Macroampliación del Banco Popular
Ha sido uno de los consejos más duros del presidente de Banco Popular, Ángel Ron. El banco se jugaba su independencia o la entrada del Estado en su capital. Al final, el consejo aprobó ayer por unanimidad mantener su independencia y realizar una ampliación de hasta 2.500 millones de euros, el 25% de su capital para solventar su déficit de 3.223 millones según ha detectado Oliver Wyman.
Popular convocó al mediodía de ayer un consejo extraordinario con el objetivo de lograr que sus representantes, que suman el 42% del capital, aprobasen una ampliación de capital, además de otras medidas para solventar el déficit de solvencia detectado por la consultora Oliver Wyman y que asciende en el escenario más adverso a 3.223 millones de euros.
El banco ha hecho saber en varias ocasiones que está determinado a asegurar su independencia recabando estos recursos por sus propios medios, sin ayuda pública. La Caixa, de hecho, sigue cortejando al banco que preside Ángel Ron, de forma directa e incluso a través de otros interlocutores. Pero Popular prefiere reducir considerablemente su tamaño y apelar a sus accionistas antes que ser absorbido o dejar que el Estado a través del FROB inyecte capital público.
Ron logró ayer que el consejo apoyara por "unanimidad", según varias fuentes, "las independencia del banco y realizar una ampliación de capital de hasta 2.500 millones de euros". Esta cifra está muy por encima de las estimaciones del mercado, que calculaban entre 1.500 millones a 2.000 millones los fondos que solicitaría a sus accionistas. El resto del dinero podría ser recabado con venta de activos y por la generación del margen de explotación. Ya en mayo Ron anunció que ponía a la venta el 51 % de su filial de internet, que tiene ficha bancaria, con la intención de recoger unas plusvalías de 2.000 millones, una operación que no se ha concretado y que los analistas califican de muy ambiciosa.
La entidad -que se encuentra en plena digestión de la absorción de Banco Pastor- también tiene intención de vender su negocio de tarjetas. El objetivo es reducir sus activos ponderados por riesgo (APR) del 2% para frenar sus necesidades de capital. Sin embargo, ni Oliver Wyman ni las autoridades supervisoras europeas han considerado posible que Popular lograse tantas ganancias por la venta de parte de sus activos. Entre los accionistas destaca la sindicatura de accionistas del banco, la aseguradora Allianz, la fundación Barrie de la Maza, seguido del presidente del grupo Amorim, Americo Ferreira de Amorim, que representa al 6,7 %.
Ron debe presentar su plan al Banco de España y a Economía para que dé su aprobación antes del 15 de octubre. La autorización es muy importante, porque de lo contrario Popular debería a recibir ayuda pública mediante la emisión de bonos contingentes convertibles (cocos), que serían adquiridos por el FROB. Llegado este extremo, el banco tendría de plazo hasta junio de 2013 para recomprarlos, y acabar así con la ayuda pública. De lo contrario, los cocos se convertirían en acciones, lo que implicaría la nacionalización de la entidad.
El mercado baraja un descuento superior al 30% de su cotización para lograr colocar esta ampliación, que debe ser suscrita antes de diciembre.
