El ministro de Justicia reclama "responsabilidad" a los magistrados

Los jueces exigen a Gallardón retirar la reforma del CGPJ y el nuevo Estatuto

La amenaza de huelga por parte de la judicatura sigue encima de la mesa. Ayer, las asociaciones de jueces solicitaron al presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, la retirada de la reforma del Consejo General del Poder Judicial y el nuevo Estatuto de la profesión. El ministro de Justicia, por su parte, pidió "un ejercicio de responsabilidad" al colectivo.

Los jueces exigen a Gallardón retirar la reforma del CGPJ y el nuevo Estatuto
Los jueces exigen a Gallardón retirar la reforma del CGPJ y el nuevo Estatuto

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, pidió ayer a los jueces "un ejercicio de responsabilidad" ante la posibilidad de que lleven a cabo movilizaciones, paros parciales e incluso una huelga judicial. Lo hizo en presencia de los notarios en la jornada El papel del notariado en la prevención del blanqueo de capitales, que tuvo lugar ayer en el Hotel Intercontinental de Madrid.

Casi al mismo tiempo, los cuatro portavoces de las asociaciones de jueces y magistrados -la progresista Jueces para la Democracia, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y los independientes Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente- se reunieron durante más de una hora con el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, para reclamar la retirada de la reforma del máximo órgano de gobierno de los magistrados y el proyecto del nuevo Estatuto de la judicatura.

Líder de las reivindicaciones

Las asociaciones piden una cita con Gallardón en 15 días para evitar los paros

Según los magistrados presentes en la reunión, la actitud de Gonzalo Moliner tuvo un componente "bastante constructivo". "El presidente del Consejo General del Poder Judicial se ofreció a liderar las reivindicaciones de los jueces, sobre todo, a luchar contra aquellas medidas que comprometan la independencia judicial", explicó a la salida de la reunión el valenciano Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia.

Los magistrados consideran inadmisible la propuesta del titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, acerca de las sustituciones en periodo de baja de un titular. Según se expone en el nuevo Estatuto de la profesión que está diseñando el Gobierno, las sustituciones de un juez deberá realizarlas un titular y dejarse así de pagar a jueces sustitutos. "Gallardón apela a la responsabilidad, pero lo cierto es que quien debe actuar con responsabilidad es él. Con la crisis, un titular ya ha doblado e incluso triplicado la carga de trabajo, como para encima afrontar también las sustituciones", añade Bosch.

Este es solo un ejemplo de los muchos agravios que consideran contiene la reforma del Estatuto de la Profesión. Tampoco en esta ocasión se les ofrece ninguna compensación por trabajar 24 horas durante una semana, algo que llevan reclamando desde hace tiempo y que tampoco se regula en el nuevo texto.

Respecto a la reforma del Consejo del Poder Judicial, las cuatro asociaciones de jueces coinciden en señalar que Gallardón no puede quitarle al CGPJ competencias sobre la formación, selección e inspección de los jueces y otorgárselas al Estado. Por este motivo, le han solicitado la convocatoria de una mesa de negociación con un plazo: 15 días.

En caso de no reunirse, los jueces realizarán primero concentraciones, a las que seguirán paros parciales y posteriormente una huelga, de la que todavía se desconoce el día. De realizarse, sería la primera vez en la historia que todos los jueces y magistrados reunidos en asociaciones, así como todas las juntas de jueces del país, parasen su actividad.

José Luis Armengol, portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, desmintió que "el caballo de batalla de los magistrados sean los asuntos retributivos, sino el grave quebranto de sus derechos orgánicos". Por su parte, la portavoz del CGPJ, Graciela Bravo, indicó que tras la reunión, el presidente, Gonzalo Moliner, se comprometió a tratar estos asuntos no solo con el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sino con el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El ministro de Justicia declaró ayer que entiende las reivindicaciones del colectivo, pero argumentó que la actual situación económica exige esfuerzos por parte de todos los colectivos.

El notariado, comprometido contra el blanqueo

En seis años, el ârgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado (OCP) ha llegado a comunicar un total de 2.543 operaciones sospechosas de lavado de dinero al Sepblac y realizó 61.500 requerimientos de las autoridades. "El 85% de las operaciones fueron elevadas a la Fiscalía, policía o guardia civil, lo que permitió identificar delitos relacionados con el blanqueo de capitales", aseguró ayer Manuel López Pardiñas, presidente del Notariado.

Alberto Ruiz-Gallardón, por su parte, señaló que "el notariado es la profesión no bancaria que más contribuye a la prevención de la actividad delictiva". Entre los asistentes a la inauguración de la jornada, también destacó la intervención de Francisco Fonseca, director de la Comisión Europea en España, quien abogó por revisar la actual directiva de blanqueo de capitales.

"Es necesario empezar a formular propuestas de revisión de la actual Directiva sobre blanqueo" y en este sentido, pidió la participación de los notarios. "Resulta fundamental acudir a profesionales jurídicos como los notarios, porque es necesaria una confianza que tiene que implicar a todos los operadores. En este momento, la justicia debe contribuir al crecimiento económico y la competitividad", defendió Fonseca.

El seminario -organizado por el Consejo General del Notariado y la Fundación Italiana para el Notariado- se enmarca dentro del programa La normativa europea como medio para combatir el crimen transnacional, promovido por la Comisión Europea. En la mesa inaugural también participaron los notarios José Manuel García Collantes y Paolo Pasqualis, coordinadores de la jornada.

Las cifras

2.543 operaciones de blanqueo de dinero fueron detectadas por los notarios durante los últimos seis años.

85% de las actuaciones fueron elevadas a la fiscalía, la Policía o Guardia Civil por tratarse de tramas de fraude, terrorismo y delincuencia organizada.

61.500 requerimientos de información se realizaron a jueces y fiscales en este periodo.