Algo más que endurecer la prejubilación
El Ministerio de Empleo está empeñado en endurecer el régimen de jubilaciones anticipadas y jubilaciones parciales desde el primero de abril próximo, por considerar que más urgente que retrasar la edad legal de retiro es generar un retraso en la edad real. Ahora los españoles acceden a la jubilación a poco más de 62 años, mientras que la normativa establece los 65 años y un mes como umbral a traspasar para cobrar una pensión de jubilación de la Seguridad Social. Ya en 2011, cuando el Gobierno socialista de Zapatero tramitaba retrasar hasta los 67 años el retiro, el PP se opuso por considerar que es preferible lograr los mismos efectos económicos y financieros llevando la edad real efectiva a los 65 años.
Por tanto, el Gobierno de ahora sigue pensando lo mismo es esta materia que cuando estaba en la oposición. Sin embargo, las condiciones han cambiado en la economía y en las finanzas presentes y futuras del sistema de pensiones, y hoy parece que la solución racional pasaría por una combinación de ambas cosas, que provocara mayores aportaciones de los activos y menores prestaciones a los pasivos. Es preciso retrasar la edad real, porque cada año que se logre supone que el sistema de pensiones percibirá recursos adicionales de 2.500 millones en cotizaciones (quien se jubilaba a los 64 lo hará a los 65) y tendrá un ahorro de más de 5.000 millones en pensiones (quien cobraba desde los 64, lo haría desde los 65 años).
Pero dadas las dificultades existentes para retrasar la jubilación poniendo trampas reglamentarias a la fórmula anticipada, especialmente en un momento en el que la crisis expulsa a una masa creciente de trabajadores de edades cercanas al retiro, tiene más lógica acortar los plazos de ejecución de la reforma de 2011, y en vez de esperar a 2027 para que la jubilación legal sea efectiva a los 67 años, lo sea antes, lo sea en 2016 o 2018.
Las cuentas de la Seguridad Social están más tocadas de lo que parece. La reforma se hizo con unos estándares de empleo que se consideraban suelo cíclico, y sobre los que se proyectó la evolución demográfica, ocupacional y financiera para las próximas décadas, y que hacía sostenible el sistema de pensiones con una transitoriedad tan prolongada en la reforma del retiro. Pero las circunstancias han cambiado y mucho. Desde mediado 2011, en España hay 1,5 millones de cotizantes menos, y casi 300.000 pensionistas más, así como una contracción en las basas medias de cotización y un avance notable en las cuantías de las pensiones, puesto que las nuevas son muy superiores a las de quienes fallecen. El déficit de explotación de las pensiones puede dilapidar en pocos años las reservas, y dado que los efectos financieros tardan en notarse, la reforma debe acelerarse, y no limitarse a castigar a quedarse en el mercado laboral a quienes el mercado laboral quiere expulsar.