Las regiones deben ya 3.000 millones de este año a los proveedores sanitarios
Los proveedores sanitarios alertaron ayer de que las comunidades, asfixiadas por los ajustes y la falta de liquidez, han dejado de pagar facturas por importe de 3.000 millones de euros entre enero y junio de este año. Por ello, han pedido que se destine el dinero que no se ha movilizado del plan de pago a proveedores (en torno a 8.000 millones) para saldar los impagos registrados en el primer semestre.
El plan de pago a proveedores ha servido para poner el contador a cero en los impagos acumulados por ayuntamientos y comunidades autónomas hasta el 31 de diciembre de 2011. Los municipios han saldado deudas por 9.263 millones y las regiones por otros 17.718 millones, de los que 11.530 (el 70%) corresponden al ámbito sanitario.
Sin embargo, la puesta en marcha de ese mecanismo no ha cortado la sangría de los impagos este año, tal y como ya habían advertido los proveedores. En los cajones de las comunidades se siguen acumulando facturas sin pagar. Solo en el primer semestre, la deuda sanitaria se habría incrementado en otros 3.000 millones, repartidos prácticamente a partes iguales entre Farmaindustria (patronal de los laboratorios farmacéuticos) y Fenin (representante de las empresas de tecnología sanitaria) y los retrasos en los abonos no se han reducido.
La gran mayoría de facturas emitidas durante este ejercicio no se han pagado, por lo que acumulan un retraso de 180 días, muy por encima de los 40 días fijados en la ley de Morosidad. Y ese es solo el principio, ya que fuentes empresariales dan por descontado que el plazo medio de pago a lo largo de este año se mantendrá en los mismos parámetros que el anterior, con un retraso medio de 470 días para los asociados en Fenin y de 525 para los de Farmaindustria. Si esa tendencia no se corrige, las autonomías podrían llegar a acumular este ejercicio una deuda superior a 8.500 millones de euros, de los que 6.000 pertenecerían al ámbito sanitario.
Para evitar esta situación, Farmaindustria propuso ayer al Ejecutivo que utilice el remanente de dinero que no ha utilizado del crédito sindicato firmado con las entidades financieras, en torno a 8.000 millones de euros, para saldar las deudas de este ejercicio.
De no hacerlo advierten que se volverá a acumular un gran volumen de deuda, lo que repercutirá de forma negativa en el empleo, en la actividad e incluso en la continuidad de algunas multinacionales extranjeras. De hecho, el laboratorio suizo Roche ha sido pionero en España al endurecer las condiciones de suministro a los doce hospitales más morosos, de modo que una vez que superen un umbral de deuda (que no ha hecho público) no recibirán suministro de medicamentos. La suiza Novartis también ha mostrado su preocupación ante el riesgo de que los impagos se generalicen en todas las regiones.
La situación no es mucho mejor entre los asociados de Fenin. La deuda en los cinco primeros meses del año se ha elevado a 1.391 millones de euros y con toda probabilidad se irá por encima de los 1.500 millones en el primer semestre. Los plazos de pago tampoco han mejorado y sigue habiendo retrasos generalizados. Lo que sí ha cambiado ha sido la clasificación de las comunidades más morosas. A finales de 2011, Andalucía y la Comunidad Valenciana acumulaban el 40% de los impagos, mientras que en los cinco primeros meses de este año, los dos primeros puestos los ocupan Andalucía, con 277 millones y Madrid, con 234 millones. La suma de ambas representa un 37% del total.
Tanto Fenin como Farmaindustria ya han comunicado al Ejecutivo su preocupación ante el repunte de la morosidad y le han pedido que ponga en marcha los dos mecanismos que están en su mano para tratar de evitar que dentro de no demasiado tiempo deba arbitrar otro plan a proveedores. El primero es que los plazos fijados por la Ley de Morosidad (40 para las administraciones públicas) se cumplan y para ello consideran imprescindible poner en marcha un régimen sancionador con multas de hasta 900.000 euros para quienes no los respeten. La otra sería activar los mecanismos fijados en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que establecen que una comunidad autónoma nunca podrá gastar más de lo que ingrese y no podrá asumir compromisos de pago sin contar con fondos para ello.
Hacienda repesca a 178 municipios
El Ministerio de Hacienda aprobó ayer los planes de ajuste presentados por 178 entidades locales, que finalmente también se verán beneficiados del dinero del plan de pago a proveedores.Estos ayuntamientos se vieron excluidos en la primera fase para acceder a ese mecanismo de financiación, en su gran mayoría al no poder aprobar el plan de ajuste en el pleno municipal por no contar ningún grupo con mayoría absoluta.En ese escenario, y en vista de que no se habían consumido todos los créditos comprometidos con la banca, el departamento dirigido por Cristóbal Montoro facilitó un plazo adicional a las 1.478 entidades locales que habían quedado excluidas del mecanismo de pago para que pudieran pagar sus facturas. El Gobierno les había amenazado con retener su participación en los ingresos del Estado, que ascendía a 1.296 millones de euros. Finalmente de las 1.478 entidades locales que podían participar en la repesca, solo remitieron la documentación 240, de las cuales 178 se han considerado favorables. Estos consistorios recibirán créditos por 463 millones para saldar su deuda comercial.