El recorte de organismos hace que la DGS siga bajo el ala de Economía

La supervisión independiente de seguros tendrá que esperar

Lo mejor es enemigo de lo bueno, dice la sabiduría popular. Y de esto sabe algo la industria del seguro. Esta pata del sector financiero disfruta de un supervisor propio y especializado que reconoce su idiosincrasia. Pero hay una pega: su regulador depende orgánica y presupuestariamente del Ministerio de Economía. Es decir, del Gobierno. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha incluido en su informe sobre España la necesidad de corregir "la ausencia de independencia presupuestaria y financiera del regulador de seguros". El contenido íntegro de dicho documento se conoció hace unos días, si bien sus conclusiones fueron desveladas el pasado abril.

Moncloa acata las recomendaciones pero, en la más clásica tradición hispana, no las cumple. Al menos por el momento. El borrador de la Ley de Supervisión de Seguros Privados (LSSP) reconoce a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGS) una "autonomía funcional en el ejercicio de sus funciones supervisoras". Funcional, no plena.

La nueva ley de supervisión no entrará previsiblemente en vigor hasta finales de año. En ella se especifica que "la actuación del supervisor español debe regirse exclusivamente por criterios técnicos y su independencia resulta indispensable por razones de homologación con las autoridades de otros Estados dentro del sistema europeo de supervisión financiera".

A raíz de la quiebra de Lehman Brothers, Europa ha constituido tres autoridades supervisoras para coordinar el control de las instituciones financieras en los 27 Estados miembros. Una se hace cargo de la banca (EBA, en inglés), otra de los mercados (ESMA) y la tercera de los seguros (Eiopa).

España cuenta actualmente de una arquitectura de supervisión similar a la europea al disponer del Banco de España, la CNMV y la DGS. Pero solo los dos primeros son orgánicamente independientes y previsiblemente la situación seguirá así a medio plazo porque los tiempos no acompañan. El pasado enero, la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría anunció una reducción generalizada de los organismos independientes. En este contexto de recortes, el sector da por sentado que no es viable la constitución de un regulador autónomo.

La propia Administración así lo ratifica. "La ley recoge la independencia funcional del supervisor. No tenemos sobre la mesa ningún cambio adicional en relación a la DGS", explican fuentes del Ministerio de Economía.

A las compañías de seguros tampoco les preocupa mucho la situación. Como señala un directivo del sector, "aunque formalmente depende de Economía, la DGS ya actúa de forma independiente y aplica criterios técnicos en temas como la supervisión y la intervención de entidades". La industria se siente cómoda con el statu quo y rehúsa depender de algún regulador no especializado. "No tendría sentido que nuestra supervisión se encomendara al Banco de España porque nos aplicaría modelos de solvencia propios de entidades de crédito cuando el negocio asegurador es distinto", afirma el ejecutivo. Y remata, "el modelo actual reconoce una supervisión especializada e independiente de facto. Francamente, no creo que la secretaría de Estado contradijera alguna vez a la DGS y, por ejemplo, llegase a parar la intervención de una aseguradora".

Nuevo sistema de financiación

La constitución de una DGS independiente exigiría dotar al nuevo supervisor de autonomía económica. Hoy, depende de los Presupuestos Generales del Estado. Las aseguradoras se muestran abiertas a desembolsar unas tasas.

En este campo, el anteproyecto de LSSP recoge un pequeño anticipo. El Gobierno ha impuesto unas tasas por inscripciones y certificaciones de los registros administrativos. En concreto, la solicitud de autorización administrativa llevará un gravamen del 0,2 por mil sobre el capital social hasta un pago máximo de 30.000 euros. Por inscribir o modificar los demás datos registrales de una firma se aplicará una cuota de 150 euros, mientras que la entrega de una certificación exigirá pagar 15 euros por documento.

Las cifras

15 millones de euros es el capital social exigido para entrar en vida, responsabilidad civil, caución y crédito.

4,4 millones de euros de capital son necesarios para operar en cualquier otro ramo de seguro.

30.000 euros pagarán las nuevas entidades para inscribir su autorización en la DGS.

La falta de dinero amenaza a la DGS

La supervisión no sale gratis. El Fondo Monetario Internacional (FMI) lo sabe y llama la atención sobre la necesidad de reforzar la financiación de la Dirección General de Seguros (DGS) para asegurar su eficiencia.

La dura realidad económica hace prever, a ojos del organismo internacional, que "el presupuesto del Estado se mantendrá estancado, si es que no disminuye, en el futuro próximo". Y esto afectará a la DGS, porque tampoco es previsible que aumente el peso del dinero que se le asigna desde las arcas públicas. Al problema de los ingresos se suma, de otro lado, el de los gastos. La nueva normativa internacional exige a la DGS disponer de más gente y medios tecnológicos para aplicar la regulación y coordinarse con otros países en la supervisión de multinacionales.

Por estas razones, el FMI vaticina que "la efectividad de la supervisión de la DGS podría verse seriamente perjudicada dadas las crecientes exigencias y los limitados recursos disponibles".

El organismo que dirige Flavia Rodríguez-Ponga manejó un presupuesto de 12,8 millones de euros el pasado ejercicio. Casi todo el dinero provino de las arcas públicas porque la DGS no percibe casi nada de las aseguradoras ni de los fondos de pensiones. Solo ingresa tasas por la inscripción de nuevas compañías y el dinero de las multas que impone. En 2011, logró 700.000 euros por tasas.

Para recortar gastos y aliviar la carga de trabajo, el FMI propone a la DGS externalizar el departamento de atención de reclamaciones. En él trabajan 31 personas.

Crear una aseguradora saldrá bastante más caro

Operar en el negocio asegurador será más caro cuando entre en vigor la nueva Ley de Supervisión de Seguros Privados (LSSP). El texto preparado por el organismo que encabeza Flavia Rodríguez- Ponga ha fijado en 15 millones de euros el capital social necesario para trabajar en los ramos de vida, caución y crédito, responsabilidad civil y reaseguro. Hasta ahora, había que desembolsar 9 millones por estar presente en estos segmentos. La factura ha subido un 66%.

Entrar en cualquier otro ramo exigirá un capital social de 4,4 millones de euros. Supone duplicar la cantidad necesaria actualmente para vender pólizas de accidentes, enfermedad y asistencia jurídica (2,1 millones) y una subida del 46% para el resto de líneas de negocio (3 millones) como autos, hogar, etcétera. En el sector adelantan que el impacto de las nuevos requisitos de capital será limitado porque las compañías europeas pueden desembarcar en España por medio del pasaporte comunitario si disponen de licencia en su país de origen.

Los nuevos requisitos afectarán principalmente a los grupos que quieran ampliar su campo de acción a nuevos ramos y a las compañías de nueva creación. En los últimos años han proliferado las firmas de venta directa y bancaseguros.