Sensibilidad y realismo frente a los desahucios
El crudo deterioro financiero que sufre buena parte de la sociedad española se ha traducido en un crecimiento masivo de los desahucios en viviendas: nada menos que 400.000 lanzamientos solo desde que comenzó la crisis. El aumento de la presión popular en contra de esta medida -acentuada tras hechos desgraciados como el ocurrido en Baracaldo- precipitaba la semana pasada el anuncio del Gobierno de su decisión de reformar, junto a la oposición política, la legislación hipotecaria y tratar de atajar así el problema. El Ejecutivo ha respondido con ello no solo a la ciudadanía, sino también a las muchas voces institucionales -la de los jueces, entre otras- que en los últimos tiempos han reclamado la adopción de una medida excepcional para hacer frente a una situación de excepción. La patronal del sector bancario coronaba ayer este movimiento al hacer pública su decisión de paralizar durante dos años los desalojos de viviendas que afecten a familias "especialmente vulnerables" a la espera de que el Ejecutivo acometa esa modificación legislativa. En un comunicado dirigido al Gobierno, el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, alude a razones humanitarias y de responsabilidad social para explicar la decisión adoptada por la banca y respaldada también por la Confederación Española de las Cajas de Ahorro (CECA).
El sector financiero da así un paso adelante, y un paso de extraordinaria relevancia, respecto a las iniciativas que ya ha puesto en marcha hasta el momento para tratar de reducir los lanzamientos. Unos esfuerzos que han cristalizado en un código de buenas prácticas, suscrito por la mayor parte de las entidades, con el que se ha intentado aliviar la situación, pero que hasta el momento no ha dado los resultados esperados.
Desde de la propia Asociación Española de Banca no se ocultaba ayer que la decisión de paralizar los desalojos no ha sido sencilla, sino fruto de un debate interno "intenso y complejo", como corresponde a un problema igualmente complejo, por más que por su trascendencia social se preste a algunas simplificaciones y diagnósticos precipitados. Dado el drama humano y el riesgo de exclusión social que subyace tras buena parte de los desahucios, parece indudable la necesidad de reformar una legislación cuya deficiencia no es de naturaleza técnica, sino fruto de haber sido promulgada en un tiempo y para una realidad económica que no se parece en absoluto a la coyuntura que hoy vive España. No es la decisión de acometer la reforma, sino el alcance y las características de esta, lo que debe centrar este debate, más aún en un momento en el que el sector financiero está inmerso en un proceso -obligado y necesario- de saneamiento y recapitalización de balances. Cualquier reforma que no tenga en cuenta esta circunstancia no solo no resolverá el problema, sino que agravará la difícil situación de un mercado -el de crédito- cuya revitalización es vital para sentar las bases de recuperación de nuestra economía.
Ala espera de que el grupo de trabajo creado por el Gobierno y la oposición elabore una propuesta al respecto, cualquier cambio en la legislación hipotecaria debería tener en cuenta dos premisas ineludibles. Por una parte, la necesidad de hallar una solución que equilibre una mayor protección del deudor con los intereses perfectamente legítimos de la gestión del negocio bancario; por otra, la importancia de dotar a esa nueva legislación de mecanismos suficientes como para distinguir dos situaciones de naturaleza muy diferente: los desahucios dramáticos y fruto de circunstancias no dolosas frente a aquellos otros en los que la demagogia y la irresponsabilidad financiera juegan un papel destacado. Hacerlo de otro modo no solo daría lugar a una solución injusta, desproporcionada e ineficiente al problema, sino que abriría la puerta a abusos y actuaciones fraudulentas, además de obligar al sector bancario a endurecer las condiciones crediticias para poder hacer frente al aumento del riesgo. Todo ello hace necesario que esta reforma se lleve a cabo con tanto tacto, conciencia y sensibilidad social, como prudencia, realismo y sentido común.