en la entidad financiera, lo que permitió al primero cobrar 10,8 millones de euros y al segundo 2,5 millones, mientras que Abella, que había abandonado antes la entidad, percibió 1,9 millones, explica el juez en su resolución.

Precisamente, esas cantidades, más el tercio que establece la ley, fueron las que les impuso el juez a los dos primeros como fianza.

Los otros dos imputados, que fueron despedidos de la entidad financiera, no han podido cobrar cantidad alguna de las pólizas, aunque tenían contratadas primas que sumaban casi 8 millones.

Estos hechos fueron denunciados en una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción el pasado 12 de febrero, en la que les acusaba de los delitos de apropiación indebida y delito societario continuado.

 

Normas