Más reformas y menos déficit, línea continua
Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, vicepresidente económico y portavoz aparece tras el último Consejo de Ministros preestival para hacer balance de los siete primeros meses de gestión y dibujar cómo serán los que faltan de "los cuatro años de legislatura para los que una gran mayoría de los españoles nos ha elegido". Da explicaciones del punto en que estamos en materia económica justo cuando la expectativa es más exigente, tras la negativa del BCE a comprar deuda española para aliviar su precio en el mercado, si antes no solicita el Gobierno el auxilio financiero del fondo de rescate. Admite que hay una parte de la crisis financiera cuya solución no está a su alcance, puesto que depende de decisiones de otros, pero mantiene la firmeza mostrada ya en el primer Consejo de Ministros de diciembre: reducción del déficit público y política reformadora como las dos únicas palancas que serán capaces de movilizar el crecimiento para devolverle la luz a los casi seis millones de parados.
Con un ejercicio pedagógico atropellado, pero lógico, que ha intentado que le acompañe desde que llegó al Gobierno, pretende justificar las medidas incómodas que no estaban en su programa, pero que son imprescindibles para cumplir el hilo conductor que sí estaba en la oferta del PP: reducir el déficit para dejar espacio a la financiación de proyectos privados y recuperar el crecimiento, con la ayuda de las reformas estructurales. Hay que admitir que el Gobierno mantiene aquí una línea continua que no ocultó ni para llegar al poder ni después. Otra cuestión es si las circunstancias especialmente graves de la economía, y la relativa pérdida de soberanía que supone haber reclamado ayuda financiera para resolver un problema bancario enquistado, retrasado y negado sistemáticamente desde que empezó la crisis, le han desviado parcialmente por caminos que un Gobierno de inspiración económica liberal no quería transitar. Pero el norte sigue en el norte, y Rajoy asegura que seguirán la estrella que les marca la ruta, porque "dará resultados más pronto que tarde".
Sostiene Rajoy que no bajará las pensiones en 2013, que "será la última partida de gasto que reduciría si tuviera que hacerlo". Pero salvo este bastión programático (no dijo que no pueda congelarlas en 2013, y no está para otra cosa el presupuesto de la Seguridad Social) el Partido Popular los ha rendido todos, aunque buena parte de ellos eran inevitables si se pretende hacer una reforma integral del mercado de trabajo (abaratar el despido) o se pretende recapitalizar la banca de forma efectiva (nacionalizar bancos). Las cesiones más dolorosas son todas las que afectan a las subidas de impuestos, por el ideario que siempre acompañó a los Gobiernos populares de bajadas de impuestos para estimular la actividad, tanto entre los particulares como entre las empresas, tanto en rentas del trabajo como en rentas del capital.
El Gobierno sabe que está en una situación excepcional, que bien podría superarse en el medio plazo como complicarse más. Sabe que hay que resolver la financiación de España en paralelo a la consolidación del euro como divisa europea, y que debe hacerse moviendo todas las piezas internas y externas. Y sabe también que podría no poder evitar la petición de nueva ayuda financiera, esta vez al fondo de rescate, para aliviar la presión sobre la deuda, con el estigma financiero que genera entre los inversores y el político que desata entre los votantes.
Vamos a esperar al final de los cuatro años para ver los resultados", llegó a comentar Rajoy el viernes. Debe mantener la fe en las reformas emprendidas y en el control de las cuentas públicas, porque las primeras son el motor del crecimiento por la reducción de los costes y la segunda la garantía de liberación de recursos para la inversión productiva. Pero no debe retrasar más cambios que ha anunciado y que la gente espera, cual es un nuevo modelo de financiación de la energía que sea más sostenible y que está retrasando inexplicablemente. Y debe acometer cambios en la estructura financiera, y quizá política, de la Administración pública, como única forma de devolver la viabilidad a las comunidades autónomas, hoy buena parte de ellas dependientes del padrinazgo del Gobierno para llegar a fin de mes. Y en eso debe buscar de frente al PSOE para que la reforma sea efectiva y definitiva.