Del rescate al recorte
Siguiendo al pie de la letra el guion marcado desde Bruselas y Berlín, Mariano Rajoy ha anunciado ya una batería de medidas para atajar el déficit público y ahorrar hasta 65.000 millones de euros en los próximos dos años y medio. El foco se centra en la ampliación de los ingresos tributarios, que acumulan meses de dramática caída y que la amnistía fiscal no podrá salvar. Sin embargo, las medidas de Rajoy muestran también algunos vacíos que marcan seguramente futuros frentes de recorte. Al mismo tiempo, tan duras decisiones exigen sin duda medidas atenuantes que favorezcan la economía productiva y estimulen el crecimiento.
El aumento del IVA es a todas luces una medida imprescindible si se trata de ingresar más, habida cuenta de su fuerte poder recaudatorio. Los efectos negativos sobre el consumo no se perciben como decisivos en una economía ya en plena recesión, como tampoco las consecuencias a las puertas del verano sobre el sector turístico, uno de los pocos motores de la economía y que ahora deberá asumir dos puntos más de IVA, sin duda a costa de los empresarios. En cambio, el Gobierno haría bien en evitar el impacto negativo que el nuevo IVA pueda tener sobre la liquidez empresarial, cuestión clave en el actual momento de restricción crediticia.
En su etapa en la oposición, miembros del actual Gobierno predicaron a favor del criterio de caja en el ingreso del IVA, que evitaría a muchos empresarios el adelantar dinero a Hacienda en un país tristemente célebre por su morosidad. Ahora, tres puntos más de IVA pueden implicar miles de millones adicionales de liquidez drenada del sector privado al público. Por ello, la introducción del criterio de caja y la aceleración de las devoluciones de IVA, sobre todo a los exportadores, deberían erigirse en prioridad absoluta de la Administración tributaria.
Por el lado de los gastos, Rajoy sitúa su tijera en la Administración local, donde sin duda existen estructuras y cargos superfluos. Sin embargo, un reciente estudio de la patronal Pimec ponía de relieve como los empleados en la Administración central del estado aumentaron un 5,9% entre 2007 y 2011, frente al 5% en la autonómica y el 5,6% en la local.
Sin duda es posible adelgazar aún más las administraciones, especialmente la central, donde se prevé un ahorro de 600 millones en el gasto ministerial, apenas un 1% del gasto anual de más de 65.000 millones. Sin embargo, las medidas para con la función pública son tímidas, pues afectan solo a la paga extra, y contrastan con la contundencia en algunas comunidades autónomas, como Cataluña, donde se acumulan ya tres recortes salariales.
A nadie se le escapa que los salarios globales de los funcionarios, al igual que las pensiones, se mantienen en la reserva del Gobierno español, a la espera de nuevas instrucciones desde Europa y en función de la evolución de las cuentas públicas. En cambio, sorprende que no se planteen medidas más inmediatas y socialmente menos traumáticas, como la reestructuración del sector público con fusiones ministeriales, eliminación de entidades y sociedades y privatización de patrimonio del Estado.
La situación actual de emergencia financiera no debería desviar la atención de la necesidad de que España aborde tarde o temprano una profunda reforma fiscal en sentido amplio. Para ello convendría contar con un amplio consenso político y social, como se hizo en su día en el Pacto de Toledo. Es imprescindible resolver tanto los desequilibrios entre las comunidades autónomas, como atender las necesidades de las corporaciones locales.
Al mismo tiempo, la fiscalidad debería promover el ahorro, la inversión y la ocupación, por ejemplo con esquemas en el impuesto de sociedades que exenten de tributación a los beneficios no distribuidos. En conjunto, si caminamos hacia un mayor peso de la imposición indirecta y de las tasas por servicios públicos, se debería aligerar gradualmente la carga de los impuestos directos y las cotizaciones sociales. La creación futura de riqueza en el país depende de un sistema fiscal adecuado y ésta es otra de las reformas pendientes de un Gobierno que no por estar bajo tutela debería renunciar a su iniciativa.
Joan Maria Gimeno / Jacinto Soler-Matutes. Comisión Económico-Fiscal de Pimec (Petita i Mitjana Empresa de Catalunya)