Los aparejadores de Madrid detectan un aumento de obras ilegales
La crisis económica amenaza los cimientos de Madrid. Los aparejadores han detectado que en los últimos meses se ha producido un repunte importante de concesión de licencias de obra que no se adecuan a la legalidad. "La ley obliga a que en la obra nueva residencial y en las rehabilitaciones de edificios históricos protegidos intervenga un arquitecto que elabore el proyecto y un aparejador que lo ejecute", explica Luis Gil-Delgado, director gerente del Colegio de Aparejadores de Madrid. "Eso se cumple en la obra nueva, pero no tanto en la rehabilitación", señala.
Según ha podido comprobar el Colegio de Aparejadores de Madrid por las denuncias de colegiados y ciudadanos, actualmente solo se contrata al arquitecto para realizar reformas de gran calado (que afecten a la estructura o alguna fachada protegida). Con ello, se pretende abaratar el proyecto pero, en realidad, se pone en riesgo la obra, ya que no hay nadie que controle al constructor o que verifique la idoneidad de los materiales.
En opinión de Luis Gil-Delgado, "la ausencia de un aparejador supone que en la obra no hay nadie que garantice la seguridad y calidad de la obra, algo especialmente importante en la conservación del patrimonio histórico".
Por este motivo, el Colegio de Aparejadores ha creado un nuevo servicio de inspección, que lleva funcionando desde el pasado 1 de julio, para controlar y vigilar las obras en la capital. "Como la información de concesión de licencias es pública, ahora estamos empezando a cotejar si las obras autorizadas por el ayuntamiento deberían tener aparejador y si algún colegiado está detrás de cada una de ellas", avisa Gil-Delgado.
Este servicio es el primero de este tipo que un colegio profesional de la construcción pone en marcha ante el aumento del intrusismo laboral.
Tribunales
El nuevo servicio de inspección actuará primero solicitando al Ayuntamiento de Madrid que regularice la situación. De no hacerlo, el Colegio de Aparejadores de la capital denunciará por vía administrativa y luego ante los tribunales las obras que considere ilegales.