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Se produjeron irregularidades "aunque no generalizadas"

La CNMV admite que debía haberse anticipado al problema de las preferentes

La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, admite que este organismo y el Banco de España deberían haberse anticipado a las irregularidades que se cometieron en la venta de participaciones preferentes.

"Quizá se pueda hacer la reflexión de que todas las partes deberíamos habernos anticipado al problema y ser capaces de atajarlo antes de que se hubiese extendido tanto", apunta la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, en una de sus primeras entrevistas tras su nombramiento al frente de la CNMV en septiembre de 2012, publicada en la revista "Valores" que edita KPMG.

Rodríguez señala que se produjeron irregularidades "aunque no generalizadas" en la comercialización de preferentes, que ya se están sancionando.

No obstante, también precisa que las entidades financieras "estaban obligadas a cumplir la normativa en todos los casos".

Respecto a uno de los asuntos más espinosos al que ha hecho frente la CNMV en el último año, la salida a bolsa de Bankia, Rodríguez avala la gestión de su predecesor, Julio Segura, y asegura que el organismo no pudo hacer "más ni menos" que facilitar toda la información a los inversores, aunque reconoce que existe "una brecha" entre las expectativas de los inversores y las verdaderas responsabilidades del supervisor.

Segura declaró como testigo el pasado martes 12 de febrero ante la Audiencia Nacional sobre el papel que pudieron jugar las autoridades económicas en la crisis de Bankia, y aseguró que la entidad salió a bolsa "cumpliendo todos los requisitos legales".

Elvira Rodríguez recuerda que se publicó un breve resumen del folleto en el que se explicaban los riesgos de la inversión, aunque reconoce que la CNMV no puede garantizar que todos ellos "sean conscientes de los riesgos que se asumen".

En la entrevista, Elvira Rodríguez anticipa cuáles serán los principales objetivos de su mandato, entre los que destaca la protección del pequeño inversor, tanto mediante la vigilancia de las prácticas de comercialización de productos como mediante el control del abuso de mercado.

También espera mejorar la política de comunicación, de modo que los inversores conozcan los esfuerzos y medidas que se adoptan y accedan a toda la información disponible.

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